En el barrio La Esperanza de Godoy Cruz, entre pasillos angostos y casas bajas y humildes, Gastón Axel Sosa (19) y Delfina Abigail Correa (21) llevaban una vida vinculada al delito. Así lo destacaron fuentes policiales que trabajaron en el caso que permitió su captura hace poco más de dos meses.
Los pesquisas detallaron que eran los encargados de fraccionar y comercializar las sustancias estupefacientes que abastecían a gran parte de los “quiosquitos” del oeste de Godoy Cruz. Por ese “trabajo” recibían dinero. También enviaban transferencias de lo que recaudaban. Los bautizaron como “nuevos soldaditos” de Sandra Jaquelina Vargas, la ya histórica y conocida “Yaqui”, jefa narco desde hace más de 15 años que volvió a quedar presa en una causa por narcomenudeo a grandes escalas.
Imputaron a la Yaqui como jefa y a los miembros de su banda por narcotráfico agravado
Sandra Jaquelina Vargas (48), conocida como la Yaqui, volvió a ser imputada este lunes como jefa de una organización narco tras quedar detenida en el marco de una investigación que derivó en más de 25 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y…
La pareja cayó el 27 de junio, cuando la Policía contra el Narcotráfico (PCN) ejecutó una serie de allanamientos que sacudieron las barriadas del oeste departamental, nueve meses después de iniciada la investigación.
En su casa de la barriada colindante al Campo Papa, los efectivos hallaron 159 dosis de cocaína fraccionadas en pequeños envoltorios listos para la venta, 29 cigarrillos de marihuana, teléfonos celulares y 7.500 pesos en efectivo. No hubo resistencia. Sosa y Correa terminaron esposados el citado día por la tarde, un viernes, frente a los vecinos que miraban desde las veredas.
El operativo fue el golpe más reciente contra la red que, según la causa, funcionaba aún con su líder tras las rejas o cuando tenía una salida transitoria de una condena de 15 años que recibió en el 2016 y que estaba a poco tiempo de cumplir.
La Yaqui, detenida en el penal de Cacheuta después de su paso por el Régimen Abierto de Mujeres (RAM) de El Borbollón, aprovechaba las salidas cada 15 días y visitas para seguir coordinando la actividad. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas, tareas de vigilancia y un seguimiento que duró meses, hasta lograr la caída de varios eslabones de la estructura: entre ellos, la joven pareja y la jefa.
De acuerdo con fuentes judiciales, tanto Sosa como Correa intentaron dejar la cárcel. Están imputados por la tenencia de la droga agravado por la participación de tres o más personas.
Sus defensores oficiales buscaron que dejaran la cárcel a través de un pedido de detención domiciliaria. Alegaron que ninguno de los dos tiene antecedentes penales.
Pero los jueces de la Cámara Federal -Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Cursi- entendieron que el riesgo de fuga es alto y que podrían entorpecer la investigación si permanecen en sus domicilios, ya que todavía hay medidas de prueba en curso, incluidos peritajes de los celulares secuestrados. Además, en caso de ser condenados, la pena no sería de ejecución condicional.
El rol que se les atribuye es concreto: Correa habría sido la encargada de gestionar transferencias de dinero y mantener la droga fraccionada en su domicilio, mientras que su novio era colaborador en las maniobras de tráfico. Ambos, detallaron los pesquisas, respondían directamente a los encargados de la Yaqui y rendían cuentas de las ventas. En el medio había otros personajes
Para la Justicia federal, mantenerlos detenidos es clave para evitar que la red vuelva a rearticularse. “La gravedad de los delitos y el pronóstico de pena justifican la continuidad de la prisión preventiva”, sostuvo el tribunal coincidiendo con los argumentos expuestos por la fiscalía, que se opuso tanto un primer pedido ante el juzgado como en la apelación.
Las fuentes agregaron que la causa sigue avanzando. Restan análisis de comunicaciones y declaraciones de testigos que podrían abrir nuevas líneas de investigación. No se descartan más detenciones.
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No son los únicos detenidos
Los allanamientos de fines de junio, revelados por El Sol al igual que la investigación, no solo dejaron tras las rejas a la joven pareja. En la manzana C del mismo barrio, la PCN irrumpió en la vivienda de Daniela Palma y su pareja Gastón Caballero, donde secuestraron más de 200 envoltorios de cocaína, varias bolsas con marihuana fraccionada, casi 160 cigarrillos armados artesanalmente, y 135 mil pesos en efectivo. Allí también se encontraron dos teléfonos celulares que ahora son peritados para determinar la red de contactos.
Los investigadores sostienen que Palma era una de las encargadas de vender la droga y alertar a la organización sobre la presencia policial, mientras que Caballero tenía la función de custodiar la sustancia y mantener el punto de venta en funcionamiento.
En esa propiedad, tal como confirmó este diario durante las medidas, la escena era impactante: la droga fraccionada estaba lista para ser entregada y el dinero se encontraba guardado en sobres.
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Otra línea de la pesquisa se centró en el domicilio de Mauro Jesús Gelvez, hijo de la Yaqui, en el barrio Los Toneles. Allí incautaron una pistola calibre 9 milímetros Browning, un cargador sin numeración y municiones de distintos calibres. Los pesquisas creen que Gelvez cumplía un rol de custodia armada de la organización y que participaba de maniobras de comercialización cuando era necesario garantizar el cobro o la seguridad de la entrega.
En paralelo, se detuvo a Liliana Echeverría, considerada la mano derecha de la Yaqui y pareja del homicida Juan José Piña Marín, condenado en noviembre del año pasado por el asesinato de Kevin Muñoz en el Campo Papa.
Esa mujer era la encargada del fraccionamiento y la recaudación de las ganancias, entendieron los policías de la PCN. Según la causa, la mujer coordinaba el flujo de dinero hacia Vargas y se aseguraba de que las cuentas cerraran en cada jornada de ventas.