Una investigación reservada que comenzó con un mensaje revelador terminó desenmascarando una presunta organización criminal que operaba desde adentro de una comisaría del Gran Mendoza. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos trabaja desde hace meses sobre un caso que involucra al oficial inspector Sergio Joel Antúnez (33), un policía que durante años cumplió funciones en la Comisaría 44ª del barrio Unimev de Guaymallén, y que actualmente está imputado y en la cárcel como jefe de una asociación ilícita dedicada a entraderas, escruches y asaltos domiciliarios. El caso tiene hasta ahora seis detenidos, algunos prófugos identificados y el testimonio clave de un compañero de fuerza que decidió romper el silencio.
El punto de partida fue una información que llegó el 14 de marzo a la cúpula de Investigaciones. Una fuente no identificada advirtió en un primer momento que un policía de apellido “Antúnez”, apodado “el Gordo Joel” o “Cachi”, estaba implicado en actividades delictivas desde hacía años.
El aviso mencionaba incluso que el uniformado tenía en su poder un dron robado en uno de los golpes, que usaba dos celulares y que preparaba o planeaba un golpe contra una famosa empresaria trans de la noche mendocina con el dato de que esta supuestamente manejaba grandes cantidades de dinero por las diversas actividades que desarrollaba.
Al principio, el informante no quiso ser entrevistado y se conctactó con la titular de Asuntos Internos de la Inspección General de Seguridad (IGS). Pero tres días después, el 17 de marzo, cambió de parecer. Un efectivo de Robos y Hurtos de Investigaciones tuvo contacto con él por pedido de la responsable de esa División y se presentó como auxiliar primero de la Comisaría 44ª (se reserva su identidad por pedido de las fuentes que hablaron con El Sol), y aportó datos que sacudieron los cimientos de la fuerza.
Relató que Antúnez se hacía amigo de los detenidos en la dependencia y, una vez en libertad, les brindaba información privilegiada para concretar robos domiciliarios, algunos de ellos violentos. Según dijo, así fue como tejió vínculos con Claudio Daniel Montoya -apodado el “Cordobés”- y otros miembros de una banda delictiva con base en la zona Este del Gran Mendoza.
El auxiliar declaró con el paso de las semanas en el expediente (lo hizo cuando la causa estaba secreta) y no se limitó a señalar nombres. Describió con detalle cómo operaba la organización: dijo que Antúnez liberaba zonas, usaba su rango y conocimiento interno para armar golpes y hasta coordinaba el uso de chalecos policiales para simular allanamientos de policías de Investigaciones o procedimientos con total impunidad. Los relatos fueron respaldados luego por datos técnicos y el análisis de hechos previos.
El dron: la prueba que unió las piezas
Uno de los casos que permitió a la División de Robos y Hurtos de Investigaciones comprobar parte del relato fue el robo cometido el 27 de junio de 2024 en una vivienda de calle Darwin, en Guaymallén. La víctima denunció el robo de 12 mil dólares, una computadora, cámaras, relojes y un dron DJI, entre otros objetos. Días después, según el auxiliar que habló ante el fiscal José Manuel García Mango y la jefa de la Unidad Fiscal de RyH, Paula Quiroga, Antúnez fue visto ofreciendo un dron con esas mismas características a precio “irrisorio”.
También se investigó un robo ocurrido el 21 de abril de esta año en la estación de servicio YPF de calle 25 de Mayo, donde se sustrajo la recaudación que una empresa de seguridad privada estaba retirando. Los investigadores policiales y judiciales vincularon ese golpe a una célula de la banda de Antúnez.
Pero uno de los casos más graves es el asalto que habría sido facilitado por la propia información del oficial. A comienzos de 2024, un hombre fue detenido por violencia de género y, mientras permanecía en la dependencia del barrio Unimev, comentó que su ex pareja tenía en una caja fuerte más de seis mil dólares, euros, joyas y papeles de una propiedad. Al parecer, Antúnez accedió a esos datos gracias a que entabló “buena relación” con el sujeto detenido y convocó a su “equipo” para concretar un robo en ese domicilio días después.
La instrucción derivó en una hipótesis contundente: Antúnez lideraba una organización criminal desde su rol como policía en actividad. Se valía de la información interna, seleccionaba objetivos, organizaba la logística y, en algunos casos, hasta participaba en los hechos o colaboraba en levantar las novedades una vez perpetrados, detallaron las fuentes que hablaron con este diario.
Entre los nombres que figuran como parte de la banda se encuentran el reconocido ex convicto Darío Emiliano Zuleta Sosa (alias “Huevo” o “Hitman“, hijo de un policía y de 42 años), Leonardo Darío Salinas Pedroza (37), Jesús Sebastián Rodríguez Quiroga (41), Claudio Daniel Montoya (40) y Miguel Osvaldo Cardozo (47), este último con antecedentes en Tucumán, donde nació. Algunos ya están detenidos e imputados como integrantes de asociación ilícita. Otros, como Joaquín Héctor Ledesma Prado, no han sido detenidos.
El testimonio del auxiliar también reveló que su colega planeaba tres robos más para marzo, abril y mayo de este año. Además del citado contra la empresaria, otro en una estación de servicio YPF y un tercero en barrio La Bajada, donde el propio Antúnez cumplía tareas de seguridad privada. Incluso mencionó que este último robo contaba con el visto bueno —o al menos la complicidad— de ex jefes policiales.
