El primer caso de desaparición forzada de Mendoza y el país siete años después del retorno de la democracia. Se inició entre las 15 y las 16 del 28 de abril de 1990 en la rotonda Monseñor Orzali del Parque General San Martín de Capital y terminó en un lugar incierto (probablemente el pedemente), con dos hombres que habrían sido torturados en un edificio histórico de la Policía de Mendoza y cuyos cuerpos jamás fueron hallados.
Lo que sí pudo comprobar el fiscal federal Fernando Alcaraz durante una instrucción delegada que se desarrolló durante los últimos siete años, es que Adolfo Argentino Garrido conducía el día citado por el llamado pulmón verde de la provincia un Fiat rural 1500 azul patente B099827 modelo 1967 y lo acompañaba su amigo Raúl Baigorria. El objetivo era llegar hasta Godoy Cruz, a donde estaban domiciliados. Sin embargo, nunca llegaron a destino: fueron interceptados por policías locales a escasos metros de la Escuela Hogar Eva Perón que realizaban tareas en la zona en la patrulla 575 de la Compañía Motorizada de Mendoza.
Se cree que las víctimas fueron obligadas a descender y luego llevadas hasta la Comisaría Quinta como primer lugar de alojamiento. Luego se decidió su trasladado a la Dirección de Investigaciones y allí permanecieron alojadas ilegalmente.
El representante del Ministerio Público, después de tomar más de 160 testimoniales y analizar los libros de novedades de las dependencias en las que estuvieron ambos hombres (entre otras pruebas documentales), entendió que fueron torturados y asesinados por miembros de la fuerza para luego deshacerse de los cadáveres en un punto desconocido del Gran Mendoza.
Para Alcaraz -y el juez Marcelo Garnica, quien supervisó y resolvió una serie de medidas en la pesquisa- no sólo la Policía estuvo involucrada en la desaparición de Garrido y Baigorria: los jueces que instruyeron la causa luego de la denuncia de la familia, Enrique Antonio Jesús Knoll Alberti y Adelmo Argüero (ambos jubilados) fueron “selectivos en las medidas de prueba efectuadas y permitieron conformar comisiones policiales con los policías de la Dirección de Investigaciones que estaban sospechados y convalidaron los requerimientos que estos solicitaban”.
No solamente eso, la nueva pesquisa federal señala que escogieron las testimoniales que tomaron y permitieron, muchas veces, que se hicieran “bajo amedrentamiento de los testigos”.
Este miércoles por la mañana, la causa presentó avances de importancia. El fiscal Alcaraz había solicitado el año pasado las detenciones de 22 sospechosos luego de los trabajos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), entre ellos ex magistrados, y 21 quedaron tras las rejas luego de 25 allanamientos que lideró la Gendarmería Nacional. Los mismos fueron en domicilios de Ciudad y los departamentos de San Martín, Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, Junín, Guaymallén y Luján. .
Todos fueron acusados como coautores por privación ilegítima de la libertad y algunos obtuvieron a las pocas horas beneficios como la detención domiciliaria por su avanzada edad. En la causa también existen efectivos NN que habrían participado de los hechos o identificados sólo con un apellido –como es el caso del agente Palacio, de quien no se obtuvieron más datos que esos- y otros que fallecieron. Otros dos quedaron con pedido de captura internacional, debido a que no residen en la Argentina.
El Sol accedió a la lista de los policías sospechados que tiene la instrucción de Alcaraz. Se trata de Miguel Ángel Barahona, Oscar Orlando Giuliano, Miguel Ángel Muñoz, Lucio Omar Sosa, Jorge Aníbal Flores, Néstor Ramón Falcón, Sergio Oscar Barrera, Francisco Edgardo Bullones, Alberto Narciso Gordillo, Rolando Antonio Olarte, Juan Carlos Sarandón, José Alberto Vega, Samuel Morales Valladares, Jacinto Salvador Olmedo, Santos José Agüero, Manuel Antonio Nañez, Ángel Gustavo Bastías, Rubén Mauricio Funes Gianuzo y Norberto Mercado.
Durante las medidas en las viviendas y autos particulares de los acusados, además de las detenciones, se ordenó el secuestro de documentación que pueda estar relacionadas sobre los hechos ocurridos en calle época, principalmente entre los años 1990 y 1996.
