El Gobierno nacional proyecta una reducción de hasta el 17% en los precios de los combustibles para principios de septiembre y confía en que esa medida contribuya a profundizar el proceso de desaceleración de la inflación. En la Casa Rosada sostienen que las naftas permanecerán sin cambios durante los próximos 45 a 60 días para que las petroleras recuperen parte del margen que resignaron al no trasladar completamente el aumento internacional del petróleo a los surtidores durante los últimos meses.

La estrategia oficial parte de la caída que registró el precio internacional del petróleo Brent, que volvió a niveles cercanos a los de febrero tras el incremento provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Durante ese período, las compañías petroleras, encabezadas por YPF, aplicaron un esquema que evitó reflejar íntegramente el alza del crudo en el mercado local. Ahora, el Ejecutivo considera que existe margen para una corrección a la baja, aunque primero permitirá que las empresas recompongan parte de la rentabilidad perdida.

De concretarse esa reducción, la nafta súper pasaría de los actuales $2.047 a alrededor de $1.699 por litro, mientras que la premium descendería de $2.244 a unos $1.863. Si bien esos valores no implicarían un regreso completo a los precios de febrero, sí borrarían buena parte de los aumentos aplicados en marzo, cuando la súper había escalado un 24,2% y la premium un 19,6% como consecuencia del encarecimiento del petróleo.

En el Gobierno consideran que una baja nominal en los combustibles podría convertirse en un factor clave para reducir la inercia inflacionaria. La expectativa oficial es que el Índice de Precios al Consumidor continúe descendiendo luego del 2,1% registrado en mayo y de una proyección inferior al 2% para junio.

En ese escenario, algunos funcionarios sostienen que la inflación podría acercarse a cero en septiembre, aunque reconocen que el resultado dependerá también de la evolución del tipo de cambio, del precio internacional del crudo, de la política tributaria y del comportamiento del resto de los precios regulados.

Uno de los elementos que todavía genera incertidumbre es el impuesto a los combustibles. En los últimos meses, el Ejecutivo aplicó únicamente actualizaciones parciales y postergó buena parte de los incrementos acumulados desde 2024 para evitar un impacto sobre los precios. Sin embargo, una eventual normalización de ese esquema podría reducir el margen para que las petroleras trasladen la esperada baja a los surtidores. En la Casa Rosada, de todos modos, consideran que el precio de los combustibles tiene un peso económico y político que excede su incidencia directa sobre el índice de inflación, debido a su impacto sobre los costos logísticos, el transporte y las expectativas de consumidores y empresas.