El enfermero allanado deberá responder ante el Ministerio Público.

La maniobra que puso el ojo en un presunto fraude en el sistema de vacunación tiene, por ahora, dos protagonistas bajo la lupa: un enfermero y una enfermera que trabajaban en el Centro de Salud N° 22 de El Pastal, en Las Heras. Ninguno había sido imputado hasta la tarde de este jueves, pero la investigación penal en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos avanzaba sobre ellos por el presunto delito de cohecho pasivo, en un expediente que acumulaba pruebas documentales, audios certificados y una serie de allanamientos con resultados positivos, tal como reveló este diario. Ambos terminaron apartados de sus funciones.

El principal apuntado es un hombre de 55 años, con domicilio en la zona de El Pastal, a pocos metros del propio centro de salud donde prestaba funciones. Casado y con años de experiencia en el sistema sanitario, quedó en el centro de la escena luego de que una denuncia presentada la semana pasada y posterior investigación detectara que habría cargado vacunas en sistemas oficiales sin haberlas aplicado.

La sospecha es que lo hacía a cambio de dinero o cobro de coimas, en un circuito que incluía a familias identificadas como antivacunas que buscaban “regularizar” la situación de sus hijos sin pasar por el vacunatorio. Esos sobornos serían de más de 270 pesos iniciales y luego un “extra” por cada dosis.

Junto a él aparece una enfermera de 43 años, domiciliada en el departamento de Lavalle, en el barrio Armonía de los Jarilleros. Para los pesquisas, su rol no era secundario: también habría participado en la carga de datos falsos en los sistemas sanitarios y en la operatoria que permitió sostener la maniobra en el tiempo.

Ambos compartían espacio de trabajo en el mismo efector y, según surge del expediente, incluso utilizaban escritorios comunes dentro del centro de salud.

El caso comenzó a tomar forma a partir de inconsistencias detectadas en el Sur provincial (precisamente en San Rafael), cuando un médico pediátra advirtió que varios menores figuraban con calendarios de vacunación completos, pero sin respaldo clínico. Todos tenían un denominador común: las cargas se habían realizado en El Pastal, pese a que residían en San Rafael, Valle de Uco o Luján de Cuyo.

A partir de esa alerta, hubo una denuncia que fue recepcionada por el fiscal Juan Gabriel Ticheli y la División Delitos Económicos de la Policía de Mendoza inició un trabajo fino de reconstrucción.

Los detectives no solo analizaron los registros del sistema de inmunizaciones, sino que avanzaron sobre la individualización de los sospechosos. Utilizaron bases de datos oficiales, verificaron números telefónicos, cruzaron domicilios y hasta realizaron averiguaciones en el terreno para confirmar los lugares de residencia.

En el caso del enfermero, lograron establecer con precisión su domicilio en El Pastal, describiendo incluso características de la casa de calle Puebla y el vehículo que utilizaba, un Fiat Siena.

También confirmaron su lugar de trabajo, a 200 metros de su hogar y los horarios que realizaba. Con esos datos, elevaron un informe detallado al fiscal Ticheli, no solo solicitando allanamientos en su casa, sino también en el centro de salud, el vehículo y espacios personales dentro del efector.

En paralelo, avanzaron sobre la enfermera. A través del sistema informático policial y tareas de campo, confirmaron que residía en Lavalle. Vecinos de la zona validaron su presencia en el domicilio del barrio Armonía de los Jarilleros, lo que permitió completar el mapa de ubicaciones clave para la instrucción.

Con toda esa información, la fiscalía pidió una batería de medidas con un objetivo concreto: secuestrar elementos que permitieran probar la maniobra. Entre ellos, sellos de profesionales, carnets de vacunación, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a la actividad sanitaria. Incluso se recomendó el uso de cámaras corporales para registrar cada procedimiento y preservar la cadena de custodia.

Los allanamientos se ejecutaron este miércoles por la mañana, en los distintos puntos citados de Las Heras y Lavalle. Uno de los procedimientos se realizó en el propio centro de salud, donde los efectivos ingresaron sin necesidad de forzar accesos.

Allí secuestraron sellos oficiales -incluido uno con la leyenda “Vacunado Centro de Salud Las Heras”-, un sello automático con datos del enfermero investigado, un teléfono celular y documentación. “Todo el material está apto para el cotejo”, describió una alta fuente de la causa.

Pero el resultado más significativo apareció en el domicilio del hombre. Los investigadores encontraron una CPU, dispositivos de almacenamiento como pendrives y tarjetas de memoria, varios teléfonos celulares, recetarios y una caja con cerca de 160 certificados de vacunación, algunos ya completados. También incautaron sellos de distintos profesionales de la salud, certificados médicos y documentación que también será peritada.

El auto del sospechoso tampoco quedó afuera. En su interior había múltiples sellos -algunos con nombres de médicos y centros de salud-, certificados de vacunación, recetarios y formularios con intervenciones de distintos profesionales, lo que abrió la puerta a una posible operatoria más amplia.

En el domicilio vinculado a la enfermera, en Lavalle, el panorama fue similar: secuestraron teléfonos celulares, una CPU y recetarios, algunos con sellos médicos, además de documentación que podría estar relacionada con el expediente.

A pesar del volumen de prueba reunida, no hubo detenciones, por eso las identidades están preservadas. La causa continuará en etapa investigativa y se esperan nuevas medidas en los próximos días.

Por lo que detallaron las fuentes, el foco está puesto en el análisis de los dispositivos secuestrados, que podrían revelar la cantidad de personas que accedieron al denominado “Plan B”, el circuito del dinero y el grado de participación de cada uno.