Una vez reunidas las pruebas, es más que probable que el juez de la causa resuelva los procesamientos con prisión preventiva, debido a que la mayoría de la prueba ya fue analizada por el magistrado.
Detuvieron a ex magistrados y policías por la desaparición de Garrido y Baigorria
La Justicia Federal detuvo este miércoles a 21 personas, entre ellas un ex juez y un ex fiscal, por las desapariciones forzadas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurridas el 28 de abril de 1990 en el Parque General San Martín.…
Los detalles del primer caso de desaparición forzada del país
La reconstrucción que realizó la Justicia señala que el móvil 575 de Motorizada era tripulado por el sargento Carlos Sosa y los agentes Miguel Muñoz (oficiaba de chofer) y Lucio Omar Sosa (custodia). Garrido y Baigorria circulaban con una mujer sentada en la parte trasera del rodado por el Parque General San Marín.
Garrido se encontraba prófugo del penal. Y al notar la presencia de la movilidad policial sospechó que iba a quedar detenido: le dijo a mujer que bajara del vehículo y ella lo hizo sin que los uniformados la vieran. Se fue corriendo descalza –sus zapatillas quedaron en el Fiat- y se dirigió hasta su casa por entre los árboles del paseo.
Testigos declararon que se les ordenó a Garrido y Baigorria que bajaran del auto y que ambos fueron apoyados en la patrulla para requisarlos. Hasta el lugar llegó una segunda movilidad, la 505, en la que circulaban el cabo Miguel Barahona y los agentes Jorge Sánchez (chofer) y Oscar Giuliano (custodia). “Todos llevaban boinas negras”, tal como declaron los testigos.
Luego de algunos minutos, los policías se comunicaron con los responsables de la Comisaría Quinta de Ciudad e informaron sobre la detención de los dos hombres y los trasladaron hasta allí en la patrulla 505.
En ese día y horario -aproximadamente a las 16.15, agrega la reconstrucción-, se encontraban en la dependencia el oficial de guardia agente Jorge Aníbal Flores, el jefe de servicio, el oficial ayudante Néstor Ramón Falcón y el subcomisario y el comisario José Salinas y Alfredo Godoy Billardi, respectivamente, ambos ya fallecidos. No se notificó a la Justicia sobre la aprehensión de los dos hombres -albañiles- y sólo dejaron constancia del hallazgo de un Fiat 1500.
Desde ese momento, estiman que llevaron a Garrido y a Baigorria hasta la Dirección de Investigaciones, luego de que algunos policías de esa área se presentaran en la Comisaría Quinta. Allí fueron alojados ilegalmente y sufrieron torturas durante varias horas. No se registró su detención en los libros de novedades lugar, de acuerdo a las actuaciones que se analizaron.
Otras personas que se encontraban en situación de encierro en el lugar declararon en la causa y contaron que Garrido y Baigorria sufrieron un tormento repleto de todo tipo vejaciones. Por los registros, ese día había 14 policías en Investigaciones, entre ellos, algunos de los que este miércoles fueron detenidos.
Los familiares de las víctimas tomaron conocimiento de la detención gracias al aporte de la mujer que los acompañaba en el auto y comenzaron su búsqueda en distintos edificios del Estado –además de comisarías, en hospitales y morgues- acompañados por la abogada Mabel Osorio. Nadie les dio una respuesta sobre el lugar de detención o su paradero.
Ante esto, decidieron radicar una denuncia y los otroras jueces Enrique Antonio Knoll y Adelmo Argüello se hicieron cargo de la causa en diferentes momentos. Lo que más se cuestiona es el rol de los magistrados es que “permitieron conformar comisiones policiales con los policías de la Dirección de Investigaciones que estaban sospechados y aprobaron los oficios o requerimientos que realizaban”, se desprende del pedido de detención del fiscal Alcaraz.
Y agrega: “Sobre la responsabilidad de los nombrados (policías), vale decir que manejaron la investigación a su antojo con el único fin de evadir sus consecuencias judiciales, manteniendo a ambas víctimas en la clandestinidad total, sin traer a la luz la realidad de los hechos conocida por todos ellos”; “planteaban hipótesis falsas cuando realmente conocían el paradero de Garrido y Baigorria” .
Por esto y otra importante cantidad de pruebas, el fiscal federal solicitó la detención y la imputación de los nombrados y el juez Garnica hizo lugar.