Los abogados defensores de los hermanos Caroglio y otros imputados por estafas con criptomonedas y asociación ilícita presentaron el viernes ante la Justicia un acuerdo de reparación integral con decenas de víctimas que, de ser aceptado, podría derivar en el sobreseimiento de los acusados. El planteo incluye pagos en dólares, venta de un inmueble embargado y la utilización de fondos secuestrados durante la investigación.
Según consta en el escrito presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos por el abogado Facundo Martearena y otros colegas, en representación de los imputados y luego del acuerdo con el resto de los letrados -salvo Francisco Machuca, que no acordó con sus pares-, las defensas lograron pactos individuales con más de 20 querellantes particulares y presentaron ofertas formales a decenas de damnificados sin representación legal. En total, son 140 denunciantes.
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En todos los casos, se ofreció una compensación económica a cambio de que las víctimas renuncien a continuar con acciones penales y civiles. El monto total podría alcanzar el medio millón de dólares, detallaron fuentes del caso a El Sol.
Para un tercer grupo, compuesto por quienes invirtieron a través de las plataformas “Crypto Country” y “We Are Capital”, se propuso un reintegro del 50 por ciento del monto invertido, condicionado a la presentación de contratos y documentación certificada por escribano. Esta propuesta apunta a reducir el universo de víctimas que podrían sostener la acusación.
Las defensas pidieron a la fiscalía que gestione el levantamiento del embargo sobre un inmueble ubicado en Luján de Cuyo, propiedad de Daniel Caroglio, padre de los principales sospechosos, que sería vendido para fondear parte de la reparación. También se solicitó la apertura de una cuenta bancaria oficial donde se depositarán tanto lo recaudado por esa operación como el dinero ya secuestrado en la causa.
En la cláusula final, los defensores indicaron que si en un plazo de 20 días hábiles no se concreta la reparación económica por causas atribuibles a los acusados, las víctimas podrán revocar los acuerdos y continuar con las acciones judiciales. En caso contrario, solicitarán el sobreseimiento total de sus representados.
Luego de la presentación, la propuesta comenzó a ser analizada por el Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar la viabilidad del convenio en función de la ley procesal penal vigente y los derechos de las víctimas.
La causa tiene como principales imputados a los tres hermanos Giovanni, Genaro, Gitanjalil Caroglio, y a su padre Daniel, entre otros, por presunta estafa y asociación ilícita.
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Las investigaciones nacieron hace más de dos años luego de denuncias por presuntas estafas con criptomonedas. El caso sostiene que todos formaban parte de una estructura que operaba mediante las firmas Cripto Country y We Are Capital, a través de las cuales ofrecían terrenos digitales en el metaverso y servicios de inversión con criptomonedas.
De acuerdo con la investigación, muchas de estas operaciones habrían sido utilizadas para concretar maniobras fraudulentas contra clientes.