El Tribunal Oral Federal Nº 1 condenó tarde de este martes a prisión perpetua a la familia acusada por el secuestro y posterior asesinado de Diego Alfredo Aliaga (51), el ex despachante de aduana, empresario, informante policial y sindicado operador judicial que fue ultimado a mediados de 2020, cuyo caso se transformó en una de las investigaciones más impactantes de los últimos tiempos en Mendoza.
Luego de casi un año de debate -comenzó en noviembre de 2022-, los camaristas Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli se inclinaron por la teoría del caso presentada por la fiscal María Gloria André, que sostenía que el quinteto de procesados llevó adelante “una maniobra totalmente planificada”, tal como lo sostuvo semanas atrás durante los alegatos.
De esa forma, cerca de las 18, los magistrados sentenciaron a la pena máxima a Diego Alejandro Barrera Leucrini (53); su esposa Bibiana Elizabeth Sacolle Ferro (49) y los hijos de ella, Gastón Nicolás (31) y Lucas Agustín Curi Sacolle (28). En tanto, al empleado de la empresa familiar, Washington Yamil Rosales Fernández (35), le impusieron un castigo de 17 años de encierro. El fallo fue por mayoría.
El fallo señala que los cinco fueron considerados coautores de los delitos de secuestro coactivo y extorsivo agravados por haber logrado el propósito, por la intervención de tres o más personas y por causar intencionalmente la muerte del ofendido, en concurso ideal con robo.
Además, los integrantes del TOF Nº 1 rechazaron los planteos de nulidad e inconstitucionalidad efectuados por la defensa de Barrera. Mientras que la resolución también ordena el decomiso varios vehículos y una propiedad pertenecientes a Barrera y su familia: dos camionetas Mercedes Benz Sprinter, un Volkswagen Golf, una Dodge Journey, una Renault Kangoo, un Chevrolet Corsa y un inmueble de calle Jujuy 840 de Ciudad.
La investigación del caso que fue revelado por El Sol tuvo su inicio el miércoles 29 de julio de 2020. Ese día, pasado el mediodía, su hermano, Gonzalo, se dirigió hacia la Oficina Fiscal Nº 19 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, para radicar la denuncia de paradero.
Mientras se encontraba dentro de la sede judicial, recibió un llamado extorsivo con respecto a la desaparición de su familiar: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”.
Un día antes, el ex despachante de aduana había acordado encontrarse junto a personas de su entorno en un predio que poseía sobre calle Bandera de los Andes 9840/9846 del citado distrito guaymallino, pero jamás regresó a su domicilio y sus seres queridos no supieron nada más sobre él.
A partir de la presentación judicial del hermano de Aliaga, se inició una exhaustiva investigación que estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, que trabajó en conjunto con efectivos de Investigaciones de la provincia.
La pesquisa se inició bajo un extremo hermetismo, ya que no se trataba de cualquier víctima: Diego Aliaga era un empresario que bajo las sombras hacía de informante policial y que también terminó siendo señalado como el nexo de una organización presuntamente liderada por el juez Walter Bento dedicada a cobrar coimas a presos en causas federales a cambio de beneficios judiciales.
Lo cierto es que, con el paso de los días, todo apuntaba a que Aliaga no seguía con vida. Esto, principalmente, porque los secuestradores jamás volvieron a comunicarse ni a exigir dinero para su liberación. Fue así que el 10 de setiembre de ese año los sabuesos lograron dar con su cadáver en la localidad de Costa de Araujo, en Lavalle.
Los restos de Aliaga habían sido enterrados en un descampado, a donde los detectives llegaron luego de la confesión de Rosales, quien se desempeñaba como empleado de la empresa de transportes Solcito, propiedad de Barrera y Sacolle, y realizó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, fue homologado por el juez del caso, Marcelo Garnica.
A raíz del hallazgo del cuerpo y las pruebas que se continuaron incorporando al expediente se logró establecer que la noche del 27 de julio Barrera y Aliaga pasaron la noche junto a dos mujeres en la casa de este último, en el barrio Palmares de Godoy Cruz. Al día siguiente, debían reunirse nuevamente en la propiedad guaymallina de calle Bandera de los Andes, donde planeaban abrir una clínica para atención e internación de chicos con discapacidades.
De acuerdo con la pesquisa, los cinco involucrados tenían todo lista para perpetrar el secuestro extorsivo y coactivo contra Aliaga. Incluso, cancelaron los trabajos que obreros estaban haciendo en ese lugar, con la clara intención de tener la zona liberada para actuar.
Para la Fiscalía, Aliaga no fue ultimado en ese inmueble, pese a que Barrera y Rosales declararon que allí murió por un golpe que le propinaron sin intenciones de quitarle la vida y que luego mantuvieron su cadáver durante cuatro días en el baúl de un auto, para luego trasladarlo hasta Costa de Araujo, donde lo descartaron.
Al contrario, durante sus alegatos la fiscal André sostuvo que en el predio de Rodeo de la Cruz sólo fue agredido y amedrentado. Luego, señala la reconstrucción oficial, lo trasladaron hasta un galpón que Barrera tenía en calle Jujuy, en la Cuarta Sección de Ciudad. Allí perpetraron el asesinato por medio de asfixia por sofocación, tal como surge de la necropsia.
En cuanto a Sacolle y sus hijos, la Fiscalía entendió que conocían en detalle y colaboraron con el plan para quitar del medio a Aliaga de los negocios que tenían en conjunto con Barrera.
Más de tres años pasaron, con una profunda y extensa investigación de por medio, para que el caso tuviera este miércoles su cierre con la condena de los cinco detenidos.