Tras casi seis meses de audiencias en el Polo Judicial, la jueza Claudia Daniela Tula resolvió este miércoles dictar la prisión preventiva para el núcleo duro de integrantes señalados como parte de la estructura de la presunta organización criminal que operó en el Gran Mendoza y que tiene como principales acusados a un policía y a un reconocido asaltante y narco de Guaymallén.
La resolución alcanzó a Darío “Huevo o Hitman” Zuleta, José Alejandro Figueroa Godoy, Ricardo Muller, Miguel Osvaldo Cardozo y Claudio Daniel Montoya, entre otros, quienes continuarán detenidos en la cárcel. En cambio, para Lelio “Vizcacha” Torres la magistrada mantuvo la misma decisión, pero bajo arresto domiciliario. Las calificaciones fueron asociación ilícita y robo agravado.
En la misma audiencia, desestimó el pedido de medida cautelar para Leonardo Darío Salinas Pedroza y Jesús Sebastián Rodríguez Quiroga, quienes recuperaron la libertad luego del pago de una caución (de 2 y 5 millones de pesos ) y seguirán vinculados al proceso sin prisión preventiva. De todas formas, trascendió que el Ministerio Público apelará para intentar que ambos sospechosos lleguen a debate.
El fiscal del caso es José Manuel García Mango; mientras que los abogados Lucas Lecur (Zuleta), Emiliano Marlia y Franco Migliavacca (Salinas Pedroza), Sicolás Segovia (Rodríguez Quiroga), Juan Manuel Qujano (Torres y Figueroa) y Osvaldo Stroppiana, de la Defensoría de Pobres y Ausentes (Montoya, Muller y Cardozo) también participaron del extenso proceso.
Los presuntos organizadores
La investigación revelada por El Sol, que se inició en marzo del año pasado y fue unificando distintos expedientes por robos, tiene como principales señalados al oficial inspector Sergio Joel Antúnez Ladino, quien prestaba funciones en la Comisaría 44ª de Guaymallén, y a Darío Emiliano Zuleta Sosa.
Antúnez ya había sido alcanzado por la prisión preventiva en octubre. En un primer momento se le concedió el beneficio de la detención domiciliaria, pero esa medida fue revocada por riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio y actualmente permanece alojado en la penitenciaría. Tanto él como Zuleta están acusados de haber organizado la estructura delictiva que, según la hipótesis de la causa, actuó de manera sostenida desde 2023 hasta comienzos del 2025.
Justamente, el fiscal de Robos y Hurtos García Mango sostuvo que la organización tenía división de roles y que llegó a contar con casi 30 integrantes. A los cabecillas les atribuyó la planificación de al menos 16 hechos, entre asaltos, escruches, salideras y entraderas, algunos de alto impacto económico.
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Pruebas, escuchas y 32 allanamientos
Uno de los puntos centrales del pedido de preventiva fue el resultado de 32 allanamientos realizados el 14 de agosto en Guaymallén, Las Heras, Maipú y Godoy Cruz. En esos procedimientos se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, alrededor de 6 millones de pesos en efectivo, sumas en dólares y euros, armas de fuego, inhibidores de alarma, chalecos antibalas, municiones y documentación de vehículos.
También fue incautada una Ford Territory negra que habría sido utilizada en el golpe al barrio cerrado La Bajada, donde la banda se habría alzado con 12 millones de pesos, 15.000 euros, 15.000 dólares y joyas.
La acusación se apoyó además en escuchas telefónicas, análisis de antenas de telefonía, seguimientos, peritajes vehiculares y declaraciones testimoniales, entre ellas la de un policía que, según la investigación, aportó información clave sobre el funcionamiento interno del grupo antes de los primeros procedimientos.
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Los hechos atribuidos
El expediente reconstruye una secuencia de golpes que incluyó robos a viviendas en Guaymallén, asaltos con inhibidores de alarma en vehículos estacionados y un ataque armado en la estación de servicio YPF San Sergio, en calle 25 de Mayo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Antúnez aportaba información sensible vinculada a domicilios, rutinas y movimientos de potenciales víctimas, mientras que Zuleta coordinaba la logística, el reparto de tareas y el manejo posterior de los bienes sustraídos. Parte del dinero, según los pesquisas, habría sido canalizado mediante billeteras virtuales a nombre de terceros.
