Después de varias semanas a la defensiva, erosionado políticamente por el caso Manuel Adorni y por una agenda pública que comenzó a correrse de sus prioridades y objetivos originales, el presidente Javier Milei se muestra decidido a recuperar la iniciativa. Y hacerlo de la manera que más le interesa: agitando la política a su manera, pero con una receta clásica al fin de cuenta, copando de señales a sus aliados en las provincias.
No se trata sólo del encumbramiento de Diego Santilli en el doble rol de jefe de Gabinete y ministro del Interior o del intento de reconstruir los puentes algo deteriorados con sectores aliados que habían comenzado a exhibir signos no sólo de impaciencia, sino dando movimientos autónomos peligrosos para la Rosada.
Detrás de todo existe una necesidad más profunda y estratégica: despejar desde ahora el camino hacia la reelección presidencial de Milei en el 2027 y garantizar las condiciones políticas para sostener un programa económico que todavía no termina de mostrar beneficios extendidos hacia la mayor parte de la sociedad.
La estabilización macroeconómica continúa siendo el principal activo político del Gobierno. La desaceleración de la inflación, el ordenamiento fiscal y la recuperación de ciertos sectores vinculados a las finanzas, la energía y algunos segmentos exportadores constituyen logros que el oficialismo exhibe como la prueba de que el rumbo elegido es el correcto. El problema es otro, tantas veces dicho desde estas líneas: la economía real, aquella que determina el humor social y termina definiendo las elecciones, sigue sin filtrar el aceite sublime tan anhelado y soñado. Con lo que la economía que interesa de verdad, la que vota en masa, aún continúa en su andar zombie.
Quizás por eso la Casa Rosada decidió volver a acelerar una agenda política que combina necesidades electorales, reformas económicas pendientes y medidas de ajuste estructural que todavía considera indispensables.
Entre ellas aparece nuevamente la discusión sobre el sistema electoral. El objetivo del oficialismo sería suspender las PASO nacionales, privando al peronismo en este caso de un instrumento que le podría permitir ordenar liderazgos y procesar sus disputas internas. La fragmentación actual del justicialismo nacional convierte esa herramienta en un activo que el Gobierno, al menos hoy y como suele ocurrir con quien gobierna, preferiría neutralizar.
En paralelo, vuelve a tomar fuerza una ingeniería electoral que contempla la posibilidad de habilitar colectoras presidenciales limitadas. El esquema permitiría que gobernadores aliados pudieran adherir a la candidatura presidencial de Milei sin resignar completamente sus identidades políticas locales. La fórmula que circula contempla un candidato presidencial acompañado por hasta dos listas de candidatos nacionales en cada provincia.
La idea no genera rechazo en varios gobernadores dialoguistas. Tampoco en Mendoza, aunque no la necesite quizás como otras provincias. Alfredo Cornejo comprende que la continuidad del acuerdo político con Milei puede ofrecerle una ventaja decisiva hacia 2027: la promesa, explícita o implícita, de que la Casa Rosada no interferirá en la sucesión provincial impulsando un candidato propio competitivo para la gobernación.
Como también ya se ha dicho, no es un detalle menor. En el universo político mendocino hace tiempo se ensayan nombres para la carrera sucesoria. Del lado del oficialismo provincial aparecen el ministro de Gobierno, Natalio Mema; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; y el intendente capitalino, Ulpiano Suarez. Del otro lado de la alianza, aunque con aspiraciones propias, continúa orbitando la figura de Luis Petri, quien nunca ha ocultado su deseo de disputar la gobernación ahora bajo el paraguas político de La Libertad Avanza.
La conveniencia mutua del acuerdo es evidente, como lo ha sido desde que se insinuó en marzo pasado en Nueva York, en ese encuentro fugaz entre Cornejo y Milei y entre Cornejo y Karina Milei. Al menos por ahora todo sigue igual y se mantiene. Milei necesita gobernadores que le aporten legisladores mientras sigue en el juego de consolidar su estructura política. Cornejo necesita preservar el control de la sucesión provincial para cuando ya no esté al frente. Pero la política, por sí sola, difícilmente alcance.
Porque más allá de las alquimias electorales y de las reformas institucionales que puedan diseñarse para mejorar las posibilidades del oficialismo nacional, existe una variable mucho más determinante y de sentido común: la percepción económica de la sociedad.
El Gobierno avanza simultáneamente con iniciativas destinadas a profundizar el programa de desregulación económica, impulsar herramientas como el denominado súper RIGI para atraer inversiones de magnitud inédita en el país y promover reformas de alto impacto fiscal y social, como las modificaciones al régimen de zona fría. La apuesta es clara: generar condiciones para un shock inversor capaz de transformar sectores completos de la economía argentina. Shock, que siempre vale aclarar, brilla por su ausencia.
Cuándo y cómo esos beneficios comenzarán a percibirse más allá de un conjunto limitado de actividades configura la gran incógnita a develar.
La preocupación no es exclusiva del gobierno nacional. También alcanza a Mendoza. La provincia depende, desde luego, de la estabilidad macroeconómica. Pero depende igualmente de una economía local cuyos motores históricos —el comercio, la vitivinicultura, la agroindustria, parte del petróleo, la metalmecánica y las exportaciones asociadas a esos sectores— continúan exhibiendo dificultades para recuperar dinamismo.
Y depende, además, de una dirigencia empresaria que, especialmente en sus sectores más poderosos y consolidados, parece continuar observando el escenario con más cautela que decisión, incluso cuando muchos de esos actores mantienen relaciones económicas directas con el Estado a través de contratos y emprendimientos públicos.
La discusión de fondo, entonces, no es solamente electoral ni exclusivamente política. Es económica y cultural. La Argentina de Milei necesita que la estabilización se transforme en crecimiento. Mendoza necesita que la estabilidad se convierta en inversión.
Si la macroeconomía lograra, como se espera que lo haga, ordenar las variables clave, pero si aun así no consigue alterar la vida cotidiana de la mayoría, las mejores arquitecturas y alquimias electorales terminarán mostrando sus límites. Y porque si Mendoza no encuentra un shock de inversión capaz de alterar su actual marcha anodina, la provincia corre el riesgo de quedar atrapada en un equilibrio al que algunos le sacan su jugo, los menos; pero un jugo prohibido para la inmensa mayoría.