Era una noche más de septiembre cuando las cámaras de seguridad de la rotonda de calle San Martín (ruta 15) y Quintana, pasando el puente del Río Mendoza, en Perdriel, captaron una escena que parecía sacada de una película de mafiosos. Un joven descendió de un colectivo de la línea 700 y tres sujetos lo interceptaron con violencia en la parada, a dónde lo tuvieron arrinconado algunos segundos. Al mismo tiempo, una Ford EcoSport blanca que esperaba a pocos metros se aproximó al lugar luego de ser llamada con un gesto por uno de los agresores.
La conductora, una mujer de contextura robusta, vistiendo zapatillas blancas, pantalón corto y remera rosada, descendió de ese vehículo y se sumó a la agresión con golpes de puño y una patada para introducir al rodado a la persona atacada.
Norma Edith Gamboa Pallero, conocida en las barriadas de la zona como “Pelusa“, es la protagonista principal de esta historia que motivó nuevamente su traslado a la cárcel por resolución de la fiscal de Delitos No Especializados Virginia Rumbo, esta vez imputada de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia.
El confuso hecho ocurrido el miércoles 17 a las 22.42 (horario de cámaras), no fue un arranque de violencia fortuito. Ese mismo día, a las 9, la mujer había recibido una dura condena unificada de 8 años de cárcel en los Tribunales Federales durante un juicio abreviado por tenencia y venta de drogas. Según la investigación judicial del hecho ocurrido en Perdriel, la víctima fue un joven a quien conocían, quien supuestamente mantenía una relación sentimental con la hija de Gamboa.
Esa versión que hicieron circular inicialmente sostenía que el ataque habría sido una represalia por una infidelidad, pero los investigadores tomaron esta explicación “con pinzas”, sospechando que detrás del “secuestro” podrían esconderse motivos más oscuros vinculados al mundo del narcotráfico que “Pelusa” conoce como la palma de su mano por su pasado más reciente y quiénes son su pareja y la cuñada.
La detención de Gamboa Pallero, que se concretó luego de un allanamiento en su casa, cuando los detectives policiales y judiciales creían que podían estar frente a un caso de gravedad y trabajaron durante horas en tareas de inteligencia, no solo representó el fin del beneficio de detención domiciliaria al que había accedido para cuidar a sus hijos, sino que puso nuevamente bajo la lupa a una de las organizaciones criminales vinculada al tráfico de sustancias ilegales más consolidadas del Gran Mendoza.
Esto porque la mujer no es una delincuente común: forma parte del núcleo duro de una estructura familiar que en los últimos años controló buena parte del narcomenudeo y el tráfico de sustancias a grandes escalas teniendo de base Luján de Cuyo, operando con la precisión de una empresa y vinculada con maniobras de lavado de dinero.
Su historia criminal se remonta al menos al 2020, cuando cayó junto a su pareja Leonardo Fabio Cruz, alias “Bicho” o “Bichito”, en un operativo de la Policía federal que desarticuló una red de narcotráfico que comercializaba entre 200 y 300 dosis de cocaína y marihuana por hora.
La investigación, que duró diez meses, reveló que la organización tenía una estructura jerárquica definida: “Bicho” como jefe, “Pelusa” como operadora y acopiadora, y una red de soldaditos que custodiaban las zonas de venta y alertaban sobre la presencia policial. El secuestro de aquel operativo fue contundente: 25 kilos de cocaína distribuidos en diferentes domicilios, 6 kilos de marihuana, entre 300 mil y 400 mil pesos en efectivo y 15 detenidos.
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Pero lo que más llamó la atención de los pesquisas fue el nivel de sofisticación de la operación. La banda tenía al menos cuatro puntos de venta, un búnker para almacenar la droga y había invertido sus ganancias en una vivienda en el barrio privado Valle Verde. Como modus operandi, los estupefacientes eran trasladados de una casa a la otra durante las noches para evitar detecciones, y contaban con la complicidad de vecinos que fraccionaban la sustancia a cambio de unos pocos pesos.
