La relación entre el Ministerio Público Fiscal y el juez técnico Eduardo Martearena alcanzó un nuevo punto de tensión en las últimas horas, luego de que los fiscales Fernando Guzzo y Florencia Díaz Peralta solicitaran su recusación para que no intervenga en el segundo juicio por jurado por el crimen de Diego Céspedes Ortiz (54), ocurrido en diciembre del 2023 en Las Heras.
La presentación fue acompañada por la querellante en representación de la familia de la víctima, Jimena Villanueva, y se sustenta en una serie de cuestionamientos sobre la conducción del debate que, según el planteo, no se ajustó a la normativa vigente.
El conflicto se disparó luego de que el jurado popular que participó del primer juicio -que se desarrolló la semana pasada en el Polo Judicial de Mendoza- no lograra arribar el jueves a un veredicto unánime, condición indispensable en este tipo de procesos.
Otro juicio por jurado no pudo llegar a condenar a un acusado de asesinato y es el tercero del año
“Buenos días. Buenos días al jurado también. Es poco lo que voy a decir. Soy inocente y ahí se pueden dar cuenta. Me acusan de algo donde yo no estuve en el lugar. Tenía una relación de amistad con Céspedes, pero…
Tras varias horas de deliberación, los doce ciudadanos que integraron el jurado quedaron estancados ante la imposibilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de Matías Damián Silva Juárez, el único acusado por el homicidio.
Ante la falta de resolución, el juez Martearena debió declarar el juicio “estancado”, fórmula prevista por la ley cuando el jurado no logra el consenso necesario. Pero fue precisamente en esa instancia donde comenzó el verdadero contrapunto jurídico: tanto la fiscalía como la querella afirmaron que el magistrado no les ofreció a las partes alternativas procesales previstas por la legislación, como permitirles presentar nuevos alegatos o habilitar más tiempo para deliberar. Esta omisión, argumentaron, condicionó gravemente el desarrollo del juicio.
Además, remarcaron que, durante los alegatos de apertura, el juez le llamó la atención al fiscal Guzzo delante del jurado para advertir que había mencionado elementos probatorios que habían sido excluidos en las audiencias preliminares.
El hecho particular, generó un momento de tensión en sala y motivó a la defensa a pedir la nulidad de ese alegato cuando le corrieron vista, algo que finalmente fue rechazado. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que esa intervención frente al jurado afectó la percepción de imparcialidad del proceso antes de que comenzara la exposición de los testigos y las pruebas.
Por estos y otros motivos, luego que anticiparan que insistirán con la acusación contra Silva Juárez, los fiscales presentaron la recusación de Martearena para que no actúe como juez técnico en el nuevo juicio que deberá realizarse antes de fin de año.
Este jueves por la mañana, en el Polo Judicial, se llevó a cabo una audiencia ante el tribunal conformado por los jueces Soledad Colucci, Belén Salido y Agustín Chacón, quienes deberán resolver en un plazo de 48 horas si hacen lugar o no al pedido de apartamiento. Deberán responder por escrito y es probable que la resolución se conozca el próximo lunes.
La familia de la víctima también cargó contra el accionar del juez y advirtió que analizaba presentar una denuncia formal contra el magistrado por su rol en el proceso, a quien tildaron de “parcial”, señalaron fuentes del caso a El Sol.
El caso Céspedes no es un hecho aislado. Con este ya son tres juicios por jurado por homicidio que no concluyen con veredicto de culpabilidad en lo que va del año, algo que inquieta puertas adentro del Ministerio Público.
El primero fue en abril, cuando el jurado declaró “no culpable” al hincha de Independiente Rivadavia Diego Agüero, acusado de asesinar a otro simpatizante tras una pelea en Godoy Cruz. El segundo ocurrió en mayo: Juan Manuel Tarrés fue absuelto del femicidio de su ex pareja, pese a sus antecedentes por violencia. Y se suma también el caso del Andrés Fachi Alcaraz, cuyo juicio fue en noviembre del año pasado y también terminó estancado.
El año pasado, en el Jury
Eduardo Martearena, otrora fiscal especial, es uno de los magistrados más controvertidos del fuero penal local. Su trayectoria estuvo marcada en los últimos años por decisiones que lo ubicaron en el centro de la escena política y judicial. Considerado por algunos sectores como un juez “garantista”, sus fallos generaron fuertes rechazos por parte del oficialismo provincial y, al mismo tiempo, respaldo desde ámbitos más ligados al garantismo procesal.
La polémica más reciente ocurrió en 2023, cuando fue acusado por “mal desempeño” en el marco de un Jury de Enjuiciamiento. La denuncia fue impulsada por el diputado provincial Enrique Thomas (presidente del interbloque Cambia Mendoza), quien lo cuestionó por haber anulado pruebas clave contra una banda que lo asaltó violentamente en su domicilio en 2020. Martearena había excluido los elementos obtenidos de los celulares de los imputados, pero luego la Suprema Corte revocó su fallo y habilitó el uso de esas pruebas en el proceso penal.
Con ese antecedente, Thomas solicitó formalmente su destitución. Sin embargo, el Jury resolvió archivar el pedido en abril del año pasado en una ajustada votación: 11 a 10 a favor del juez. Lo respaldaron los siete miembros de la Suprema Corte, tres legisladores del PJ y uno de La Unión Mendocina.
No fue la primera vez que Martearena quedó en el ojo de la tormenta. En 2019, luego de un juicio por jurado que halló culpables a dos acusados por homicidio agravado, el magistrado resolvió declarar inconstitucional la prisión perpetua y aplicó una pena de 25 años.
Su fallo generó un fuerte repudio del gobernador Alfredo Cornejo (en su primer mandato), quien lo acusó de desvirtuar el sistema de jurados populares. La decisión también fue revertida por la Suprema Corte, que reafirmó la validez constitucional de la pena máxima.
Un juez mendocino declaró inconstitucional la prisión perpetua
Un jurado popular halló culpables la tarde de este jueves a los acusados de matar a José Leandro Lucero (27) por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos personas y el juez técnico no los condenó a…
Martearena argumentó que la prisión perpetua era incompatible con el principio de resocialización de las penas. “No puedo imponerte una pena para resocializarte, y a la vez impedir que se te reintegre a la sociedad. Es un contrasentido del Estado”, expresó en aquel fallo.
Si bien su postura encontró respaldo en ciertos sectores del derecho penal, también fue señalada como una interpretación excesiva que ponía en jaque la aplicación de las penas más severas del sistema.
Pese a los fallos adversos de la Corte provincial y a las críticas políticas, Martearena ha sostenido sus convicciones jurídicas. Su figura genera divisiones dentro del Poder Judicial y fue protagonista de varias tensiones con el Ministerio Público Fiscal, como quedó evidenciado en este reciente juicio por jurado por el crimen de Diego Céspedes.