Golpe institucional
El expediente fue calificado como asociación ilícita y quedó bajo investigación del citado fiscal, quien comenzó a actuar formalmente el 30 de mayo, una vez analizados todos los preventivos de la División Robos y Hurtos de Invsetigaciones. Cinco días después, se ordenaron los primeros allanamientos: en el domicilio de Antúnez en el barrio Amuppol de Maipú, en la Comisaría 44ª y también en la 26ª de Villa Atuel, San Rafael, adonde el inspector había sido trasladado recientemente.
En la vivienda del policía se hallaron elementos comprometedores, celulares, cámaras y dinero en efectivo, lo que reforzó las sospechas. El 19 de junio quedaron detenidos Salinas, Rodríguez Quiroga y Cardozo (ya estaban tras las rejas por otros hechos que son investigados en la megacausa). Luego se entregó el otro presunto integrante: Lucas Antonio Hernández Leyes, conocido como “Chicho” y de 38 años.
Antúnez, por su parte, quedó oficialmente imputado como jefe de una asociación ilícita y es señalado como el nexo entre la gavilla y “sectores corrompidos de la fuerza” policial, principalmente en la citada jurisdicción guaymallina, tal como detallaron las fuentes a este diario. El resto como integrante de esa organización.
La causa también expone un trasfondo más profundo. En 2023, otro efectivo, quien cumplía funciones en la Comisaría 57ª de El Bermejo, había denunciado a Antúnez y a dos compañeros (un efectivo de alto rango y a una auxiliar) por delitos similares, pero en ese momento la denuncia, que fue presentada en la Inspección General de Seguridad (IGS) no prosperó porque el integrante de la fuerza temía por la integridad física de su familia.
Todo indica que los hechos venían repitiéndose desde al menos 2022 y que Antúnez aprovechó los vacíos de control para escalar en poder e impunidad. Enterado de la detención del Cachi Antúnez, se presentó ante los investigadores judiciales y pidió declarar.
El caso generó un fuerte impacto interno en la Policía de Mendoza y se mantuvo en estricta reserva mientras el expediente daba sus primeros pasos. No solo por la gravedad de los hechos, sino por el nivel de planificación, la permanencia delictiva en el tiempo y la sospecha de encubrimientos.
Fuentes judiciales que hablaron con El Sol agregaron no descartaban que más efectivos sean citados a declarar, o incluso imputados en la megacausa, a medida que se analizan las comunicaciones, las conexiones con los hechos y el alcance real de la organización.
Un viejo conocido
Darío “Huevo” Zuleta, nacido el 13 de octubre de 1982, es uno de los delincuentes más conocidos de Mendoza. Hijo de un policía, construyó un prontuario marcado por robos violentos, presuntos secuestros extorsivos, tiroteos y vínculos con bandas organizadas.
Su nombre ocupó las planas judiciales cuando fue condenado a 10 años de cárcel el sábado 9 de marzo de 2019, en una jornada atípica para los tribunales provinciales. Ese día, se vencía su prisión preventiva y estaba al borde de recuperar la libertad.
Zuleta ya tenía una condena previa de 16 años de cárcel dictada en 2006, lo que llevó al tribunal a declararlo reincidente. La nueva condena lo responsabilizó por su participación en dos asaltos a cajeros automáticos —uno en Red Mercosur en diciembre de 2015 y otro en La Barraca Mall en febrero de 2016—, además de tiroteos en Las Heras y ataques contra policías. Fue una de las figuras centrales en una organización delictiva con ramificaciones en Mendoza y Buenos Aires.
La investigación fue dirigida por la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, quien logró demostrar, entre otras pruebas, que Zuleta había viajado a Mar del Plata antes del asalto a La Barraca, pese a estar bajo libertad condicional.
La fiscal presentó imágenes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y registros de comunicaciones que lo vinculaban con otros miembros de la banda, entre ellos Carlos “Loquillo” Fernández, también condenado.
La banda actuaba con precisión y violencia. El intento de robo en La Barraca involucró tres vehículos, armas de fuego y una balacera en plena madrugada. Un empleado de limpieza detectó el golpe y alertó a la seguridad, lo que desató un tiroteo entre los delincuentes y policías que custodiaban el barrio privado El Molino. Uno de los proyectiles impactó incluso en un automóvil que circulaba por la zona. El operativo falló, pero abrió la puerta a una investigación más amplia.
Durante el juicio, Zuleta intentó desvincularse de los hechos. Alegó que no había salido de Mendoza porque debía cumplir con condiciones judiciales. Sin embargo, las pruebas lo contradijeron. Fue condenado por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, daño, abuso de armas y tentativa de homicidio, aunque esta última calificación fue rebajada por el tribunal a disparos injustificados. El fiscal había solicitado 19 años de prisión.
Zuleta no actuaba solo. Junto a él operaban Pablo “Gordo” Bustos, Fernando Lira y el mencionado “Loquillo” Fernández. Todos ellos fueron sentenciados en juicios abreviados y también condenados por uno de los secuestros extorsivos más resonantes en Mendoza: el de la hija de un empresario de bebidas en Las Heras, hecho por el cual la Justicia federal impuso penas de entre 15 y 18 años de cárcel.
Este 20 de abril de 2025, Zuleta volvió a ser noticia: fue allanado en el marco de la nueva megacausa que tiene al policía Antúnez en la mira, en la que le secuestraron cinco celulares, dos tarjetas SIM, 4,5 millones de pesos en efectivo, divisas extranjeras (50 euros, 100 bolivianos y 6.000 pesos chilenos), dos cámaras digitales y el celular de su pareja. También encontraron 60 envoltorios de droga y un chaleco negro que fue clave: las cámaras de seguridad lo habían registrado usándolo durante uno de los hechos, se desprende de las actuaciones de Robos y Hurtos.