Desde que cayó presa, a principios de marzo del 2014 en San Luis, Sandra Jaquelina Vargas Méndez (44), la jefa narco del oeste de Godoy Cruz condenada en la Justicia federal a 15 años de cárcel y a 3 años en la ordinaria, viene solicitando beneficios para dejar la penitenciaría o mantenerlos internamente mientras cumple su pena.

Desde pedidos de detención domiciliaria hasta el acceso a visitas íntimas han sido parte de sus presentaciones en los Tribunales de calle España de Ciudad. El objetivo es claro pero algunos hechos ocurridos en los últimos días en su entorno familiar le terminaron por cerrar todo tipo de puerta o esperanza.

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En las últimas horas, el juez Roberto Naciff, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, le rechazó el último pedido que realizó a través de su abogado, Enoc Ortíz.

La Yaqui solicitó salidas transitorias y la prisión domiciliaria argumentando de base poder estar con sus hijos (menores de edad) y el temor de contagiarse de coronavirus. A pesar de esto, encontró una respuesta negativa de parte de la Justicia porque, entiende, no están dadas las condiciones para que la mujer retorne a su hogar del barrio Los Toneles.

Tal como sucede en estos casos, el Ministerio Público, a cargo de María Gloria André, fue consultada antes de la resolución del juez de Cámara. Los dictámenes del fiscal, una vez corrida la vista, fueron negativos después del análisis de los razonamientos que detalló Vargas.

De acuerdo con fuentes judiciales, la Yaqui “viene haciendo bien las cosas” y recibió una importante rebaja de pena durante el 2020. Terminó un año antes el secundario en prisión y salió abanderada. Por estímulo educativo, le descontaron 1 año y 8 meses de pena.

El mes pasado, y luego de que la Justicia provincial la sobreseyera por falta de pruebas a fines de febrero en la causa que la tenía imputada por encargar un asesinato en el barrio Sarmiento de Godoy Cruz para vengar el asesinato de su esposo (Cristian Gelvez), la Yaqui insistió con la domiciliaria.

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El análisis

A fines del año pasado, trascendió que Vargas Méndez señaló en su presentación para convencer al tribunal e intentar acceder a beneficios que “en el lugar donde me encuentro hay una mujer con COVID-19, y me ha generado miedo contagiarme”.

Luego agregó motivos familiares, detallando que “necesito estar con mis hijos, merezco una oportunidad como muchas mujeres la han tenido. Quiero destacar que al momento de ser detenida hacía dos meses había fallecido mi marido, padre de mis cinco hijos, por lo que de golpe se quedaron sin su padre y sin su madre, es decir, con un núcleo familiar totalmente desmembrado lo que ha ido afectando el normal desarrollo de ellos. Hago este pedido en pos de que se prioricen los derechos de mis hijos por los efectos que produce el encarcelamiento de una persona sobre su familia y las represalias que han sufrido”.

Sin embargo, los informes requeridos para conocer sobre su salud evidenciaron que se trata de una “paciente sin patologías de riesgo que encuadren para padecer COVID-19”; agregando que “no presenta afección alguna que la incluya en los grupos de riesgo conforme a la definición de la autoridad sanitaria nacional”.

Además, Vargas no se encuentra dentro de los supuestos para el otorgamiento de beneficios, es decir, enfermedad terminal, discapacidades, ser mayor de 70 años, embarazo o madre de un niño o niña menor de 5 años.

Tal como sucede con estos pedidos, la Justicia ordenó una encuesta ambiental a su familia y estudios psicológicos. Las fuentes detallaron que la hija mayor de Vargas, Silvina Gelvez, quien fue condenada en la misma causa que su madre y ya cumplió la pena de seis años, habló ante los profesionales durante una entrevista y dijo que tenía conocimiento de la causa pero que atribuía toda la responsabilidad a su padre de haber iniciado a toda la familia en la actividad ilícita, mostrando a su madre como una víctima.

Por su parte, del informe de Vargas se vislumbraron “características de corte narcisistas” y que le costaba reconocer los hechos que terminaron con su captura. “Logra asumir autoría de los hechos en forma parcial, luego tiende a minimizar su conducta y responsabilidad a su entorno…expresando su vulnerabilidad frente a las influencias externas como su pareja en algún momento, el entorno familiar, su propia situación de necesidad, habiendo un autocentramiento que le dificulta poder percibir el daño social y familiar generado por sus actos”.

Y agrega: “Este funcionamiento limita sus posibilidades reflexivas y autocríticas como así también un desarrollo empático”.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que, a pesar de no estar dentro de los argumentos del magistrado, algunas detenciones producidas en su círculo íntimo también le jugaron una mala pasada para que Vargas volviera a su casa o comenzara a salir de la penitenciaría por algunas horas.

El jueves 8 de este mes, Patricio Garrido, uno de los yernos de Vargas, fue detenido e imputado por un asesinato en el Campo Papa de Godoy Cruz. Este joven es la pareja de Silvina Gelvez y volvió a la cárcel luego de que la fiscal de Homicidios Andrea Lazo entendiera que participó del crimen de Lucas Ariel Torres, ocurrido en diciembre del año pasado.

“El entorno no la ayuda. No se puede liberar a una persona cuyo entorno esté constantemente vinculada o sospechada de cometer delitos”, describieron desde los Tribunales federales.

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Lo cierto es que la Yaqui Vargas, quien dominó el comercio de estupefacientes en el oeste de Godoy Cruz durante varios años, fue condenada en mayo del 2016 a 15 años de cárcel por ser considerada jefa de una banda narco y lavado de activos. Varios familiares también terminaron sentenciados.

Un mes después, reconoció en la Justicia provincial ser líder de una asociación ilícita y falso testimonio. Por esos hechos recibió 3 años de prisión. También sus hijas y otros parientes admitieron los hechos.