Lavado de dinero. Las palabras que generan preocupación en el mundo narco de Mendoza.

En los últimos años, en los Tribunales federales de la provincia se potenciaron las investigaciones contra sospechosos de comercializar estupefacientes a grandes escalas ante los llamativos patrimonios detectados.

Ya en el 2018, este diario elaboró un informe sobre los personajes que eran imputados y condenados por blanquear capitales, es decir, realizar un procedimiento en el cual el dinero obtenido de las ganancias por la venta de sustancias ilegales pasan a ser invertidos en bienes muebles e inmuebles.

El objetivo judicial es que no sólo respondan por violar la Ley 23737, sino también por sus riquezas. 

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Este martes, un presunto jefe narco que cayó a fines de agosto de este año en Capital, luego de una investigación que duró un par de meses y desarrolló la Policía contra el Narcotráfico (PCN), quedó complicado con lavado de activos.

Se desplegaron una serie de allanamientos en casas particulares y un negocio y el resultado fue de cuatro personas detenidas y cuatro vehículos (tres autos y una moto) incautados.

El fiscal federal Fernando Alcaraz lidera la instrucción “paralela” a la de comercialización de estupefacientes que le inició al guaymallino Cesar Alandi –de 45 años y conocido como el Boliviano César–, y aprobó las medidas que desplegó la PCN, dependiente de Investigaciones.

De acuerdo con información policial y judicial, el Boliviano César habría adquirido vehículos y viviendas con dinero “negro”. Debido a esto, terminó siendo imputado por Alcaraz.

Los cuatro nuevos detenidos podrían seguir ese camino en la fiscalía si se confirma que actuaron como testaferros del señalado capo narco.

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A principios de este mes, el Boliviano César sufrió un duro revés en los Tribunales federales.

La Cámara de Apelaciones, con la firma de los jueces Alfredo Rafael Porras y Juan Ignacio Pérez Cursi, confirmó su procesamiento con prisión preventiva luego del secuestro de más de 7 kilos de marihuana y casi 1,5 kilogramos de cocaína secuestrados durante una serie de allanamientos realizados en calle Servet 2157 de Guaymallén (en la casa de presuntos acopiadores y vendedores de Alandi) y en un domicilio de calle Soler de Capital (uno de los domicilios del Boliviano).

Gracias a escuchas telefónicas y trabajos de campo que comenzaron a principios de mayo de este año, los policías de la PCN, que trabajaron las pruebas durante dos meses, comprobaron que Alandi y una pareja que vivía a escasos metros de una concesionaria de autos de su propiedad, integrada por Andrea Susana Farías (26) y Cristian Fabián Valdez (42), tenían sustancia estupefaciente en su poder.

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Una de las comunicaciones que vinculó al Boliviano César con Farías y Valdez fue determinante para la investigación. Registrada el 19 de agosto, pocos días antes de los allanamientos masivos, sirvió para confirmar la venta de drogas: “El César ya me dio a la plata y se la voy a llevar a la mujer del Damián”, le dijo Farías a Valdez.

Con ese y otros datos, decidieron allanar el domicilio de calle Servet. En el interior de un ropero encontraron 6,480 kilogramos de marihuana. Debajo de la cama de la pareja Farías-Valdez había más sustancias destinadas a la comercialización: un ladrillo y medio de cocaína (1,495 kilogramos).

Mientras los policías de la PCN desarrollaban la medida en esa propiedad, fueron a detener a Alandi. Lo encontraron sobre calle Soler en una camioneta Fiat Toro bordó.

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Lo esposaron y requisaron. Escapaba de su domicilio porque conocía que podía ser allanado. Llevaba 70 mil pesos entre sus pertenencias.

Además, de la vivienda y el vehículo incautaron casi 1.900 dólares. Con el avance de la causa, los investigadores incorporaron pruebas de lavado de dinero.

Debido a esto, decidieron allanar y secuestrar vehículo que podrían habían sido adquiridos con el dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.