“Quiero pedirles disculpas a sus hijos, a sus hermanos, Gonzalo y Flavia, a su mamá, a don Alfredo. Sé que me están escuchando. Yo soy su amigo (de Diego Aliaga) y lo voy a defender. Quiero pedirles disculpas de corazón. No soy un delincuente ni un asesino. Nunca lo fui. Pido disculpas a mi esposa, mi hija, a mis hijos, al papá de ellos, mi nuera. Fue una discusión, una cuestión de segundos”.
Diego Alejandro Barrera habló pocas veces desde que fue detenido, el lunes 3 de agosto del 2020, por estar acusado de ser el principal sospechoso del secuestro y crimen, cinco días antes, de su socio, Diego Alfredo Aliaga (51), el ex despachante de aduana, informante policial y llamado nexo de una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios en el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, que tiene como titular al separado y juzgado juez Walter Ricardo Bento.
Este martes declaró en la recta final del juicio en su contra. Fueron cinco horas de tensión. Algunos tramos fueron dramáticos: no paró de llorar y pedirles perdón a su familia y a la de la víctima. Siempre trató de “amigo” a Aliaga y explicó que no tuvo la intención de matarlo.
“Tuvimos una pelea por el instituto”, dijo en la sala ubicada en el primer piso de los Tribunales Federales. Y agregó, sin dar demasiadas explicaciones sobre ese punto en particular, que fue porque Aliaga buscaba “lavar su dinero” con ese negocio en el que invertían dinero para comenzar con un centro de día en una propiedad de Guaymallén, detalles antes desconocidos para la causa. “No era mi intención que le pasara algo. Él era mi amigo. Fue muy rápido”, reveló el acusado.
Conmocionado
En los primeros meses de instrucción por el conmocionante hecho, Barrera había presentado un escueto escrito afirmando que Aliaga, quien era su socio en un emprendimiento para crear un centro de cuidado de chicos con discapacidades, “se me murió” durante el encuentro que mantuvieron en el predio de Rodeo de la Cruz, la mañana del 28 de julio del citado año.
Luego accedió a una entrevista con El Sol en la que aseguró que no fue el autor del hecho (dijo que lo admitió por “un fuerte apriete”) y cuando ya se encontraba en el banquillo de los acusados junto con su familia y un empleado de la empresa de transporte de su propiedad, le transmitió en marzo a Tribunal Oral Federal Nº1 (presidido por Alberto Daniel Carelli e integrado por María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña), la fiscalía, a cargo de María Gloria André, que su sentencia ya estaba firmada luego de denunciar al primer defensor oficial que lo representó, Rodrigo Sánchez Buscema.
Pero tal como había prometido y estaba previsto por su defensa, a cargo de Leonardo Pérez Videla, este martes Barrera realizó su primera declaración completa por el caso que lo mantiene en la cárcel.
Dio su versión de los hechos en un repaso cronológico desde los días previos al homicidio hasta su detención y respondió cada una de las preguntas de su abogado, de la fiscalía y de las representantes legales, Gemina y Anahí Venir y Gabriela Massad, cuando ya no había testigos para citar.
Despegó del hecho a su esposa, Bibiana Sacolle, y a sus hijastros, Gastón y Lucas Curi, y coincidió en parte con la declaración que brindó hace una semana el chofer de su empresa y también procesado, Washington Yamil Rosales, en lo que respecta al momento de la muerte del ex operador judicial.
Sacolle, que también se mostró consternada y tuvo que recibir asistencia de penitenciarios y hasta sus hijos, interrumpió bruscamente una de las partes de la declaración de su esposo para recriminarle que había comprometido a sus hijos y a ella con el hecho de sangre porque llevaban más de tres años presos. “No soy un secuestrador. No hubo planificación. No somos delincuentes. El único culpable soy yo”, contó el acusado principal en la sala.
Palabras más, palabras menos, Barrera basó su declaración en los negocios que tenía con Aliaga y en los autos y propiedades que le había comprado en el 2019. Señaló que pagó por la casa del barrio Dalvian y que también adquirió una oficina en la galería Bamac luego de algunos acuerdos.
Sobre esto, dijo que le entregó primero 200 mil dólares de ahorros personales y de un préstamo que le hizo su padre; y luego otros 190 mil, cancelando la deuda en cuotas a principios del 2020, luego de cinco pagos de 30 mil dólares cada una. El requerimiento de elevación a juicio sostiene que el móvil del hecho sería económico y que Aliaga fue obligado a firmar bajo presión la entrega de esos bienes.
Uno de los momentos de mayor tensión que se vivieron durante la audiencia se dio cuando Barrera relató cómo Aliaga terminó muerto. Explicó, conmocionado y entre lágrimas, que fue el ex despachante de aduanas quien le pidió juntarse solo en la vivienda de calle Bandera de los Andes. De acuerdo con su versión, la víctima le dijo que necesitaba tener el control total el negocio “porque él decía que se hacía lo que él quería”. Esto provocó una reacción y comenzaron a discutir hasta un forcejeo. Describió que hubo golpes, que Aliaga golpeó contra una estufa y que rompieron un vidrio.
En un momento del relato, luego de explicar que sufrió un corte en un brazo, agregó que Rosales, quien se entraba en el predio porque había sido llevado para realizar una serie de trabajos con cañerías tapadas, entró y le pegó con una llave a Aliaga para separarlos. Que la víctima comenzó a gritar y “yo no quería que escuchara nadie. Por eso le puse un trapo y una cinta en la boca”, declaró. Siempre siguiendo su teoría y bajo un profundo cuadro emocional, Barrera dijo que Aliaga dejó de respirar “en cuestión de segundos”.
