En un inicio de año marcado por fuertes decisiones políticas, el Gobierno nacional hará una reforma del sistema de inteligencia nacional. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días, modificará la Ley de Inteligencia con el objetivo de dotar a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de mayores atribuciones operativas, incluyendo la capacidad de participar en la detención de personas.
Los ejes centrales de la reforma
La medida busca, según fuentes oficiales, “modernizar el sistema de seguridad nacional” y agilizar la respuesta ante amenazas críticas. Entre los cambios más significativos que introduce el decreto se encuentran:
- Poder de detención: a diferencia del esquema anterior, donde la SIDE tenía funciones estrictamente de recolección de información y análisis, ahora podrá actuar de manera directa en detenciones, siempre que exista una orden judicial previa.
- Ampliación de facultades: el decreto otorga a los agentes de inteligencia una mayor autonomía en tareas de campo, permitiendo una colaboración más estrecha con las fuerzas de seguridad tradicionales en delitos complejos como el narcotráfico y el terrorismo.
- Reestructuración operativa: se introducen cambios en la estructura jerárquica de la SIDE para centralizar la toma de decisiones y acelerar el flujo de información hacia el Poder Ejecutivo.
Un cambio de paradigma en la Seguridad
Esta reforma representa un giro importante en la doctrina de inteligencia de las últimas décadas. Desde la vuelta de la democracia, las sucesivas leyes habían intentado separar las tareas de “inteligencia” de las de “seguridad ciudadana” para evitar abusos de poder.
Sin embargo, desde el entorno presidencial sostienen que el contexto internacional y la sofisticación del crimen organizado exigen una SIDE “con dientes”, capaz de operar en el terreno y no solo en oficinas.
Reacciones y polémica
Como era de esperar, la reforma en ciernes despertó reacciones inmediatas. Sectores de la oposición y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran un “exceso de facultades” que podría derivar en falta de control sobre los organismos de inteligencia.
Por otro lado, especialistas en seguridad destacan que, de implementarse con los controles judiciales adecuados, esta medida podría resolver la falta de coordinación que muchas veces impide el éxito en causas de alta complejidad.
¿Qué pasará ahora? El DNU deberá pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en el Congreso, donde se definirá si la reforma queda firme o si enfrenta obstáculos legales por parte de la oposición.
Con información de Clarín e Infobae.