La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria solicitada por Burford Capital, el principal demandante contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, en un nuevo capítulo de una disputa judicial que ya lleva más de una década.

El fondo había logrado en primera instancia un fallo de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a pagar unos 18.000 millones de dólares. Sin embargo, en marzo sufrió un revés en la Cámara, que revirtió esa decisión y lo dejó en una posición desfavorable dentro del proceso.

Tras ese fallo adverso, Burford intentó una apelación “en banc”, es decir, que el caso fuera revisado por la totalidad de los jueces del tribunal y no solo por el panel que había fallado en su contra —integrado por Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson—.

Pero el pedido fue rechazado en una resolución breve firmada por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe, lo que confirma el criterio adoptado previamente por la Cámara.

Con esta decisión, al fondo solo le queda una instancia judicial en Estados Unidos: recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, una vía que especialistas consideran de muy baja probabilidad de éxito. En paralelo, ya anticipó que también acudirá al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

“Tras esta decisión, Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en EEUU”, señaló el ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler, quien consideró prácticamente nulas las chances de que el máximo tribunal tome el caso.

Desde el lado de la compañía, el presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el impacto positivo del fallo: “Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses”, afirmó.

El ejecutivo remarcó además que el resultado permite avanzar con los planes estratégicos de la empresa, enfocados en aumentar exportaciones y posicionar a la Argentina como proveedor global de energía.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y fue impulsado por accionistas que denunciaron irregularidades en el proceso.

Con este nuevo fallo, la Argentina suma un alivio judicial significativo en uno de los casos más sensibles en materia de deuda y litigios internacionales.