Hace menos de un mes se convirtieron en ley las modificaciones en el régimen de flagrancia en el Código Procesal Penal, impulsadas por el Gobierno. Entre los cambios más significativos, se crearon nuevas unidades especializadas en el Ministerio Público Fiscal. Este lunes, una resolución oficializó las designaciones de los investigadores con una serie de novedades que no pasaron desapercibidas.
Entre los cambios más importantes se destaca la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia a cargo de estos delitos, aquellos en los que el delincuente es atrapado en el momento mismo del hecho o inmediatamente después. Esta comenzará a entrar en vigencia en poco más de un mes.
Será Fernando Giunta el fiscal responsable en jefe, quien actualmente encabeza la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. De esta manera, se abrirá en los próximos meses una vacante en esa fiscalía especializada que será cubierta por la vía de un concurso.
Uno de los datos más llamativos de la resolución es la incorporación de Florencia Díaz Peralta como responsable de la Fiscalía de Instrucción N°17. La designación generó “ruido” en el Ministerio Público, porque hace poco más de un año, fue designada como fiscal de Homicidios en reemplazo de Carlos Torres, quien pasó a ser juez.
De esta forma, dejará este cargo en las próximas semanas. Por lo que detallaron fuentes del Polo Judicial, el procurador Alejandro Gullé le explicó los motivos del cambio a Díaz Peralta la mañana de este lunes, pero los argumentos no fueron suficientes para conformar a la investigadora.
Se espera que este cargo que deje vacante sea cubierto en los próximos días y ya hay algunos nombres que suenan internamente. El apuntado sería un fiscal con experiencia en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.
Las vacantes cubiertas a partir de la nueva ley de flagrancia
Con la aprobación de los cambios a la ley 9.703, la resolución de este lunes de la Procuración oficializa la Unidad Fiscal de Flagrancia, que tendrá competencia en los trámites en casos de flagrancia. Con respecto al Gran Mendoza, funcionará en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial y tendrá como fiscal jefe a Giunta, quien tendrá a cargo todas las citadas fiscalías.
Esta Unidad Fiscal estará compuesta por la fiscalía N°12 a cargo de Juliana Labayru (actualmente en Robos y Hurtos), la fiscalía N° 17 a cargo de Florencia Díaz Peralta (Homicidios), la fiscalía N°30 a cargo de Juan Carlos Alessandra (Correccional); la fiscalía N°40 a cargo de Juan Manuel Sánchez (Delitos No Especializados) y la fiscalía N°42 a cargo de Darío Nora (Delitos Sexuales), esta última creada a partir de la resolución.
Por otro lado, mediante la resolución se contempla la creación de la Secretaría de Flagrancia de la Segunda Circunscripción Judicial en el ámbito de la Unidad Fiscal de San Rafael; y la Secretaría de Flagrancia de la Tercera Circunscripción Judicial, en el ámbito de la Unidad Fiscal de San Martín-La Colonia.
La competencia de delitos en estas circunscripciones permanecerá en cabeza de los fiscales departamentales, quienes deberán aplicar dicho procedimiento dentro de sus
respectivas jurisdicciones.
Cabe destacar que la Unidad Fiscal de Flagrancia intervendrá en los supuestos de aprehensión en flagrancia cuya pena máxima no supere los 20 años de prisión y se excluyen los casos de violencia de género, que continuarán a cargo de la Unidad Fiscal específica de la temática.
Por otro lado, los cambios de esta ley entrarán en vigencia durante la segunda semana de junio, aunque se desconoce cuándo iniciaría el funcionamiento de la nueva Unidad Fiscal.
Cuáles son los cambios de la normativa
La iniciativa fue aprobada definitivamente el 31 de marzo en la Cámara de Senadores (tenía media sanción en Diputados en febrero). Integra un conjunto de reformas que promovió el Ejecutivo para modificar el funcionamiento del sistema penal.
Más allá de la creación de estas fiscalías especializadas, también se introducen modificaciones en distintos artículos del Código Procesal Penal para las etapas del procedimiento.
Por ejemplo, se modifican los plazos para formular imputaciones a los sujetos que son sorprendidos realizando el delito, así como también se extiende el plazo a 10 días para recoger pruebas que la faciliten.
También modifica el artículo que se refiere al procedimiento directísimo, para obligar a que la solicitud de prisión preventiva por parte del fiscal se realice en la audiencia inicial.
Esto con el objetivo de que en un mismo acto se debatan las medidas de coerción y la eventual resolución anticipada del proceso, evitando fragmentaciones “innecesarias”.
Además, modifica la audiencia de finalización con el objetivo de agilizarla. Se incorpora la posibilidad de que el imputado se exprese libremente, se formaliza la inclusión de prueba digital y se establece la obligación del juez de dictar sentencia en el mismo acto o en un plazo breve.
El proyecto también prevé que la Suprema Corte de Justicia y los organismos competentes adecuen sus protocolos y sistemas de turnos para garantizar el cumplimiento de los nuevos plazos.