La investigación contra la familia Paco sumó un nuevo capítulo judicial. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos ordenó actualizar la caución que los imputados deben mantener para conservar su libertad y fijó una garantía que supera los $2.000 millones.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción Nº15 luego de recibir un informe elaborado por el Cuerpo de Contadores del Poder Judicial. Según la resolución incorporada a la causa, el perjuicio económico atribuido a los acusados fue actualizado y asciende a $2.424.403.467.

Hasta ahora, Diego Paco Ramos, Florentino Daniel Paco, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega mantenían una caución de $400 millones, respaldada mediante la afectación de un terreno como garantía real. Sin embargo, el nuevo cálculo realizado por los peritos obligó a la Justicia a revisar ese monto.

Como consecuencia, los imputados deberán presentar una nueva caución por $2.024.403.467 adicionales para completar el valor total establecido por la Fiscalía. El organismo les otorgó un plazo de diez días hábiles para cumplir con la exigencia, que fue incorporada como condición para mantener la libertad durante el avance de la causa.

La decisión judicial se produce en el marco de una investigación que tiene como protagonistas a la familia de constructores, un grupo empresario vinculado al desarrollo de loteos y emprendimientos inmobiliarios en Guaymallén que quedó bajo la lupa por presuntas maniobras económicas irregulares.

El caso adquirió relevancia pública por la magnitud de los proyectos impulsados por la familia y por las denuncias de particulares que aseguran haber sido perjudicados en operaciones vinculadas a la comercialización de terrenos. De acuerdo con la estimación contable incorporada al expediente, el daño económico investigado supera actualmente los $2.400 millones.