El juicio oral federal por el secuestro extorsivo y asesinato del ex despachante de aduana Diego Alfredo Aliaga (51) entró este martes en etapa de definiciones de cara a lo que se viene en las próximas semanas, la sentencia. La fiscal de Cámara María Gloria André abrió los esperados alegatos de las partes y expuso durante más de cuatro horas sus argumentos para sostener en esta etapa del proceso que los cinco acusados que tiene el caso, Diego Barrera; su esposa, Bibiana Sacolle, los hijos de ella, Gastón y Lucas Curi, y el empleado de la empresa de transporte de la pareja, Washington Yamil Rosales, actuaron de forma sincronizada para obtener un único resultado: la muerte de Aliaga en la mañana del martes 28 de julio del 2020.
“Se trató de una maniobra totalmente planificada”, describió la representante del Ministerio Público, frente a los abogados defensores Anahí Venier, Leonardo Pérez Videla y Gabriela Massad, y los jueces Daniel Alberto Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi, del Tribunal Oral Federal Nº1, apoyando de esta forma la hipótesis que viene de instrucción.
André inició su alocución con un repaso de tres pruebas clave y luego desarrolló el análisis cronológico sobre cómo se produjo el secuestro extorsivo y el homicidio del también informante policial.
Habló de lo que hicieron la víctima y el principal ideólogo y ejecutante del plan, su socio: Diego Barrera (con el apoyo de su familia, que estaba al tanto del plan, destacó en varios tramos del discurso), los días previos al encuentro trágico que mantuvieron en una propiedad de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, y para eso se apoyó citando a los testigos y descomponiendo cada una de las testimoniales e indagatorias que se escucharon desde el inicio del debate oral, en noviembre del año pasado.
Cada conclusión a la que llegó la fiscal para potenciar su teoría que involucra a todos los procesados con los delitos que le imputó el fiscal federal Fernando Alcaraz, quien investigó el caso desde los primeros días, estuvo apoyada por lo que dijeron los testigos y concluyeron peritos tecnológicos y médicos forenses que analizaron teléfonos celulares y cámaras de seguridad y realizaron la necropsia al cadáver, respectivamente.
Básicamente, André entendió y expuso con un relato claro, pausado y firme frente al tribunal, que Barrera, su esposa, los hijos de ella y también Rosales, sabían que iba a existir un encuentro entre Barrera y Aliaga en la mañana del 28 de julio, después de haber pasado la noche del día anterior y la madrugada de ese día juntos con dos mujeres en la casa del barrio Palmares de la víctima y por eso liberaron la zona de otras personas que iban a concurrir, como los obreros que habían sido contratados y citados para desarrollar algunos trabajos en la vivienda donde, supuestamente, iban a abrir una clínica para la atención de chicos con diferentes discapacidades.
Uno de los tramos más interesantes de la exposición de la fiscal, se dio cuando habló de la supuesta llegada de un grupo de inspectores que iba a analizar el predio y las instalaciones. Ese fue, de acuerdo con una de las hipótesis que se analizaron en el inicio de la instrucción, el motivo por el que Aliaga y su socio se juntarían en la mañana del día citado. Sin embargo, para la fiscal André, esto no se condice con la prueba.
Solicitaron informes con el avance de la causa al Ministerio de Salud y también a la Municipalidad de Guaymallén con el objetivo de saber si existía algún tipo de pedido de habilitación comercial o inicio de trámite para que funcionarios de esos sectores realizaran un reconocimiento de control u observación del establecimiento que se encontraba en proceso de remodelación y la respuesta fue negativa.
Con esta prueba, para la fiscalía se pudo tratar de un engaño o maniobra distractiva para llevar a Aliaga ese día hasta el predio de calle Bandera de los Andes. “Yamil Rosales se encontraba en el lugar para ayudar en el secuestro. No fue para hacer trabajos, como declaró”, dijo la fiscal, con referencia al empleado de Barrera, quien durante en instrucción se transformó en el arrepentido que aportó el punto cercano donde fue descartado el cadáver de la víctima, pero se encuentra complicado debido a que reconoció que mintió en gran parte del pacto que hizo con el fiscal Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, buscando un beneficio con rebaja de años de cárcel si era encontrado culpable.
Sin fisuras
André comenzó la primera parte de su alegato pasadas las 10 de este martes. Expuso con los aportes de sus ayudantes hasta casi las 15. Está previsto que continué el cinco de setiembre y luego concluya con el pedido de penas –si es que lo considera– el martes 12 de ese mes. Por cómo analizó las pruebas, es más que probable que solicite años de cárcel para todos los procesados que tiene la causa. El pedido podría ser de los más duros, teniendo en cuenta que la única pena en caso de ser hallados culpables es la de prisión perpetua.
