Aldana Ojeda de Lucca había conseguido transformar una parte de su historia de encierro en un fenómeno de redes sociales. Desde su casa, con una tobillera electrónica y junto a sus dos hijas, comenzó a contar en TikTok cómo había sido su paso por prisión, sus vínculos dentro del penal y el proceso que, aseguraba, atravesaba para intentar reconstruir su vida.
La exposición llegó a miles de personas. Sus videos acumularon reproducciones y algunos se acercaron al millón de visualizaciones. Ese fenómeno llevó a que, en diciembre del año pasado, accediera a una entrevista con El Sol, donde habló de su pasado como jefa de una banda de asaltantes, de la condena de 12 años que recibió y de su vida en prisión. Pero aquella historia de reconstrucción terminó abruptamente hace pocos días.
El 31 de agosto, durante una audiencia realizada por la mañana en el Polo Judicial, el fiscal Gustavo Fehlmann planteó la situación de la condenada ante la jueza Alejandra Mauricio. Después de analizar los elementos incorporados al expediente, cuando saltó la alerta de la pulsera electrónica durante una salida, la magistrada decidió revocar la prisión domiciliaria.
Ojeda de Lucca quedó nuevamente alojada en el sistema penitenciario. Desde ese día se encuentra en el Centro de Alojamiento C, sector C1 de mujeres, en Almafuerte II, en Cacheuta. Y no solo quedó encerrada otra vez: una serie de imágenes con un reconocido reo la volvieron a poner en el centro de la escena criminal.
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La salida que quedó bajo la lupa
El punto central para entender la decisión judicial está en una salida que Ojeda de Lucca tenía autorizada para acompañar a una de sus hijas a un tratamiento de fonoaudiología.
La mujer cumplía la prisión domiciliaria en una casa del barrio Nebot, en Colonia Segovia, Guaymallén, bajo monitoreo electrónico mediante una pulsera. El sistema registró que el 6 de agosto salió del domicilio a las 17.49 y regresó a las 22.08.
La autorización judicial contemplaba que acompañara a su hija a un turno de fonoaudiología a las 18.30. La diferencia horaria despertó la intervención del área encargada de controlar a las personas que cumplen prisión domiciliaria.
Cuando una trabajadora social se presentó en la casa para verificar lo sucedido, Ojeda de Lucca explicó que había salido cerca de las 18 para llevar a su hija al turno y que había regresado cerca de las 21.37. Aportó incluso un certificado médico como respaldo. El problema apareció cuando se verificó directamente la información con el centro médico.
La directora del establecimiento informó que el turno de la niña, originalmente previsto para las 18.30, había sido modificado a las 14.30 a pedido de su madre. La menor, además, había concurrido acompañada por su abuela y no por Ojeda de Lucca.
El dato quedó asentado en los registros de turnos del centro médico y fue corroborado con la profesional que atendió a la niña.
La inconsistencia era concreta: la autorización judicial estaba vinculada a un turno que finalmente se había realizado varias horas antes de que Ojeda de Lucca abandonara su domicilio. El informe de control dejó constancia de esa situación.
La condenada, sin embargo, tenía otra explicación para el día que se discutió durante la audiencia. Al hacer uso de la palabra, quebrada y entre lágrimas, detallaron fuentes del caso a este diario, sostuvo que en realidad había estado participando de un bautismo de una de sus hijas y que había pasado allí toda la jornada.
Para respaldar su versión, presentó una tarjeta vinculada al acontecimiento. Pero la explicación no convenció a la jueza.
Mauricio cuestionó la veracidad de la versión entregada por Ojeda de Lucca y puso el foco en la falta de elementos objetivos que permitieran acreditar lo que había relatado.
Tampoco se presentaron fotografías del festejo que permitieran respaldar su presencia durante toda la jornada y la validez de la tarjeta presentada estuvo en duda.
La discusión, entonces, dejó de ser solamente una cuestión vinculada con los horarios de una salida.
Para la magistrada, el problema pasó a ser otro: si una persona que cumple una condena bajo una modalidad de máxima confianza puede seguir gozando del beneficio cuando existen elementos que ponen en duda su obligación de decir la verdad respecto de sus movimientos. La respuesta de Mauricio fue negativa. Y por eso revocó la domiciliaria.
Casi cuatro años detrás de los muros
El regreso a prisión significa un giro para una mujer que había construido durante los últimos meses un relato público muy diferente al que la llevó a una condena de 12 años.
Ojeda de Lucca tiene 29 años y fue condenada en febrero del 2022 luego de reconocer su participación en una organización criminal dedicada a robos violentos en el Gran Mendoza.
