La Cámara de Diputados de Brasil aprobó, en una sesión marcada por tensiones y protestas, un proyecto de ley que podría disminuir de manera sustancial la condena del ex presidente Jair Bolsonaro por su participación en los episodios golpistas posteriores a las elecciones de 2022. La iniciativa recibió 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, y ahora deberá ser debatida en el Senado.
Bolsonaro, de 70 años, cumple actualmente una pena de 27 años de prisión por delitos vinculados al intento de golpe de Estado y otros cargos conexos. La reforma propuesta establece que ambas condenas —consideradas de tipificación semejante— no podrán sumarse, por lo que solo se aplicaría la pena más grave, con un máximo de 12 años de cárcel, en lugar de acumularse las sanciones previstas para cada delito.
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Además, el proyecto introduce una cláusula que permite reducir la pena hasta en dos tercios cuando el crimen sea cometido por una “multitud”, como ocurrió durante los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes del Estado en Brasilia.
Otro punto relevante es la flexibilización en la progresión del régimen de cumplimiento. Los condenados podrán pasar del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir solo una sexta parte de la pena —o una cuarta parte en casos con violencia—, lo que, según explicó el diputado y ponente del proyecto, Paulo Pereira da Silva, permitiría que Bolsonaro abandone el régimen cerrado en poco más de dos años.
La reforma beneficiaría también a altos mandos militares y ex ministros sentenciados por respaldar la intentona golpista.
El debate en el recinto estuvo atravesado por fuertes cruces. Desde el oficialismo, el diputado Lindbergh Farias (PT) denunció que la Cámara “abraza el golpismo” al avalar la reducción de penas. Mientras tanto, sectores bolsonaristas defendieron el proyecto como un acto de “reconciliación” y un intento de corregir“excesos” del Supremo Tribunal Federal.
La sesión incluso registró momentos de tensión física, como el episodio en el que el diputado de izquierda Glauber Braga ocupó el sillón de la presidencia y debió ser retirado por la fuerza, tras rechazar públicamente una “amnistía encubierta” para los responsables del 8 de enero.