La fiscal entendió que tanto Sacolle como sus hijos, Lucas y Gastón, quienes declararon recién en el debate –como también hizo Barrera en el tramo final–, conocían en detalle que existía un plan para quitar del medio a Aliaga en los negocios.
Además de despejar la zona de gente, dijo que las llamadas entre ellos fueron constantes y destacó que, en los días previos, Lucas y Gastón Curi se juntaron con su madre en la casa del barrio privado Dalvian, donde la mujer vivía con Barrera y una hija.
Uno de los hechos puntuales de los que habló la fiscal para sostener que la familia tuvo una intervención directa en el secuestro y el homicidio de Aliaga, está basado en una búsqueda en internet que realizó Lucas Curi en la siesta del domingo 27 de julio a través de su celular.
Este detalle no había trascendido: consta en el expediente que el joven, quien declaró en su momento y aseguró que es inocente de los hechos, ingresó a su aparato de telefonía entre las 16.19 y las 16.21 de ese día para buscar información en Google sobre “desaparecido en Quilmes”.
Se trató de una noticia policial de un hecho similar a lo que le sucedió a Aliaga, la desaparición de Salvador Altamura, un joven abogado que dejó de ser visto y fue asesinado por un amigo en Buenos Aires. “¿Habrá sido el germen de la idea? No sé, pero qué casualidad, busca una desaparición casi idéntica a la de Aliaga.¿Esto puede ser casualidad? Esto es planificación”, sentenció André.
Además de hacer un relato y marcar las contradicciones de la versión que dieron Barrera y Rosales sobre cómo fue el crimen de Aliaga, la fiscal aseguró que falleció –al menos– dos días después del 28 de julio. Se basó en el informe de la necropsia y en las conclusiones que desarrolló el médico forense Hugo San Martino, manteniendo su teoría de que existió un secuestro extorsivo.
El principal sospechoso y su empleado dijeron que murió en la casa de Rodeo de la Cruz. Sin embargo, la acusadora entendió que esa versión que dieron tiene el objetivo de hacer caer la hipótesis de que estuvo privado de la libertad.
Así las cosas, el alegato que promete ser más contundente a medida que se acerquen las conclusiones finales y continuará el próximo martes a las 9.30. En esa jornada, la representante del Ministerio Público profundizará la exposición de las pruebas (apoyada con imágenes de cámaras de seguridad y escuchas) que nacieron el día que Aliaga desapareció, el martes 28.
Sin vida
Diego Alfredo Aliaga desapareció en la mañana del martes 28 de julio luego de pasar la noche con su socio y amigo Diego Barrera en su casa del barrio privado Palmares de Godoy Cruz. Aliaga era un hombre conocido en el mundillo judicial-federal; a tal punto que, luego de su asesinato, se lo ubicó como mano derecha del juez Walter Bento o nexo con abogados para los presuntos arreglos a cambio de coimas para beneficiar a ciertos detenidos de causas de contrabando. Esa causa ya se encuentra en debate y próximamente el magistrado, quien está procesado y fue suspendido del cargo, prestará declaración indagatoria.
Aliaga y Barrera tenían pensado abrir una clínica para el cuidado de niños con discapacidades en un predio de calle Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz. Algo pasó entre ellos y Aliaga terminó asesinado. Después de ser detenido, Barrera confesó que el ex despachante de aduana “se me murió” pero no brindó mayores detalles. Tres años después, en debate, brindó una dramática declaración y aseguró que no hubo secuestro y que Aliaga murió durante una discusión, luego de que Rosales le pegara con una llave francesa en la espalda.
La hipótesis fiscal sostiene que el hecho tiene un móvil económico. Aliaga habría sido retenido con el fin de obligarlo, mediante amenazas y coacciones, a entregar determinados escritos a favor de Barrera y Sacolle para que estos se quedaran con algunos bienes muebles e inmuebles (vehículos y casas) sin la debida contraprestación de dinero. Entienden que fue obligado, mientras se encontraba cautivo, a firmar algunos documentos que les daban el poder de control a los sospechosos. Así lo confirmaron peritos caligráficos que analizaron su firma.
Siguiendo con la reconstrucción del Ministerio Público, Aliaga habría permanecido algunos días cautivo en el galpón donde Barrera y su familia guardaban los vehículos de la empresa, en calle Jujuy de Ciudad. En ese lugar, habría muerto para luego ser trasladado el cadáver hacia un descampado de Costa de Araujo. Finalmente, el cuerpo fue encontrado luego de una confesión como arrepentido del empleado de Barrera, quien buscó un beneficio sabiendo que su situación era compleja de cara al fallo.