La banda se especializaba, entre otras maniobras, en encuentros de compra y venta de dólares pactados a través de redes sociales. La investigación sostuvo que Ojeda de Lucca tenía un papel central en la planificación de los golpes, la selección de las víctimas y la coordinación logística.
Uno de los episodios más graves fue el asalto a la casa de un policía retirado en Dorrego, Guaymallén, donde tanto el hombre como su padre resultaron heridos de bala.
La investigación determinó que Ojeda de Lucca había concurrido previamente al domicilio utilizando una identidad falsa y simulando integrar un grupo inmobiliario, con el objetivo de obtener información que facilitara el asalto.
También quedó involucrada en el robo a un comercio de indumentaria del centro mendocino, donde un grupo de delincuentes irrumpió armado y escapó luego de una persecución policial que terminó con un choque y la captura de parte de los integrantes.
En el juicio abreviado admitió los hechos acumulados en la investigación y recibió una pena de 12 años. Pasó tres años y ocho meses detenida en la penitenciaría de mujeres del complejo Almafuerte antes de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
La condenada que se convirtió en tiktoker
Cuando habló con El Sol en diciembre, Ojeda de Lucca ya tenía miles de seguidores en TikTok. No utilizaba las redes para ocultar su condena. Por el contrario, hablaba de ella, de la cárcel y de las consecuencias de haber formado parte de aquella organización.
Contó que no estaba preparada para entrar al penal y que durante los primeros años sufrió golpes, amenazas y hostigamiento de otras internas.
También relató que dentro de la cárcel tuvo una relación sentimental con otra mujer detenida, con quien llegó a casarse. Esa historia de amor, ruptura y reconstrucción se convirtió en uno de los principales contenidos de sus videos.
En aquella entrevista dijo que no buscaba victimizarse y que hablar sobre lo que había vivido la ayudaba a seguir adelante. Al mismo tiempo, estudiaba la Licenciatura en Comunicación Social en la UNCuyo, hacía pastelería y realizaba tratamiento psicológico.
La prisión domiciliaria, otorgada en abril del 2025 por el juez Sebastián Sarmiento, le permitió continuar esa vida fuera de los muros. Sin embargo, la discusión por una salida volvió a colocarla frente a la Justicia. Por lo que detallaron las fuentes del caso, la defensa apeló la resolución de Mauricio.
Y en el medio aparece el Piter
Pero hay otro elemento que vuelve más particular el nuevo capítulo judicial de Ojeda de Lucca. Se trata de Pedro Esteban Morales Anisco, alias “Piter”, uno de los internos que en los últimos años adquirió mayor poder y relevancia dentro del sistema penitenciario mendocino.
En el material que se analiza sobre ella aparecen imágenes en las que Morales Anisco y Ojeda de Lucca coinciden durante sus períodos de encierro, cuando ambos compartían espacios vinculados con estudios dentro de la cárcel. Hasta allí, las imágenes acreditan un contacto entre ambos.
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Fuentes que hablaron con este diario sostienen que la relación habría excedido una simple amistad. El detalle no pasó desapercibido, más por el pasado de ambos en el mundo delictivo.
El dato adquiere relevancia por quién es Morales Anisco y por el lugar que ocupa actualmente dentro de distintas investigaciones judiciales.
El “Piter” fue condenado a una pena unificada de 28 años y tres meses de prisión y este año quedó nuevamente en el centro de varias causas.
En mayo, fue condenado a seis años de prisión por una trama de narcotráfico que operaba dentro de Almafuerte. La investigación había reconstruido una estructura de comercialización de drogas, movimientos de dinero y comunicaciones entre internos y personas del exterior.
Pero esa no fue la única causa que lo puso bajo la lupa. Fue imputado como presunto instigador del ataque a balazos contra una niña de 11 años ocurrido en marzo en el oeste de Godoy Cruz.
La fiscalía sostuvo que el ataque podía haber sido ordenado desde el interior del penal en el marco de una disputa entre internos. Este caso está a pocos días de tener una resolución, debido a que se debe definir la prisión preventiva.
La investigación por ese episodio se sumó a otra causa federal relacionada con una presunta estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. En julio se informó, además, que Morales Anisco había sido trasladado desde Almafuerte hacia la cárcel federal.
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Es decir, cuando el nombre de Ojeda de Lucca vuelve a aparecer asociado al de Morales Anisco, ya no se trata solamente de dos personas que alguna vez estuvieron privadas de la libertad en el mismo sistema.
El contexto judicial de Morales Anisco convirtió cualquier vínculo con él en un dato que los investigadores observan con particular atención.