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3 de agosto de 2021
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La "batalla" en los Tribunales

La Justicia provincial deberá resolver si investiga el asesinato de Diego Aliaga

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Diego Aliaga fue asesinado hace poco más de un año.

La defensa de Diego Barrera presentó un conflicto positivo de competencia. Y será la fiscal Andrea Lazo la que definirá. Podría llegar a jueces provinciales.

Este lunes se cumplió un año de la detención de Diego Barrera por el secuestro seguido de asesinato del ex despachante de aduanas Diego Aliaga (51), el nexo o facilitador de la presunta asociación ilícita que tenía como máximo exponente al juez Walter Bento.

La mujer del principal sospechoso, Bibiana Sacolle, y sus hijastros Lucas y Gastón Curi, también pasas sus días en la cárcel por presunta participación en el hecho de sangre, considerado el más impactante de los últimos años en Mendoza por quiénes son los protagonistas.

La investigación federal liderada por el fiscal Fernando Alcaraz terminó hace poco más de un mes pero todavía falta un largo camino procesal por recorrer. Las “batallas” judiciales están lejos de culminar tanto en los Tribunales federales como provinciales.

Ver también: Otra explosiva declaración de Barrera: metió en escena coimas en causas narco

En las últimas horas, trascendió que la defensa de Barrera, representada por Antonio y Gabriel Carrizo, le tiró la pelota a la Fiscalía de Homicidios de la Justicia ordinaria al plantear un recurso positivo de competencia: básicamente, le pidió a la fiscal Andrea Lazo, de turno cuando ocurrió el asesinato de Aliaga, que reclame la causa a su par federal con el único fin de “instruir e investigar” el hecho denunciado en el expediente 12062/2020, es decir, el homicidio de Aliaga.

En subsidio, los representantes legales de Barrera interpusieron un incidente de inhibitoria para que, en caso de un rechazo formal de Lazo, sea un juez de primera instancia de turno en Mendoza el que declare la competente de los Tribunales locales.

“Es decir el conflicto de competencia resulta ser no solo entre Jueces de Instrucción (Justicia federal) y de Garantía (Justicia Ordinaria de Pcia de Mendoza), sino también entre los Fiscales de Instrucción de ambos Fueros, ambos como titulares de la acción penal”, señala el escrito al que accedió El Sol.

En los próximos días, la fiscal Lazo (que ya solicitó informes a su par Fernando Alcaraz para conocer en qué estado se encuentra la causa, detallaron fuentes judiciales), deberá resolver el escrito de Barrera. Un llamado incómodo para la fiscalía, ya que fue actor que siempre miró de reojo el avance de la instrucción.

Todo justo cuando Barrera se transformó en las últimas semanas en uno de los protagonistas de la megacausa que tiene al juez Bento como presunto jefe de una asociación ilícita al declarar y comprometerlo con los hechos de corrupción y pedido de coimas para presuntamente beneficiar a ciertos detenidos.

La presentación de la defensa Barrera está basada en que, el 22 de setiembre del año pasado, cuando habían pasado 11 días del hallazgo del cadáver de Aliaga en un descampado de Costa de Araujo, en Lavalle, el juez federal del caso, Marcelo Garnica, se declaró incompetente de continuar en las actuaciones.

Para el magistrado federal, el caso debía ser instruído por la Justicia ordinaria porque no se cumplían ciertos requisitos jurídicos para que la causa continúe en los Tribunales de calle España y Pedro Molina.

Fundamentalmente, Garnica se basó para decretar la incompetencia federal del caso Aliaga en la doctrina de la Corte Suprema de la Nación (causas Izquierdo del 2019 y Cabrera, del 2020), en lo que respecta al delito de secuestro extorsivo y coactivo, es decir, que era necesario una afectación directa o indirecta a la Seguridad del Estado Nacional o sus instituciones, la existencia de una organización delictiva destinada a cometer en forma sistemática secuestros extorsivos, multiplicidad de ilícitos cometidos en distintas jurisdicciones o la partipación de miembros de fuerzas de seguridad.

Ver también: Terminó la investigación por el asesinato de Diego Aliaga

El caso Aliaga, para Garnica, no reunía ninguna de estas condiciones. Y en eso se apoyó la defensa para el nuevo planteo. Si bien Alcaraz apeló y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le dio la razón al entender que la resolución de Garnica era “prematura”, esta situación encuentra “abierta” en el fuero federal, debido a que la defensa interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación luego de que Casación Penal rechazada la segunda apelación.

Barrera y sus letrados entendieron que la competencia se encuentra “seriamente controvertida” y no existe una resolución firme para que haya resuelto a favor del fuero federal. De esta forma, se espera que en los próximos días la fiscal Lazo de a conocer su postura con respecto a la competencia.

Pero desde ya, tal como revelaron fuentes judiciales federal y provinciales consultadas por este diario, “ahora la pelota la tiene la titular de la Fiscalía de Instrucción Nº21 de Mendoza”.

Conmocionante

El informante policial y ex despachante de aduanas Diego Aliaga desapareció el martes 28 de julio cuando se encontró con su socio y amigo Diego Barrera en una casa de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén.

Ambos habían pasado la noche y la madrugada de ese día en la casa de la víctima en el barrio Palmares de Godoy Cruz y pactaron encontrarse horas después en la señalada propiedad, porque allí estaban desarrollando un proyecto para potenciar una residencia para discapacitados. Algo sucedió en ese domicilio y Aliaga desapareció.

Ver también: Ojos vendados y boca tapada: así fue la muerte del empresario Aliaga

A las pocas horas, el hermano de Aliaga recibió un llamado y aseguró que le pidieron un millón de dólares a cambio de volver a verlo. Sin embargo, los detectives creen que se trató de un engaño para ganar tiempo y despistar a todo el entorno.

La víctima habría sido llevada primero a un galpón de Barrera (era dueño de un empresa de transportes) en calle Jujuy de Ciudad y luego su cuerpo descartado en Lavalle con la ayuda de un empleado identificado como Yamil Rosales.

El lunes de 3 de agosto, casi una semana después de la denuncia, Barrera y su familia fueron detenidos en el su casa del barrio Dalvian. El fiscal Alcaraz entendió que todos tuvieron algún grado de participación en el homicidio. Los imputó y envió en la cárcel.

Con el paso de los días –y gracias a la confesión de Rosales–, los detectives dieron con el cuerpo enterrado de Aliaga y todos terminaron procesados y con prisión preventiva. Hace poco más de un mes, Alcaraz dio por terminada la instrucción, a pesar de que todavía restan definir más de 40 planteos de la defensa.

Ver también: Bentogate: Diego Barrera pidió domiciliaria y protección para toda su familia

Mientras esa causa avanzaba, en la fiscalía general de Dante Venga crecía “otro monstruo” judicial: la causa contra el juez Federal Walter Bento. Justamente, Aliaga está identificado como el hombre de confianza del juez a la hora de cobrar sobornos para beneficiar a detenidos por causas de contrabando.

En el combo habían abogados y otros malvivientes. Todos en la misma bolsa.

Barrera se transformó en uno de los testigos más importantes de esa causa, por su relación cercana con Aliaga. Declaró varias veces y comprometió a casi todos los protagonistas.

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