El “Bicho” Cruz no era un delincuente improvisado. A los 25 años ya arrastraba un historial criminal que incluía su presunta participación en el crimen de un adolescente de 16 años durante los festejos de año nuevo de 2016. Eduardo Taquichiri murió de un balazo en la frente en medio de una balacera entre bandas que se disputaban el control del narcotráfico en el barrio Juan XXIII del otrora Bajo Luján. Aunque el “Bicho” fue detenido, lo liberaron por falta de pruebas y el asesinato quedó impune.
La criminalidad parecía ser parte de la vida cotidiana de los Cruz. El padre de Leonardo, Fabián Huanca, conocido como el “Boliviano”, también es un reconocido malviviente que durante su paso por el penal de Boulogne Sur Mer se convirtió en “pluma” (líder de pabellón) con decenas de reclusos bajo su influencia. Las fuentes policiales que hablaron con El Sol en su momento confirmaron que “Bicho” mantenía contacto directo con su padre y con otros personajes del hampa mendocino, consolidando una red delictiva que trascendía generaciones.
La peligrosidad de esta estructura familiar también quedó marcada por la participación de Yanet Maricel Cruz, hermana de Leonardo y cuñada de “Pelusa” Gamboa. A los 33 años, Yanet fue identificada por los investigadores como la jefa operativa de una red familiar dedicada al tráfico de drogas que operaba desde una pollería en su vivienda, incluso mientras cumplía arresto domiciliario por causas anteriores.
Este año, y estando embarazada, la mujer fue sentenciada 6 años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia. Las pruebas fueron contundentes: había movido más de 130 millones de pesos en un año, una cifra imposible de justificar con actividades laborales legítimas.
La investigación que llevó a la caída de Yanet Cruz comenzó de manera fortuita en enero pasado, cuando policías de la Unidad Investigativa de Luján realizaban un procedimiento rutinario por abuso de armas y descubrieron más de 12 kilos de cocaína y marihuana en una casa del barrio Nueva Vida.
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Allí detuvieron a Florencia Daniela Castillo Benicio, pero el análisis de sus teléfonos reveló la conexión con Yanet, quien coordinaba entregas, organizaba puntos de acopio y dirigía las operaciones de distribución con la precisión de una ejecutiva criminal.
El historial de Yanet Cruz incluía además su vinculación como supuesta autora intelectual del homicidio del jornalero Hugo Humberto Bordón en 2020, un vecino que vivía frente a su casa al que acusaron de pasar información a la policía, aunque recuperó la libertad por falta de pruebas.
La estructura criminal de los Cruz-Gamboa controlaba territorios específicos en Perdriel y Ugarteche, habían establecido un sistema de turnos para custodiar la mercadería, y contaban con mecanismos que les permitían invertir en bienes inmuebles y vehículos de alta gama. El “Bicho” se movilizaba en automóviles 0 kilómetro y “vestía pilcha de marca”, según recordaron los vecinos que hablaron con este diario, mientras “Pelusa” se encargaba de las operaciones logísticas y de seguridad.
La caída de la organización en 2020 no significó su desarticulación definitiva. el “Bicho” permanecía en prisión, su mujer intentó recomponer su vida mientras permanecía con prisión domiciliaria. Sin embargo, quienes la conocen la marcaron como una mujer violenta. Esto la llevó a protagonizar nuevamente un hecho de gravedad la semana pasada.
La condena que recibió este 17 de septiembre por tenencia de drogas con fines de comercialización, horas antes del hecho que motivó su captura nuevamente, fue el resultado de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad penal de un caso que investigó la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en enero del 2024.
Terminó con una pena unificada de 8 años de prisión y la declaración de reincidencia. Gamboa Pallero había sido sentenciada previamente el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 a 6 años de prisión, pena que debía cumplir hasta noviembre de 2026. Ese nuevo caso llevó a los jueces a unificar las condenas en el juicio abreviado.
En el reciente expediente que iniciaron contra “Pelusa” las cámaras de seguridad captaron cómo descendió de su vehículo para participar activamente de la privación de la libertad del joven, propinándole una patada mientras otros sujetos lo golpeaban y lo introducían a la fuerza en la EcoSport blanca.
Los tres sujetos que participaron en la privación ilegítima de la libertad permanecían sin ser detenidos, lo que sugirió al mismo tiempo que Gamboa Pallero mantenía operativa una red de colaboradores dispuestos a ejecutar acciones violentas bajo sus órdenes.