En un juicio abreviado, uno de los cuatro detenidos por los incidentes del 24 de enero en Uspallata, fue condenado 3 años de ejecución condicional por generar incendios y por el delito de agrupación para la coerción ideológica, establecido por el 213 bis del Código Penal.
Los serios incidentes provocados por manifestantes antimineros el 24 de enero en Uspallata, con el objetivo de interrumpir la apertura de la Cámara de Proveedores Mineros, dejaron un saldo de cuatro personas detenidas que, según entiende la fiscalía, formarían parte de una agrupación que se organizó para realizar estos disturbios.
Uno de ellos, identificado como Miguel Pablo “Mostro” González tuvo un juicio abreviado a cargo de la jueza Amalia Yornet, quien determinó la pena de tres años de prisión en suspenso o de ejecución condicional. De esta forma, quedará en libertad pero todo quedará sujeto a su conducta fuera de la cárcel.
Inicialmente, hubo dos manifestantes detenidos a fines de enero (uno de ellos González) y este lunes se sumaron otros dos en Uspallata. Todos fueron imputados por el fiscal Juan Manuel Sánchez por el delito de agrupación para la coerción ideológica, tal como lo establece el artículo 213 bis del Código Penal.
Este artículo prevé una condena de entre 3 y 8 años de cárcel para quienes formen parte de agrupaciones permanentes o transitorias que “tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación”.
Todavía resta definir el futuro judicial de los otros tres detenidos.
Qué fue lo que pasó en Uspallata
El 24 de enero, un grupo de aproximadamente 70 personas protagonizó graves incidentes en Uspallata durante la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros. La protesta había sido convocada por sectores ambientalistas y rápidamente derivó en hechos de violencia.
Los manifestantes, que rechazan la actividad minera en la región, se enfrentaron con empresarios del sector, arrojaron proyectiles y corearon consignas contra las autoridades presentes.
Según registros audiovisuales difundidos en redes sociales, algunos participantes prendieron fuego comercios cercanos a la sede de la asociación.
La tensión aumentó cuando los manifestantes destruyeron mobiliario con la intención de frenar el evento minero. Ante esta situación, intervinieron efectivos del Cuerpo de Infantería y Grupos Especiales de la Policía, quienes lograron restablecer el orden.