El mismo domicilio fue allanado una y otra vez. Cambiaban los vendedores, aparecían nuevos “soldaditos”, algunos terminaban condenados y otros seguían ocupando habitaciones dentro del complejo. Pero el mecanismo, según la investigación federal, nunca se detenía: venta de cocaína y marihuana en pequeñas cantidades las 24 horas, los siete días de la semana, en un conventillo del barrio Pascual Lauriente de Guaymallén que terminó convertido en uno de los puntos narco más vigilados por la Justicia federal y la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) de los últimos tiempos.
La historia judicial y policial del lugar ya acumula siete allanamientos en apenas dos años y una Investigación Penal de Oficio (IPO) impulsada por el Ministerio Público Fiscal Federal, a cargo de la fiscal federal Patricia Santoni y del auxiliar Juan Manuel González, quienes comenzaron a reconstruir una estructura de comercialización que, según la pesquisa, funcionaba con roles definidos, administración de turnos y personas captadas para vender estupefacientes a cambio de un lugar donde vivir.
El expediente tuvo un punto de quiebre: el celular secuestrado a Carla Jorgelina Páez Fernández (42) en el 2024. A partir de ese teléfono, los pesquisas detectaron un patrón que se repetía en cada procedimiento realizado en el complejo habitacional ubicado en Rodeo de la Cruz.
Las tareas de la PCN permitieron establecer que el inmueble funcionaba como una especie de conventillo compuesto por 23 espacios o habitaciones, algunas reforzadas con puertas y ventanas con rejas de hierro reforzadas. Tenía un propietario y rápidamente quedó en la mira. Para los investigadores, ese detalle no era menor: el esquema permitía ir rotando vendedores, ocultar sustancias y sostener la comercialización prácticamente sin interrupciones.
La pesquisa sostiene que Juan Carlos Ortega (61), dueño del lugar, alquilaba las habitaciones sabiendo que allí se desarrollaban maniobras vinculadas al narcomenudeo. Ese rol fue considerado determinado por los pesquisas federales, ya que entienden que facilitaba el inmueble para la comercialización de estupefacientes, una conducta prevista en la Ley 23.737.
Ortega terminó detenido el 1 de abril, luego de otro allanamiento realizado por la PCN en un domicilio de calle Humauca. Allí secuestraron marihuana, un teléfono celular y más de un millón de pesos argentinos, además de dólares, pesos bolivianos y chilenos. Actualmente, permanece con prisión preventiva.
Pero antes de llegar al señalado responsable del complejo, la instrucción ya había acumulado una larga secuencia de procedimientos, detenciones y condenas.
Un celular, determinante
Uno de los primeros nombres que apareció en escena fue el de Carla Jorgelina Páez Fernández, condenada a cuatro años y tres meses de prisión efectiva en mayo del año pasado por comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Fue en un juicio abreviado homologado por el juez de Cámara Gustavo Castiñeira de Dios, donde, además, le declararon la reincidencia.
La sentencia reconstruyó parte de la mecánica que funcionaba dentro del complejo. El 22 de noviembre del 2024, durante un allanamiento, los efectivos observaron cómo un comprador llegó en un Peugeot blanco, realizó un pase de manos desde el portón y se retiró rápidamente a las 17. Fue interceptado poco después con cocaína recién adquirida.
Dentro del domicilio encontraron cocaína escondida en aerosoles de insecticida Raid. Había 86 envoltorios con cocaína y otros 41 envoltorios del polvo blanco granulado, alcanzando más de 65 gramos de droga fraccionada para la venta. Para los investigadores, el hallazgo confirmó algo que ya venían detectando mediante vigilancias: movimientos constantes de compradores durante todo el día.
La fiscal Santoni sostuvo en la acusación que existían denuncias anónimas, seguimientos y maniobras compatibles con comercialización de drogas en el lugar. Pero el dato más importante surgió después, cuando comenzaron a analizar el teléfono secuestrado a Páez Fernández.
De acuerdo con la investigación federal, el aparato permitió descubrir una estructura mucho más amplia. Los pesquisas concluyeron que Páez Fernández y otra mujer, Marcela Arce ( 30), mantenían una relación “muy estrecha” y que ambas eran las organizadoras del funcionamiento del búnker.
Arce, según reconstruyeron las fuentes judiciales consultadas por El Sol, era quien coordinaba los turnos de venta, reponía la droga y organizaba el movimiento interno del lugar. La causa sostiene que manejaba una modalidad de comercialización permanente tipo “24/7”.
El objetivo, según detectaron las fuentes a este diario, era captar personas vulnerables para utilizarlas como vendedores a cambio de ofrecerles vivienda dentro del complejo. Muchas de ellas, familiares. La estructura tenía distintos niveles. En la cima aparecían las organizadoras: Marcela Arce y su amiga directa, Páez Fernández, junto al propietario, con quien tenían mayor contacto, Ortega.
