Treinta y cinco años después de la desaparición de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, la Justicia federal de Mendoza está más cerca de llevar a juicio a los responsables. El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Fernando Alcaraz y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Alberto Gentili, pidieron la elevación a juicio oral contra 16 exintegrantes de la Policía de Mendoza, acusados de haber participado en el secuestro y desaparición de los dos hombres en 1990. El expediente, que marcó un precedente internacional, fue el primero ocurrido en democracia que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pedido de juicio fue presentado ante el Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara los procesamientos y prisiones preventivas dictadas en agosto del año pasado.
El tribunal entendió que existen elementos suficientes para considerar acreditada la participación de los acusados en los hechos investigados, en el marco del delito de desaparición forzada de personas previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.
Cómo reconstruyeron el caso Garrido-Baigorria y quiénes son los policías detenidos
El primer caso de desaparición forzada de Mendoza y el país siete años después del retorno de la democracia. Se inició entre las 15 y las 16 del 28 de abril de 1990 en la rotonda Monseñor Orzali del Parque General…
Los 16 exagentes imputados son Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera y Jacinto Salvador Olmedo. Todos ellos fueron señalados como posibles coautores del operativo policial que derivó en la desaparición de Garrido y Baigorria.
El caso se remonta al 28 de abril de 1990, cuando los dos hombres fueron interceptados por una patrulla policial mientras circulaban en un Fiat 1500 rural por la rotonda de Monseñor Orzali, en el Parque General San Martín. Testigos los vieron con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, donde además se los observó golpeados. Desde entonces, no se supo nada más de ellos.
Durante años, la causa estuvo estancada en la justicia provincial bajo la carátula de “averiguación de paradero”. Recién a fines de 2017 pasó al fuero federal, que la consideró como desaparición forzada de personas. En 2018, el juez Garnica delegó la investigación en el fiscal Alcaraz, quien inició una revisión integral del expediente y reactivó las líneas de investigación con nuevas pericias y testimonios.
La fiscalía analizó más de 150 declaraciones y los registros policiales de la época, además de la documentación aportada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996. De ese proceso surgieron alrededor de 40 testimonios de relevancia, que fueron ratificados o ampliados en los últimos años. Pese al paso del tiempo y las dificultades para ubicar a testigos, la reconstrucción judicial logró consolidar la hipótesis de responsabilidad institucional.
La investigación también incorporó un enfoque de acompañamiento a los familiares de las víctimas, quienes durante décadas sostuvieron el reclamo de justicia. Con intervención de la Dirección de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), se realizaron más de 270 intervenciones y se garantizó la participación activa de los allegados de Garrido y Baigorria. Para ellos, este avance judicial significa una reparación simbólica largamente esperada.
Un reconocido penalista español se metió en el caso Garrido-Baigorria
La defensa del ex subcomisario Felipe Gerardo Machuca, uno de los 21 procesados por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en Mendoza en 1990, presentó reciénteme un informe jurídico firmado por el catedrático español Ramón Ragués Vallès. El…
El caso tiene proyección internacional desde 1996, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad y ordenó investigar a los autores materiales. Sin embargo, los cuerpos de las víctimas nunca fueron hallados.
El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de cinco millones de pesos por datos sobre su paradero. El futuro juicio, más de tres décadas después, representa la oportunidad de cerrar una deuda pendiente del Estado con la verdad y la memoria.