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Libertades durante la instrucción y nuevos detenidos
Durante la etapa de instrucción, el fiscal otorgó recientemente la libertad a otros imputados: el policía Fausto Gómez, los hermanos Roberto y Carlos Cuenca, Marcos Irazabal y Juan Alberto Chodiman Pailan, este último sindicado en un primer momento como posible integrante de una organización extranjera, hipótesis que luego fue descartada.
La megacausa, sin embargo, continuó ampliándose. Entre enero y febrero de este año se sumaron cinco nuevos detenidos: Jonathan Aroma Meza y Víctor Emanuel Suárez Cabrera, capturados el 14 de enero; Maximiliano Emanuel García Robledo, imputado el 26 de febrero; y César Omar Peralta Calderón, detenido el 27 de febrero. Todos quedaron incorporados al expediente y el fiscal ya hizo el pedido de prisión preventiva, aportaron fuentes del caso.
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Los hechos y la causa federal del “Huevo”
La reconstrucción de los investigadores atribuye a la presunta asociación ilícita una secuencia de hechos de inseguridad cometidos entre 2023 y comienzos del 2025 en distintos puntos del Gran Mendoza.
El patrón, según la acusación, combinaba tareas de inteligencia previa, selección de objetivos con alto poder adquisitivo y ejecución coordinada. Entre los primeros episodios figura el robo a una vivienda de calle Rosario Vera, en Guaymallén, donde fue violentada una caja fuerte tras un ingreso sin moradores.
En junio de ese año, el expediente ubica al grupo en un asalto en calle Darwin, también en Guaymallén, del que se llevaron 12.000 dólares, 2.500.000 de pesos chilenos, un dron y equipos electrónicos.
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La pesquisa sostiene que antes del golpe hubo comunicaciones entre los señalados integrantes y movimientos de vehículos luego identificados en peritajes. En el barrio Unimev III, se registró otro escruche donde sustrajeron una notebook y diversos objetos, presuntamente utilizando un Renault Logan rojo.
La secuencia continuó en marzo del año pasado, en el barrio Vista de Elena, en Rodeo del Medio, Maipú. Allí, de acuerdo con los pesquisas, ingresaron a una casa y se alzaron con un millón de pesos, mil dólares y artículos electrónicos. Huyeron en un Toyota Corolla con patente adulterada.
Días después, en Guaymallén, vulneraron con un inhibidor de alarmas un Volkswagen Vento estacionado frente al Club San José y sustrajeron equipaje, dinero y documentación; una de las tarjetas robadas fue utilizada luego para comprar llantas de camioneta en Las Heras.
En abril, la investigación les atribuye un asalto a mano armada en la estación de servicio YPF San Sergio, en calle 25 de Mayo, cuando sorprendieron a empleados de una empresa de seguridad que retiraban la recaudación.
Finalmente, el 1 de mayo, el grupo habría concretado uno de los golpes de mayor impacto en el barrio cerrado La Bajada, en Guaymallén: según la teoría del caso, se llevaron 12.000.000 de pesos, 15.000 euros, 15.000 dólares y joyas, utilizando una Ford Territory negra que luego fue secuestrada en los allanamientos.
En paralelo a la causa provincial, Zuleta quedó bajo la lupa de la Justicia federal. En ese expediente, el señalado como uno de los jefes de la asociación ilícita fue imputado como presunto proveedor de estupefacientes, tras el análisis de teléfonos secuestrados en otra investigación por drogas.
La acusación sostiene que abastecía a una mujer detenida en Godoy Cruz con casi medio kilo de cocaína destinada a la comercialización y que coordinaba precios y cantidades a través de mensajes.
El juez federal interviniente le dictó la prisión preventiva a pedido de la fiscal Patricia Santoni. Los peritajes detectaron además movimientos por alrededor de 40 millones de pesos durante 2024 y 50 millones en lo que iba de este año a través de billeteras virtuales, sin actividad formal registrada.
Durante el allanamiento en su casa del barrio Progreso, en Guaymallén, se secuestraron siete teléfonos celulares, dinero en distintas monedas y 60 envoltorios de cocaína con un peso total de 31,1 gramos, además de una balanza digital y marihuana, elementos que quedaron incorporados a la causa federal.