Luego estaban los llamados colaboradores de primer orden: Enzo Julián Salas (26), Gimena Janet Arce Quispe (33) y Malena Micaela Quispe, media hermana de Gimena y también vinculada familiarmente con Marcela Arce.
La investigación sostiene que Gimena y Malena administraban turnos de venta y además comercializaban directamente las sustancias. Ambas respondían a Marcela, quien organizaba el funcionamiento cotidiano del punto de venta.
Todo es parte de lo que, con el paso de los meses, se transformó en una causa considerada de importancia para el Ministerio Público Federal, debido a que demostró cómo las familias sobrevivían a cambio de la venta de drogas.
Salas, pareja de Gimena, también ocupaba un rol fundamental: según la pesquisa, era uno de los encargados de conseguir las sustancias ilegales que luego distribuían el resto de los vendedores.
Más abajo aparecían los colaboradores de segundo orden: Leonela Carranza Díaz, su hermano Martín Carranza Díaz y una menor de edad, todos vinculados al entorno familiar de las hermanas Quispe.
Los allanamientos fueron mostrando el mismo patrón. A Leonela Carranza Díaz le secuestraron unos 45 gramos de droga. El 11 de marzo del año pasado fue el turno de Martín Carranza Díaz, a quien le encontraron 54 gramos de cocaína fraccionada para la comercialización.
Martín terminó condenado en noviembre de 2025 a tres años de prisión en suspenso tras admitir un acuerdo pleno con la fiscalía federal. La investigación había comenzado por una denuncia anónima al Fonodrogas que advertía sobre venta de drogas “a toda hora” en ese mismo sector, esta vez en la D-7, del barrio Pascual Lauriente.
Las vigilancias posteriores mostraron compradores entrando y saliendo constantemente del complejo, casi siempre en las casas 6 y 7 de la manzana D. Todo quedó registrado en fotos y videos de la PCN.
Durante el allanamiento realizado el 27 de diciembre de 2024, los policías observaron otra maniobra típica: un comprador salió del lugar con cocaína recién adquirida. Dentro del inmueble secuestraron 87 envoltorios de nylon con más de 54 gramos de cocaína, celulares y dinero en efectivo.
Aunque inicialmente el expediente apuntaba al comercio de estupefacientes, luego la fiscalía consideró que no podía acreditarse una transacción onerosa concreta y recalificó el hecho como suministro gratuito de drogas. La causa también alcanzó a una menor de edad.
El 23 de septiembre del año pasado, en otro allanamiento, encontraron a la menor que respondía a Marcela Arce, que tenía 2,2 gramos de cocaína. Los investigadores creen que logró deshacerse de gran parte de la sustancia antes del ingreso policial. Por tratarse de una adolescente, quedó afuera del proceso penal principal.
La investigación federal consideró que la utilización de menores y personas vulnerables era parte del funcionamiento habitual del lugar. Los vendedores cambiaban, pero el punto siguió activo durante varios meses.
Eso fue precisamente lo que terminó motivando la Investigación Penal de Oficio impulsada por la fiscalía federal. Entendieron que no se trataba de hechos aislados ni de vendedores independientes, sino de una organización sostenida en el tiempo.
Los teléfonos secuestrados, las vigilancias y los allanamientos permitieron reconstruir cómo se organizaban los turnos, quiénes abastecían la droga y quiénes ocupaban los puestos de venta dentro del complejo.
Según las fuentes consultadas, Marcela Arce prácticamente no realizaba ventas directas. Su función era otra: coordinar. Administraba horarios, definía quién ocupaba cada puesto y controlaba la reposición de sustancias.
La Justicia federal sostiene que el esquema necesitaba de la estructura habitacional para sostenerse. Por eso también quedó bajo la lupa Ortega, acusado de facilitar el inmueble para la venta de drogas.
Actualmente, Ortega permanece detenido con prisión preventiva. Marcela Arce también está imputada y cumple prisión domiciliaria debido a que estaba embarazada al momento de ser detenida. Gimena Janet Arce Quispe y Malena Micaela Quispe también transitan la causa bajo modalidad domiciliaria, mientras que Enzo Julián Salas ya se encontraba detenido en expedientes provinciales.
Los expedientes acumulados durante los últimos dos años evidenciaron un escenario repetido en un búnker con protección: compradores entrando a cualquier hora, droga fraccionada en pequeñas dosis, vendedores que se reemplazaban entre sí y un complejo habitacional convertido, según la acusación, en una estructura permanente de comercialización de cocaína y marihuana en Guaymallén.
Por lo que detallaron las fuentes, la investigación federal continúa abierta y se espera que varios de estos personajes terminen condenados.