La defensa del ex subcomisario Felipe Gerardo Machuca, uno de los 21 procesados por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en Mendoza en 1990, presentó reciénteme un informe jurídico firmado por el catedrático español Ramón Ragués Vallès. El experto en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con autoría de numerosos libros e investigaciones, alertó sobre la argumentación judicial que sostiene la coautoría de Machuca en el crimen.
El documento, entregado ante el Juzgado Federal Nº 3, cargo de Marcelo Garnica, fue elaborado a pedido de la defensa representada por Gemina Venier y analiza punto por punto las resoluciones dictadas en el expediente, iniciado tras la reactivación del caso en 2023 por impulso del fiscal Fernando Alcaraz. La desaparición de Garrido y Baigorria es considerada la primera forzada ocurrida en democracia en Mendoza y la Argentina.
Según la acusación, los dos hombres fueron interceptados por policías de la Compañía Motorizada mientras circulaban por el Parque General San Martín, trasladados primero a la Comisaría Quinta y luego ilegalmente alojados en la Dirección de Investigaciones, donde habrían sido torturados. Nunca se hallaron sus cuerpos. Machuca era por entonces el subcomisario a cargo de la Motorizada.
El informe técnico
En más de 40 páginas, el penalista Ragués desarma el razonamiento con el que la fiscalía atribuyó a Machuca la calidad de coautor del delito de desaparición forzada. Sostiene que la responsabilidad penal no puede apoyarse en “indicios vagos” ni en presunciones sin respaldo probatorio. “No se concreta en qué habrían consistido las ‘tratativas’ entre Machuca y sus subordinados ni se señala qué conducta activa u omisiva puede atribuírsele directamente”, afirma.
El informe destaca que no hay evidencia de que Machuca haya ordenado la detención ni que haya participado en ella. Tampoco se acreditó que redactara la anotación falsa en el libro de novedades de la Motorizada, donde se consignó que el Fiat 1500 en el que se movilizaban las víctimas fue hallado abandonado, omitiendo la aprehensión.
Una de las claves del análisis de Ragués está en delimitar si Machuca puede ser considerado autor del delito o, en todo caso, partícipe secundario. “La coautoría requiere que quien sea imputado haya tomado parte en la privación de libertad -por acción u omisión- y que haya existido un acuerdo previo o al menos una ratificación del plan delictivo”, explicó el jurista, que ha sido magistrado y es uno de los mayores especialistas en imputación subjetiva en Europa.
Ragués remarca que, incluso admitiendo la tesis fiscal, el excomisario no habría intervenido en la fase inicial de privación de libertad, sino solo en forma posterior, y de manera indirecta, a través de una presunta “aprobación” del relato falseado. Esa actuación, si existió, encajaría más en una figura de encubrimiento o participación ex post, no en una coautoría.
Cómo reconstruyeron el caso Garrido-Baigorria y quiénes son los policías detenidos
El primer caso de desaparición forzada de Mendoza y el país siete años después del retorno de la democracia. Se inició entre las 15 y las 16 del 28 de abril de 1990 en la rotonda Monseñor Orzali del Parque General…
Además, advirtió que el Ministerio Público utiliza de forma incorrecta la figura de la “coautoría sucesiva”, una noción doctrinal que exige que el imputado se adhiera con conocimiento al plan delictivo iniciado por otros. En este caso, aseguró, ni siquiera está probado que existiera un acuerdo delictivo entre los policías de la Motorizada y los de Investigaciones que terminaron teniendo bajo custodia a las víctimas durante varios días.
El penalista también se apoya en declaraciones de testigos y registros funcionales para subrayar que Machuca tenía a su cargo tareas administrativas y que no supervisaba directamente los procedimientos callejeros. Según su defensa, en la cadena jerárquica había al menos cuatro oficiales con responsabilidad operativa antes que él.
Incluso, señala que los detenidos ni siquiera pasaron por la sede de la Compañía Motorizada antes de ser llevados a la Comisaría 5ª, que era la dependencia con jurisdicción en la zona. “No consta un solo dato (en el expediente) que permita afirmar que mientras estuvieron bajo custodia de la División Motorizada, los derechos de las víctimas fueron agredidos”, apunta el dictamen.
El juez federal Marcelo Garnica y la Cámara Federal de Mendoza confirmaron el procesamiento del exsubcomisario. Coinciden en que, por su jerarquía, Machuca no podía desconocer la detención y que su rol fue clave en el encubrimiento institucional.
Un caso con impacto internacional
La desaparición de Garrido y Baigorria derivó en una histórica condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino en 1998. El caso volvió a activarse tres décadas después con una investigación profunda que implicó más de 160 testimoniales y culminó en 2023 con una serie de detenciones resonantes, entre ellas la de Machuca.
Además, quedaron detenidos inicialmente Miguel Ángel Barahona, Oscar Orlando Giuliano, Miguel Ángel Muñoz, Lucio Omar Sosa, Jorge Aníbal Flores, Néstor Ramón Falcón, Sergio Oscar Barrera, Francisco Edgardo Bullones, Alberto Narciso Gordillo, Rolando Antonio Olarte, Juan Carlos Sarandón, José Alberto Vega, Samuel Morales Valladares, Jacinto Salvador Olmedo, Santos José Agüero, Manuel Antonio Nañez, Ángel Gustavo Bastías, Rubén Mauricio Funes Gianuzo y Norberto Mercado.
A uno de ellos, Agüero, le dictaron la falta de mérito (todavía no ha sido sobreseído) debido a que se trataba de una persona homónima que no estaba relacionada con el caso.
De acuerdo con información a la que accedió este diario, la causa se encuentra en una etapa clave: con los procesamientos confirmados, el fiscal federal deberá resolver próximamente si eleva el expediente a juicio. Las fuentes agregaron que el informe, de Ragués generó un nuevo ángulo jurídico a un caso que combina historia, deuda institucional y reclamos de justicia.