El último tramo del alegato de la fiscal de Cámara María Gloria André por el secuestro extorsivo y asesinato de Diego Aliaga fue lo más contundente que se escuchó desde que arrancó el proceso oral en los Tribunales federales en noviembre del año pasado. Por eso el pedido de este martes de pena máxima fue un bombazo del que será difícil resultar ileso. Pasadas las 13.30, retumbó en toda la sala. Tan convincente fue la exposición de la magistrada ante las partes, que uno de los acusados pidió retirarse de la sala porque no soportó cómo lo incriminaban las pruebas que expusieron.
“Esta historia no tenía otro fin de que la muerte de Diego Aliaga. Fue un plan en el que todos aportaron su granito de arena”, fue una de las tantas conclusiones de la fiscal.
Para la representante del Ministerio Público, no existen dudas sobre la autoría de los hechos y más potenciado por un secuestro coactivo y extorsivo: el principal apuntado, Diego Alejandro Barrera, su esposa, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Gastón y Lucas Curi, planearon cada uno de sus movimientos para quedarse con millonarios bienes muebles e inmuebles de la víctima mientras aseguraban ser socios en un desarrollo de una clínica para chicos discapacitados en calle Bandera de los Andes de Guaymallén.
Justamente, este fue el último lugar donde se vio con vida al ex despachante de aduanas, informante policial y señalado como nexo o facilitador de una banda que cobraba coimas a detenidos acusados de delitos federales y que tenía al juez Walter Bento como jefe, causa que mantiene al magistrado en el banquillo por estos días.
Básicamente, entre el martes 28 de julio y el sábado 1 de agosto del 2020, días en que la víctima estuvo privada de la libertad y fue asesinada, cada uno de los sospechosos tuvo un rol determinado para lograr el objetivo de que Aliaga firmara documentos que le otorgaba la titularidad de propiedades (una casa en el barrio Dalvian, por ejemplo) y vehículos (algunos de alta gama), siempre siguiendo las órdenes de Barrera.
“Ha quedado claro que el móvil fue económico. Querían quedarse con los bienes de la víctima”, sentenció la fiscal frente a los jueces Daniel Alberto Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi.
Tomando como base un análisis detallado cada cuerpo del expediente en cuatro jornadas de alegatos, André y su equipo entendieron este martes que la familia debe ser condenada a prisión perpetua.
La fiscal dedicó un tramo especial a Washington Yamil Rosales, el quinto procesado de la megacausa. Este empleado de la empresa de transporte para chicos con discapacidades propiedad de Barrera y Sacolle firmó un acuerdo de arrepentido el 10 setiembre del 2020 con el fiscal de instrucción Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica y aportó el lugar donde se encontraba enterrado el cadáver de la víctima.
El objetivo del acusado era aportar datos para el esclarecimiento del hecho para luego recibir algún tipo de beneficio al momento del desarrollo del juicio y el dictado de la sentencia.
André valoró el aporte de Rosales en la causa. Entendió que si Rosales no hablaba el cadáver de Aliaga no iba a ser encontrado. Sin embargo, explicó que el imputado mintió en gran parte de su relato sobre cómo sucedieron los hechos.
Rosales no dijo toda la verdad y trató de acomodar sus declaraciones para no complicar demasiado a Barrera y su familia. Y por eso no fue tan benévola como la defensa de Rosales, a cargo de Gabriela Massad, esperaba. Por eso, solicitó al tribunal que reciba una condena de 25 años de cárcel. Una hora antes de escuchar el pedido de pena, Rosales pidió retirarse de la sala “atormentado” por la situación que se encontraba atravesando, tal como revelaron fuentes judiciales a El Sol.
El mensaje del Ministerio Público fue más que claro y podría alcanzar a los procesados que también firmaron acuerdos de arrepentidos en otras causas, como en el llamado Bentogate.
André también es fiscal de Cámara en el juicio penal que tiene al suspendido titular del Juzgado Federal Nº1 suspendido como principal apuntado y tomaría ese mismo criterio a la hora de solicitar penas si confirma que los acusados que firmaron acuerdos, como los abogados y socios Martín Ríos y Matías Aramayo, se desvían en el debate de lo que declararon en la indagatoria de instrucción, cuando confesaron que existía una organización que cobraba coimas a cambios de otorgar beneficios como la excarcelación.
El próximo martes continuarán los alegatos de las partes. Será la querella, en representación de la familia de la víctima, la que exponga sus argumentos. Luego, en jornadas siguientes, las defensas tendrán la última palabra antes de la resolución del tribunal.
Asesinado
Diego Alfredo Aliaga desapareció en la mañana del martes 28 de julio luego de pasar la noche con su socio y amigo Diego Barrera en su casa del barrio privado Palmares de Godoy Cruz. Aliaga era un hombre conocido en el mundillo judicial-federal; a tal punto que, luego de su asesinato, se lo ubicó como mano derecha del juez Walter Bento o nexo con abogados para los presuntos arreglos a cambio de coimas para beneficiar a ciertos detenidos de causas de contrabando.
Aliaga y Barrera tenían pensado abrir una clínica para el cuidado de niños con discapacidades en un predio de calle Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz. Algo pasó entre ellos y Aliaga terminó asesinado. Después de ser detenido, Barrera confesó que el ex despachante de aduana “se me murió” pero no brindó mayores detalles. Tres años después, en debate, brindó una dramática declaración y aseguró que no hubo secuestro y que Aliaga murió durante una discusión, luego de que Rosales le pegara con una llave francesa en la espalda.
La hipótesis fiscal sostiene que el hecho tiene un móvil económico. Aliaga habría sido retenido con el fin de obligarlo, mediante amenazas y coacciones, a entregar determinados escritos a favor de Barrera y Sacolle para que estos se quedaran con algunos bienes muebles e inmuebles (vehículos y casas) sin la debida contraprestación de dinero. Entienden que fue obligado, mientras se encontraba cautivo, a firmar algunos documentos que les daban el poder de control a los sospechosos. Así lo confirmaron peritos caligráficos que analizaron su firma.
Siguiendo con la reconstrucción del Ministerio Público, Aliaga habría permanecido algunos días cautivo en el galpón donde Barrera y su familia guardaban los vehículos de la empresa, en calle Jujuy de Ciudad. En ese lugar, habría muerto para luego ser trasladado el cadáver hacia un descampado de Costa de Araujo. Finalmente, el cuerpo fue encontrado luego de una confesión como arrepentido del empleado de Barrera, quien buscó un beneficio sabiendo que su situación era compleja de cara al fallo.