En los Tribunales Federales de la provincia se instruye desde hace algunos meses una causa gigante, de esas que no caerán fácilmente en el olvido: se trata de la pesquisa para tratar de determinar si jueces recibieron coimas a cambio de morigerar la situación procesal de algunos detenidos.

Un sistema de arreglos entrelazados entre imputados, abogados y magistrados que podría tener novedades importantes en las próximas semanas.

La cuestión es muy simple: el año pasado, policías de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico encontraron conversaciones en el teléfono de un detenido por violar la Ley de Estupefacientes –­Walter Bardinella Donoso– y vieron sospechas de negociaciones a través de diversos modus operandi.

Una de las puntas del ovillo la tiró el considerado testigo estrella de esa investigación, Diego Barrera, quien es uno de los cinco detenidos y procesados con prisión preventiva por el crimen del empresario que tenía base en el coqueto barrio godoicruceño de Palmares, Diego Aliaga.

Fue él quien declaró ante el fiscal general Dante Vega –lidera la instrucción con el juez Eduardo Piugdéngolas– y contó que Aliaga trabajaba como cobrador de un juez federal y que arreglaba excarcelaciones, detenciones domiciliarias o cambios de calificaciones por grandes sumas de dinero en dólares.

Barrera se encuentra actualmente en el penal de San Felipe, en Capital, luego de que denunciara amenazas en la prisión federal de Cacheuta y solicitara ser incorporado al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

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En las últimas horas, trascendió que un detenido por narcotráfico pidió hablar ante un juez de los tribunales de calle Pedro Molina y España para aportar su versión de lo que sabía del caso Aliaga y los presuntos arreglos y las coimas.

Se trata de un peso pesado, Juan Harry Gaete Allende, conocido como el “Chileno Pepsi” o “Pepsicola”.

Este sujeto fue capturado en julio del año pasado y se encuentra procesado con prisión preventiva por el tráfico de 27 kilos de cocaína desde el norte del país.

Fuentes judiciales detallaron que el abogado de Gaete Allende estuvo en la mira de los pesquisas policiales durante los primeros días de seguimiento por el asesinato de Aliaga. Se trata de Jaime Alba, íntimo amigo del empresario ultimado.

El objetivo de la declaración del “Chileno Pepsi”, agregaron las fuentes, fue contar que él había ayudado en la investigación para encontrar el cadáver de Aliaga y contradecir lo que había aportado Barrera en su declaración, que compromete a un juez.

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Esto llamó la atención de los investigadores. Con total reserva, contaron en los tribunales a El Sol, que Gaete Allende fue trasladado desde la penitenciaría federal de Cacheuta la semana pasada hasta los Tribunales y quedó alojado en la U-32. “Dijeron que, previamente, tenía que pasar por un hospital por una cuestión de salud”, aportaron desde la Justicia.

Declaró ante el camarista Alberto Daniel Carelli porque el expediente por el secuestro de los 27 kilos de cocaína del año pasado ya fue elevado a juicio, y, luego, su aporte fue derivado al juez Marcelo Garnica para su análisis.

En total, fueron 14 hojas que terminaron en manos del fiscal general Dante Vega. En dos de ellas, el presunto narco, contaron las fuentes, describió que conoció a Barrera en la cárcel y que este armó o inventó un relato sobre los arreglos entre abogados y jueces para evitar un mal mayor para él y su familia detenida, debido a que su esposa y los hijastros, Bibiana Sacolle y Lucas y Gastón Curri, se encuentran procesados en la causa Aliaga.

Sin embargo, la declaración del “Chileno Pepsi”, que también presentó capturas o copias de las conversaciones de WhatsApp entre él y su abogado en los días del hallazgo del cadáver de Aliaga, fue tomada con pinzas por el Ministerio Público e iba a ser analizada en profundidad.

Esto porque la declaración de Barrera fue confirmada con pruebas en el expediente y creen que el “Chileno Pepsi” habló buscando algún tipo de beneficio –detención domiciliaria o excarcelación– en el expediente que lo mantiene tras las rejas.

Efectivamente, el juez Carelli inició un incidente paralelo para resolver si le otorga o no el beneficio.

Lo cierto es que la declaración del “Chileno Pepsi” generó fuerte repercusión en pasillos tribunalicios. Y hasta este martes por la tarde, dentro del hermetismo que rodea la causa, continuaba alojado en los calabozos de U-32, el centro detención de los Tribunales federales.

La información a la que accedió este diario sostiene que, en las últimas semanas, la causa por las sospechas de arreglos avanzó con la incorporación de pruebas físicas y testimoniales que aclararon el panorama.

Las fuentes explicaron que la “mayoría de los hechos” denunciados “fueron confirmados” y que podría haber novedades reveladoras en los próximos días.

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Es más, trascendió que el juez federal Walter Bento, quien se presentó ante su par Puigdéngolas con el patrocinio del reconocido abogado porteño Mariano Cuneo Libarona pidiendo ser parte de la causa porque entendía que la investigación apuntaba hacia él pero le rechazaron cualquier tipo de participación en la causa, sumó un nuevo escrito con el mismo fin y debe ser resuelto en los próximos días.

¿De quién se trata? 

Juan Harry Gaete Allende nació en Chile el 7 de agosto de 1966. Al momento de su detención dijo ser comerciante y que vivía en el barrio Solares de Urquiza II, en Guaymallén.

Efectivos con años de experiencia en la Policía contra el Narcotráfico recordaron que una de sus primeras capturas fue por el secuestro de casi 20 kilos de marihuana en el barrio Ujemvi, de Las Heras.

El procedimiento se desarrolló el 6 de setiembre del 2012 pero el ”Chileno Pepsi” recién cayó por esa causa el 29 de octubre del 2013, luego de que fuera detectado por policías de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) en Guaymallén.

Fue a juicio abreviado y reconoció el hecho. Lo condenaron a cuatro años y cuatro meses de cárcel, igual que al otro sujeto que atraparon, Andrés “Conejo” Herrera.

Salió de la cárcel y la misma PCN comenzó a investigarlo luego de una denuncia que aseguraba que comercializaba estupefacientes en un lavadero de su propiedad, ubicado frente al cementerio de Capital.

A través de escuchas, supieron en mayo del año pasado que coordinaba el arribo de un cargamento de cocaína desde el norte del país.

Con el paso de los días y análisis de las pruebas, confirmaron que el 4 de julio llegaría a Mendoza un camión escondiendo 27 kilos de esa droga en un tanque de combustible.

Siguieron al “Chileno Pepsi” hasta calles Arístides Villanueva y Acceso Este, en Guaymallén, y vieron que se frenó en una cabina de teléfono roja.

Hasta allí llegó el pesado rodado, un VW. Bajó el chofer –lo acompañaba una mujer–.

Entonces, los policías intervinieron: redujeron a los tres sospechosos y revisaron el camión: efectivamente, dieron con el millonario cargamento.