Los incidentes del año pasado.

La Justicia dictó este lunes la segunda condena contra uno de los manifestantes antimineros involucrados en los violentos incidentes ocurridos en Uspallata durante enero del año pasado. Esta vez, el fallo recayó sobre Marcelo Daniel Correa (26), quien fue hallado culpable de golpear al presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de esa localidad, Edgardo Segundo Vera, en medio de los disturbios que derivaron en incendios, enfrentamientos y daños durante la inauguración de la entidad.

La sentencia fue dictada por la jueza Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N°2, tras un debate en el que se confirmó la acusación impulsada por el fiscal Juan Manuel Sánchez. La magistrada condenó a Correa a dos meses de prisión de ejecución condicional como autor del delito de lesiones leves dolosas.

La investigación determinó que el 24 de enero del citado año, cerca de las 18, mientras se desarrollaba la apertura de la Cámara de Proveedores Mineros en un local ubicado sobre calle Las Heras, un grupo de manifestantes protagonizó una protesta que rápidamente escaló hacia episodios de violencia.

En ese contexto, y aprovechando el tumulto generado entre manifestantes y efectivos policiales que intentaban controlar la situación, Correa atacó a Vera.

Según quedó acreditado en el expediente y también en el proceso oral, el ahora sentenciado insultó al dirigente minero y le propinó un golpe de puño en el pómulo derecho delante de un efectivo policial que se encontraba en el lugar, tal como confirmaron los testigos que declararon en el caso.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una contusión en el rostro, lesión que demandó menos de un mes de recuperación.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo la acusación y logró demostrar la responsabilidad penal del acusado. Sánchez había solicitado una condena de cuatro meses de prisión durante los alegatos, aunque finalmente la magistrada impuso una pena de dos meses de ejecución condicional y reglas de conducta por el plazo de dos años.

La resolución representó un avance para la fiscalía en la denominada “causa madre” que investiga los graves incidentes registrados aquella tarde en Uspallata. El expediente seguirá a cargo de Sánchez, quien por entonces integraba la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados y actualmente se desempeña en Flagrancia.

Qué fue lo que se investigó en Uspallata

La pesquisa sostiene que los disturbios no fueron hechos aislados. Para los investigadores, existió una organización previa destinada a impedir por la fuerza la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros.

Edgardo Vera.

Cerca de 70 personas participaron de una protesta convocada por sectores antimineros que derivó en enfrentamientos, daños, lanzamiento de proyectiles e incendios.

La primera condena vinculada a esos hechos recayó en febrero del año pasado sobre Miguel Pablo González, conocido como “El Monstruo”. A través de un juicio abreviado (pactó la pena con la fiscalía luego de admitir los hechos), recibió una pena de tres años de ejecución condicional por generar incendios y por el delito de agrupación para la coerción ideológica.

Para la fiscalía, González integró un grupo que buscó imponer sus ideas mediante la violencia y el temor para impedir el desarrollo del acto minero. La condena constituyó un respaldo a la teoría del caso impulsada por los pesquisas y abrió el camino para el avance de otros expedientes derivados de aquella protesta, tal como informó El Sol el 25 de febrero del año pasado.

Entre ellos se encontraba precisamente la compulsa que permitió juzgar a Correa por la agresión contra Vera. Esa instrucción paralela concluyó ahora con la nueva sentencia condenatoria que ratificó la reconstrucción de los hechos realizada por el Ministerio Público.

Mientras tanto, la causa principal continúa avanzando hacia una nueva etapa. Fuentes judiciales indicaron que se encuentran próximos a ser enviados a juicio otros imputados considerados piezas centrales dentro de la protesta, entre ellos Federico Soria, Mauricio Cornejo y una hija de González.

De esta manera, a casi un año y medio de los incidentes que sacudieron a Uspallata y colocaron a Mendoza en el centro del debate sobre la actividad minera, la fiscalía se prepara para llevar al banquillo a los otros tres acusados por una jornada que terminó con violencia, incendios y ataques contra personas vinculadas al sector minero.