Casi dos años después del asesinato de Eduardo Bertón Vidal (82), la causa quedó a un paso del juicio por jurados. El juez Leonardo Camacho rechazó este martes todos los planteos de la militante libertaria Claudia Carina Córdoba, confirmó la elevación de la causa y le negó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Así, junto a ella, Roxana Elizabeth Núñez y Pablo Fabián Peña enfrentarán un debate donde arriesgan prisión perpetua por un asesinato que los pesquisas describieron como un plan cuidadosamente preparado para matar y robar.
El abogado de Córdoba, Pablo Cazabán, buscaba en la audiencia evitar la dura calificación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con homicidio criminis causa, ambos calificados por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso real con daño simple, pero no lo consiguió.
La instrucción sostiene que nada fue improvisado. Córdoba, quien fuera candidata a intendenta por el Frente Libertario, conocía a la víctima desde hacía meses. Había logrado ganarse la confianza del docente jubilado y empresario maipucino a través del proyecto “Humanáutica”, basado en un libro escrito por Bertón.
La relación llegó a ser tan cercana que viajaron juntos a Estados Unidos y ella manejaba distintos aspectos de sus actividades. Pero semanas antes del crimen, el vínculo se había quebrado.
Testigos declararon que Bertón decidió apartarla del proyecto junto con sus hijos tras una serie de diferencias, tal como sostiene el caso que fue revelado por este diario, cuando se creía que la víctima había fallecido en un incendio.
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Para la fiscalía, esa relación previa fue la pieza clave. Córdoba sabía cuándo el hombre quedaba solo en su casa de Cruz de Piedra, conocía los movimientos de empleados y albañiles, la ubicación de las cámaras de seguridad, las armas que guardaba para protegerse y también que tenía dólares en efectivo en la propiedad. Los investigadores liderados por la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Rios sostienen que esa información fue utilizada para diseñar el ataque.
La acusación aseguró desde un principio que Córdoba no actuó sola. Las pruebas reunidas durante la instrucción ubicaron en la trama a Núñez y a Peña, conocido como “El Gringo”, quien ya contaba con antecedentes penales vinculados con narcotráfico.
Vecinos, fotografías obtenidas de redes sociales y pericias telefónicas permitieron reconstruir que los tres mantenían una relación previa. Incluso se detectaron intercambios de mensajes entre Córdoba y el entorno familiar de Núñez y Peña en los días previos al hecho de sangre, aunque gran parte de esas comunicaciones fueron detectadas borradas.
Las cámaras de seguridad de la propiedad terminaron convirtiéndose en la prueba más importante del expediente. Las imágenes mostraron que el sábado 10 de agosto del 2024, poco después de las 17, Córdoba llegó al domicilio de la víctima conduciendo un Fiat Palio Adventure. Núñez iba como acompañante. Lo que Bertón desconocía era que Peña viajaba oculto en el baúl.
Según la reconstrucción fiscal, Córdoba descendió primero y conversó durante casi media hora con la víctima. Después se sumó Núñez y comenzaron a recorrer el predio junto al jubilado. Mientras los perros acompañaban la caminata, ocurrió una maniobra que para los investigadores resulta determinante: Córdoba regresó al vehículo y abrió el baúl para permitir que Peña descendiera sin ser advertido.
A partir de allí, la secuencia quedó registrada por las cámaras. Peña ingresó a la vivienda utilizando pasamontañas y guantes. Minutos después fue captado portando un arma de fuego y desactivando uno de los sistemas de videovigilancia. Para los investigadores, en ese momento ya estaba en marcha la fase final del plan.
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Las imágenes también contradijeron las explicaciones posteriores de los acusados. Córdoba intentó sostener que todo había sido un robo improvisado luego de una discusión con Bertón.
Sin embargo, la fiscalía entendió que la logística desplegada demostró lo contrario: un hombre escondido en un baúl, información detallada sobre todo el terreno, conocimiento de los horarios de la víctima y una maniobra de distracción ejecutada por dos personas mientras el tercer integrante se infiltraba en la casa.
La hipótesis acusatoria sostiene de esta forma que, una vez que Córdoba y Núñez abandonaron momentáneamente el lugar, Peña permaneció oculto dentro de la casa esperando que Bertón regresara al interior. Allí lo atacó.
La autopsia reveló que el hombre de 82 años recibió golpes en la cabeza antes de ser ejecutado de un disparo. Los investigadores creen que el arma utilizada pertenecía a la propia víctima y formaba parte del arsenal que guardaba en la casa.
Pero el caso no terminó con el homicidio. Para la fiscalía, después de la ejecución, los tres volvieron a encontrarse. Peña y Núñez regresaron a la morada, sustrajeron objetos de valor y luego intentaron borrar evidencias.
El cuerpo fue envuelto en una frazada y prendido fuego dentro de una habitación. Las llamas también alcanzaron parte de la vivienda. Aun así, el incendio no logró destruir las pruebas que terminaron sosteniendo la acusación.
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Otro de los elementos que fortaleció la teoría fiscal fueron las contradicciones de los propios imputados. Núñez brindó versiones opuestas sobre su participación. Peña reconoció haber ingresado a la casa pero intentó presentar el disparo como el resultado de un forcejeo.
Córdoba dijo que había señalado dónde estaba guardado el dinero y que el objetivo era distraer a Bertón mientras Peña ingresaba al predio. Para los detectives, lejos de beneficiarlos, esas declaraciones terminaron reforzando la hipótesis de una planificación previa.
Con ese conjunto de pruebas, la fiscal Ríos sostuvo que los tres acusados acordaron previamente matar a Bertón Vidal para apoderarse de sus bienes. Esa teoría fue avalada en esta etapa del proceso por el juez Camacho, quien rechazó la oposición presentada por Córdoba y confirmó que el expediente está en condiciones de ser debatido ante un jurado popular.