Los movimientos comenzaron a llamar la atención horas antes de que los policías irrumpieran en una finca de Guaymallén y desmantelaran lo que los investigadores describieron luego como una estructura dedicada a la distribución de cocaína en Mendoza y las otras dos provincias de la región cuyana.
No se trataba de la típica causa por narcomenudeo. Los vehículos llegaban, permanecían pocos minutos y se retiraban. Había dinero, encuentros coordinados y compradores que recorrían cientos de kilómetros. Detrás de esas maniobras aparecía un doble apellido que ya era conocido en determinados ambientes: Chabarría Laime.
La pesquisa fue desarrollada por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y el Ministerio Público Federal y tuvo como eje una finca ubicada en Carril Mathus Hoyos y El Limón, en El Bermejo, entre otros escenarios.
Allí apuntaron las primeras tareas de vigilancia después de que llegara información sobre presuntas maniobras vinculadas al comercio de cocaína. Comenzaron con observaciones discretas, seguimientos y registros de movimientos. Lo que detectaron fue una actividad constante de vehículos que ingresaban y salían del predio, una dinámica que, según entendieron en un principio, no era compatible con una casa familiar común. Algunos de los rodados eran de alta gama.
Los principales apuntados eran tres hermanos con apellido boliviano, pero nacidos en Mendoza, los Chabarría Laime: Héctor Alfredo, de 39 años; Néstor Fabián, de 40; y Ángel Kevin, de 28. Hasta el jueves tenían domicilio en los barrios San Jorge y sobre el Carril Mathus Hoyos.
Los tres quedaron bajo la lupa por presuntamente integrar una organización dedicada al transporte, distribución y comercialización de cocaína de máxima pureza, conclusión a la que llegaron por el ya clásico sello del delfín que presentaban los panes incautados, que viene desde el norte del país.
En la pesquisa también aparecieron compradores y colaboradores que llegaban desde otras zonas, que se fueron sumando a la instrucción liderada por la fiscal Patricia Santoni.
El inicio de la pesquisa
Con el análisis de la información aportada por un datero, el caso comenzó a mostrar una dimensión distinta. Las cantidades y la logística sugerían un esquema de distribución mayorista. La sospecha era que desde Guaymallén se abastecía a distintos sectores de Mendoza y también a otras provincias, especialmente San Luis.
Uno de los episodios que terminó de consolidar esa hipótesis ocurrió durante un seguimiento y una vigilancia realizada en la Cuarta Sección de Ciudad, después de que un auto saliera de la casa de los hermanos.
Los efectivos habían observado los movimientos de un hombre identificado como Cristian David Pereira (33), celador con domicilio en el barrio San Martín. Según la reconstrucción de la causa, el sospechoso ingresó a uno de los inmuebles vinculados con los hermanos Chabarría Laime y permaneció allí durante varios minutos.
Cuando salió, decidieron continuar el seguimiento. Pereira condujo su Ford Focus con dirección hacia el oeste. El operativo se mantuvo a distancia hasta que los policías resolvieron interceptarlo antes de que llegara a su hogar. Al advertir la presencia policial, el hombre descendió del vehículo e intentó escapar corriendo. No llegó lejos. Fue reducido a pocos metros.
Durante el procedimiento, los efectivos observaron que intentaba desprenderse de su teléfono celular, una pieza fundamental para el futuro de la instrucción cuando comiencen los peritajes.
Después revisaron el auto y encontraron la evidencia que buscaban. La cocaína estaba oculta dentro de uno de los filtros de aire del motor del auto. La droga, que había sido acondicionada especialmente en el vehículo luego de ser comercializada, llevaba el denominado “sello del delfín”, una marca utilizada para identificar cargamentos y cuya procedencia ahora forma parte de otras líneas investigativas.
Por lo que detallaron a este diario, sospechan que el estupefaciente habría ingresado desde el norte del país y no descartan conexiones con proveedores bolivianos.
La detención de Pereira aceleró la etapa final de la causa. Los investigadores ya tenían documentados numerosos movimientos y habían reunido pruebas suficientes para avanzar sobre el resto de la estructura. Como ya tenían observada toda la actividad en la finca de Carril Mathus Hoyos y El Limón, entonces se puso en marcha un operativo simultáneo para interceptar al resto de los sospechosos. Y así fueron cayendo.
Cinco vehículos fueron secuestrados en distintos puntos. Las requisas confirmaron lo que la causa venía anticipando. Entre los detenidos quedaron complicados dos hombres con domicilio en San Luis: Javier Justo Ontiveros (nacido en Santa Cruz y de 44 años) y Diego Javier Lucero (44).
Para las fuentes que hablaron con El Sol, ambos habían llegado a Mendoza con el objetivo de adquirir cocaína para luego trasladarla a su provincia. Por eso fueron capturados en el Este provincial.
Con esos resultados, se autorizaron los allanamientos en los lugares considerados claves dentro de la estructura. El primero se realizó en la finca de El Bermejo que funcionaba como centro de distribución. Allí fue capturado uno de los hermanos Chabarría Laime.
El segundo procedimiento tuvo lugar en un salón de eventos de lujo ubicado también sobre Carril Mathus Hoyos, cerca de la altura 2700, una propiedad que quedó incorporada a la investigación patrimonial. También hubo medidas en el barrio San Jorge y fueron atrapados los otros sospechosos.
Los operativos permitieron secuestrar en total 3,3 kilogramos de cocaína de máxima pureza, una pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, documentación de interés para la causa y tres vehículos.
Audiencia y cárcel
Durante la audiencia realizada al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal, con el auxiliar fiscal Juan Manuel González, reconstruyó cada uno de los movimientos detectados durante la pesquisa y sostuvo que la organización operaba de manera coordinada para almacenar, distribuir y comercializar cocaína.
La acusación también destacó la participación de varias personas con funciones diferenciadas, circunstancia que agravó la imputación.
En esa misma audiencia surgió una situación particular. Un albañil oriundo de Las Heras había llegado a uno de los domicilios vinculados con los investigados y fue interceptado con más de 2,5 millones de pesos.
Inicialmente, quedó bajo sospecha debido al contexto del procedimiento. Sin embargo, la fiscalía explicó que no existían elementos que permitieran vincularlo con el negocio de la droga.
El hombre sostuvo que el dinero provenía de trabajos de construcción que había realizado para uno de los hermanos, quienes justamente también se dedicaban a esa actividad. De todas formas, secuestraron su teléfono celular para verificar esa versión y terminar de descartar cualquier conexión con la red.
Finalmente, el juez federal Marcelo Garnica ordenó la prisión preventiva para los seis detenidos. La imputación incluyó los delitos de tenencia, transporte y distribución de estupefacientes agravados por la participación organizada de tres o más personas.