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25 de junio de 2018
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En la mira de la Justicia federal

Cada vez hay más narcos acusados de lavado de activos

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• Arriba: la Yaqui Vargas y Felipe Vidaurre. Abajo: Luis Nievas y Jonathan Pizarro.

Luego de la condena contra la Yaqui Vargas, hay otros sospechosos que están procesados por blanquear dinero proveniente de la comercialización de drogas. Detalles de los últimos casos.

El miércoles 11 de mayo del 2016, la Justicia federal dejó un precedente importante en Mendoza al condenar a Sandra Jaquelina Vargas (41) por lavado de activos. La Yaqui, jefa narco del oeste de Godoy Cruz, recibió 15 años de cárcel.

En el juicio oral se comprobó que la mujer utilizó en una actividad legal fondos que provenían de un delito, es decir, del narcotráfico.

A la Yaqui le hallaron sólo medio kilo de marihuana en una de sus coquetas propiedades pero no pudo justificar los autos de alta gama y las viviendas en barrios cerrados con los ingresos que tenía sin trabajo formal, ya que, tal como declaró en el debate, sólo cobraba la Asignación Universal por Hijo.

El fallo fue el más alto en la historia argentina por lavado de capitales.

Ver tambiénEstos son los condenados de la banda de la Yaqui

Tras la modificación del Código Penal en el 2011, que introdujo esta figura como un delito en sí mismo –lo que se denomina autolavado–, la Yaqui fue la primera narco en Mendoza que debió responder por la figura que prevé entre 3 y 10 años de cárcel –sin contar los agravantes–.

Pero, en los últimos meses, más personajes locales vinculados a la venta de drogas a grandes escalas fueron acusados por esa calificación.

A los ya conocidos casos de los Pizarro, un clan familiar que operaba en algunos sectores del Gran Mendoza, se sumaron el de Luis Nievas, detenido hace pocos días –el 1 de junio– y el de Felipe Vidaurre, un narcotraficante condenado a fines de abril de este año.

En este último caso, el fiscal federal Fernando Alcaraz avanzó en una instrucción paralela a la de tráfico de estupefacientes y en los próximos semanas citará el expediente a debate.

Ver también: El clan Pizarro: una filmadora registró cómo vendía drogas y creen que tenía 20 quiosquitos

El Tribunal Oral Federal Nº1 sentenció a Vidaurre a 12 años de cárcel el martes 23 de abril. Otros cuatro detenidos recibieron penas de entre 5 años y medio y 6 años y seis meses.

Los camaristas Alberto Carelli, María Paula Marisi y Waldo Piña entendieron que este sujeto nacido el Bolivia era el líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína de máxima pureza. La pena podría haber sido más dura, debido a que la fiscal Gloria André había pedido 14 años de cárcel durante sus alegatos.

En diciembre del 2015, Vidaurre y los integrantes de su banda fueron detenidos en dos Toyota Hilux que ingresaban por Lavalle a Mendoza.

En los rodados hallaron 20 kilos de cocaína. Se realizó una investigación judicial y con el tiempo descubrieron que Vidaurre “tenía una flota” de vehículos y que no tenía cómo justificar esos bienes.

Debido a esto, se le inició una investigación paralela por lavado de activos y deberá responder en el banquillo, arriesgando más años de cárcel a su prontuario.

Ver también: Condenan a la banda narco que distribuía cocaína de 95% de pureza

Lo mismo sucedió con otro sospechado narco detenido recientemente por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia: Luis Nievas, conocido como el Lucho.

A este sujeto lo capturaron con 11 kilos de cocaína y más de medio millón de pesos. También cayeron familiares y le incautaron cuatro vehículos, algunos de más de medio millón de pesos. No sólo eso, también descubrieron que adquirió cuatro propiedades –tres en barrios privados de las comunas de Capital y Guaymallén– valuadas en varios millones de pesos.

Debido a esto, el fiscal federal Alcaraz pidió que tanto el Lucho como un par de parientes, quienes tenían a su nombre algunos bienes y no podían justificarlos, sean procesados por lavado de activos.

El año pasado, con la detención de los Pizarro en el barrio La Estanzuela y el Municipal de Guaymallén, luego de una pesquisa de más de cuatro meses de la Policía Federal, se incautaron autos caros (camionetas y hasta un VW Scirocco), motos, dinero ($2 millones entre moneda local y estadounidense) y casi tres kilos de cocaína, entre otros elementos.

También fueron acusados de autolavado por blanquear aquellos activos derivados del delito penal de la comercialización de drogas. Otra organización sospechada de lavado, que está en la mira de la Justicia pero no ha sido acusada, es la que estaría liderada por Iván Magallanes.

Este celador, que tenía un ingreso promedio de $9 mil, fue capturaron en su casa del barrio Santa Rita II, de Capital. Más de seis kilos de cocaína, vehículos y más de $2,5 millones fueron parte de lo secuestrado.

La Policía Federal bautizó la operación como Narcolujo, debido a que la casa donde residía el señalado líder tenía pileta y hasta habitación en suite con jacuzzi.

Ver también: Celadores y narcos: parecidos de los clanes Pizarro y Magallanes

De acuerdo con fuentes judiciales federales, además de los citados, hay más sospechosos en la mira y apuntan a los personajes que simulan tener un actividad formal para lavar el dinero que proviene de la venta de estupefacientes.

Delitos contra el orden económico y financiero

El artículo 303 del Código Penal tipifica:

1) Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

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