Sobre esto, dijo que entró en pánico y que le pidió ayuda a Rosales y a su hijastro Gastón, exigiéndoles que no llamaran a la policía “porque tenía miedo”.
Al hablar de su familia, la desligó al señalar que ejerció presión para no dieran a conocer el caso a las autoridades. Justamente, Gastón está sospechado de hacer el llamado del secuestro extorsivo al hermano de la víctima cuando se encontraba radicando la denuncia por averiguación de paradero. “Yo le dije que hiciera el llamado. Me estaban presionando por todos lados. Le di la plata para el teléfono y le pedí que esté atento cuando yo le avisara. Cuando el hermano de Diego estaba haciendo la denuncia en la Oficina Fiscal -la 19- le mandé el mensaje”, sostuvo.
Barrera respondió preguntas de todos los abogados y también de la fiscalía y uno de los jueces. Siempre mantuvo la postura de que Aliaga era su amigo y que no hubo plan para secuestrarlo y matarlo como sentenció el fiscal que instruyó la causa, Fernando Alcaraz.
El próximo paso del proceso tendrá a Gastón Curi con una ampliación de su declaración. Luego podrían iniciarse los alegatos de las partes. Está previsto que el martes 22 el fiscal André inicie esta etapa argumentando el caso.
Se espera que la representante del Ministerio Público haga un repaso total de gran parte de las pruebas que se incorporaron en instrucción y se ventilaron también en el debate que arrancó en noviembre del año pasado. Y es más que probable que pida duras penas por el secuestro extorsivo y asesinato del hombre de 51 años. De ser hallado culpable por los delitos que provocaron su procesamiento, Barrera será condenado a prisión perpetua.
El caso
La desaparición de Diego Aliaga comenzó a trabajarse en la Justicia provincial el miércoles 29 de julio como un caso de averiguación de paradero. El hermano de la víctima, Gonzalo Aliaga, se presentó en la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén–un día después que le perdieran el rastro– para describir cuándo había sido la última vez que su familia había tenido contacto con él.
Mientras se encontraba en la dependencia, minutos antes de las 13, recibió un llamado extorsivo. Otras personas de su entorno se encontraban con él. La causa estaba en manos de la fiscal de Homicidios de Mendoza, Andrea Lazo.
“Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde, que ya te vamos a llamar”, le dijeron desde el otro lado del teléfono cuando radicaba la denuncia. Esto provocó que el caso diera un giro de 180 grados. Pasó a la Justicia federal y comenzó a trabajarse como un secuestro extorsivo. Para el investigador judicial federal de la causa, Fernando Alcaraz, esa comunicación fue realizada por Gastón Curi, el hijastro de Barrera. Compró un teléfono en Las Heras y luego el aparato desapareció. En el juicio, el principal procesado confirmó esta hipótesis.
No hubo más llamados. Sabían que Aliaga tenía previsto encontrarse el martes 28 por la mañana con su socio, Diego Barrera, en un predio de calle Bandera de los Andes, de Guaymallén, porque allí se encontraban trabajando para abrir un instituto para trabajar con chicos discapacitados y no tuvieron más contacto con él.
Pasaron pocos días y Barrera fue allanado en su casa del exclusivo barrio Dalvian, de Ciudad. El lunes 3 de agosto, cuando ya habían sumado algunas pruebas con presuntas vinculaciones, el socio de Aliaga y su familia quedaron detenidos. La hipótesis sostiene que idearon un plan criminal para quedarse con algunos bienes muebles e inmuebles de Aliaga. El móvil, para el fiscal federal Fernando Alcaraz, fue económico vinculado con autos de alta gama y costosas casas que no habrían sido pagadas en su totalidad.
Washington Yamil Rosales, empleado de la empresa de transporte Solcito, propiedad de Barrera y Sacolle, habría participado en el secuestro y crimen del también informante policial. Barrera presentó un escrito después de su procesamiento y aseguró: (Aliaga) “Se me murió”, durante un encuentro que mantuvieron en calle Bandera de Los Andes. En esta especie de confesión, desligó a su familia y también le pidió perdón a la familia de la víctima, como sucedió en el juicio oral.
Rosales hizo un acuerdo con el fiscal y el juez del caso, Marcelo Garnica, y confesó el lugar a donde había llevado el cadáver. A principios de este mes, declaró en el juicio y dijo que mintió en gran parte de sus declaraciones. Sin embargo, pidió que se mantenga el acuerdo a la hora de dictar sentencia (que podría beneficiarlo con una rebaja de pena) porque declaró ante los jueces, que gracias a su aporte se llegó a encontrar el cadáver de la víctima en la localidad de Costa de Araujo.
Barrera habló de Rosales durante su declaración pero no se explayó demasiado sobre cómo hicieron desaparecer el cadáver. Lo que sí, quedó en claro la estrategia de la defensa: asegurar que Aliaga murió en el predio de Rodeo de la Cruz y que no hubo un secuestro extorsivo. Para el Ministerio Público, Aliaga fue reducido en esa propiedad y luego trasladado hasta un galpón de calle Jujuy de Ciudad, donde Barrera guardaba sus vehículos de transporte. Allí, agrega, estuvo cautivo un par de días hasta darle muerte.