A días de que se cumpla un año desde que el cuerpo del informante policial y ex despachante de aduana Diego Alfredo Aliaga (51) fue hallado sin vida tras varias semanas de búsqueda, el principal acusado por el secuestro seguido de homicidio recibió un nuevo revés judicial respecto de que la causa abandone la Justicia federal y pase al fuero provincial.
Se trata de Diego Barrera (51), imputado junto con su esposa, Bibiana Sacolle, y sus hijastros, Lucas y Gastón Curi, por el hecho de sangre.
En las últimas horas, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo –quien se encontraba de turno la semana que desapareció Aliaga– rechazó el recurso positivo de competencia que había planteado la defensa de Barrera. Básicamente, le solicitaban a la representante del Ministerio Público que le reclame a la Justicia federal el expediente del caso Aliaga.
El pedido llegó semanas después de que el fiscal Fernando Alcaraz dio por terminada la investigación por el secuestro y asesinato de Aliaga. Si bien Lazo le solicitó informes a su par del fuero federal para conocer el estado de la causa, finalmente, decidió no hacer lugar al pedido de los abogados de Barrera.
Pero, los letrados se habían anticipado a esa situación, ya que en el escrito presentado ante Lazo también interpusieron, en subsidio, un incidente de inhibitoria. A través del mismo, debido a la negativa de la fiscal, deberá ser un juez penal colegiado el que resuelva el conflicto de competencia, explicaron fuentes judiciales.
De esa manera, se espera que, en los próximos días, un magistrado de primera instancia, de la Justicia provincial, se expida con respecto a la presentación realizada por Barrera a través de sus abogados.
Para esto, los representantes del presunto autor del secuestro y crimen de Aliaga se basan en la declaración de incompetencia que realizó el juez federal del caso, Marcelo Garnica, días después del hallazgo del cadáver de la víctima.
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En esa ocasión, el magistrado sostuvo que el caso debía pasar a la órbita de la Justicia local, debido a que no cumplía con ciertos requisitos jurídicos para que la causa se mantuviera en el fuero federal. En pocas palabras, cuestionaba la existencia de un secuestro extorsivo y coactivo en el hecho.
En ese momento, la causa estuvo a punto de pasar a la Justicia provincial, pero Alcaraz apeló y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le hizo lugar a su pedido. Frente a eso, la defensa de Barrera insistió e interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que aún está pendiente de definición.
Los insistentes pedidos de los abogados ocurren en el marco de la investigación de la megacausa contra el juez Walter Bento, quien se encuentra procesado como jefe de una presunta asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios a imputados en causas federales y en la que Barrera se transformó en uno de los testigos clave.
El caso
Diego Aliaga desapareció el martes 28 de julio del año pasado tras encontrarse con su socio y amigo Diego Barrera, en una casa de Rodeo de la Cruz, Guaymallén.
Horas después, el hermano de Aliaga recibió un llamado y le pidieron un millón de dólares para liberarlo.
La investigación sostiene que la víctima fue llevada a un galpón de Barrera, en la Cuarta Sección, donde guardaba vehículos de su empresa de transportes.
Allí le habrían quitado la vida a Aliaga y luego su cuerpo fue descartado con la ayuda de un empleado, identificado como Yamil Rosales, quien también está acusado en la causa.
Tras varios días de intensa búsqueda, tareas de investigación y rastrillajes, el cuerpo de Aliaga fue hallado el jueves 10 de setiembre, enterrado en un descampado de Costa de Araujo, Lavalle.