Uno de los grupos querellantes en la megacausa que investiga a los hermanos Caroglio por estafas con criptomonedas y asociación ilícita se opuso formalmente este martes al acuerdo de reparación integral que las defensas presentaron la semana pasada ante la fiscalía.
El planteo fue realizado por el abogado Francisco Machuca, representante de trece víctimas -de un total de 140-, quien consideró que la propuesta “no garantiza el resarcimiento pleno” y podría incluso “favorecer una maniobra de lavado de activos”.
El rechazo se suma al debate judicial abierto luego de que los abogados defensores de los hermanos Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio –junto con el resto de los imputados– presentaran formalmente el viernes una propuesta que contempla pagos en dólares, la venta de un inmueble embargado y la utilización de fondos secuestrados en la causa.
Según informaron, ya se alcanzaron acuerdos individuales con casi todos los abogados querellantes y se hicieron ofertas a decenas de víctimas sin representación legal.
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Machuca fue el único querellante que no adhirió a la propuesta y pidió expresamente a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos que rechace el convenio “en las actuales condiciones”.
En el escrito, el letrado cuestionó que algunos montos ofrecidos son inferiores a la mitad del perjuicio económico sufrido por las víctimas y alertó que el pago depende de la venta de un bien cuya concreción “no está garantizada”.
Además, recordó que los acusados ya incumplieron acuerdos previos con varios denunciantes, lo que derivó en nuevas denuncias penales. Por eso, el abogado advirtió sobre la falta de garantías reales y calificó como “ilógico” que se le exija al Ministerio Público, en este caso a la fiscal Gabriela García Cobos, tramitar el levantamiento del embargo del inmueble ofrecido, siendo una medida impuesta por el propio Poder Judicial.
Uno de los puntos más sensibles del escrito al que accedió El Sol es el señalamiento sobre la posible existencia de maniobras de blanqueo de dinero. Machuca argumentó que, como las víctimas no son parte del acuerdo de compraventa entre los imputados y un tercero desconocido, dar el visto bueno en este contexto –sin trazabilidad de los fondos– podría ponerlas en una situación de “eventual colaboración” en un posible hecho de lavado de activos.
La causa Caroglio reúne más de 140 denuncias por presuntas estafas con criptomonedas cometidas a través de las firmas “Crypto Country” y “We Are Capital”, que ofrecían inversiones vinculadas al metaverso y otros servicios financieros. La investigación sostiene que los acusados integraban una asociación ilícita y que usaron esas plataformas para desplegar una estructura piramidal.
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Luego de ambas presentaciones, la fiscalía deberá evaluar si el acuerdo cumple con los criterios de reparación integral establecidos por el Código Procesal Penal. De aceptarlo y concretarse los pagos, las defensas pedirán el sobreseimiento total de sus representados.
En caso contrario, el proceso continuará su tránsito en la Justicia: el expediente fue elevado a juicio y hace pocos días se extendió el plazo de vencimiento de la prisión preventiva por otros seis meses, debido a que los citados hermanos se encuentran detenidos y podría recuperar la libertad.