La bronca e indignación generalizada que provocó el audio publicado por El Sol de la llamada al 911 de los turistas venezolanos fallecidos por intoxicación de monóxido de carbono en un hotel de Ciudad, dejó en evidencia las fallas en la atención de un radioperador del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Las repercusiones que generó esa grabación en la que las víctimas fatales, Tilma del Carmen Tovar Nacuare (55) y su hijo Rodolfo Valentino González Tovar (23), pidieron auxilio ante una emergencia médica, provocaron que se aceleraran las medidas y se profundizaran las investigaciones que realizaban en paralelo el Ministerio de Salud y la Justicia penal.
Así, el fiscal de Delitos No Especializados Juan Ticheli, que lidera el expediente, imputó el sábado a Roque Alberto Comisso por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con esa calificación, el radioperador arriesga penas que van de los 2 a 6 años de prisión y hasta un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Audio del SEC: en Salud prefieren no opinar y le tiran la pelota a la Justicia
Debido a que se trata de un delito excarcelable, no quedó detenido porque no presentaba ningún tipo de antecedente previo, explicaron fuentes judiciales consultadas.
Por su parte, en los últimos días se sumaron a la causa declaraciones de dos médicos, de la directora del SEC, Alicia Valencia, y de otro profesional que estaba en funciones en el momento en que se recepcionó el llamado de los turistas.
En todas las testimoniales los funcionarios coincidieron que se debería haber enviado asistencia a las víctimas, debido al cuadro que describieron, de acuerdo con la información.
Esas apreciaciones van a ser cotejadas con las necropsias a los fallecidos realizadas por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y la historia clínica del niño (familiar de los fallecidos) que sobrevivió tras rescatado del lugar e internado en el Hospital Notti.
En tanto, una de las claves está en el manual de procedimiento del SEC, documento que fue incorporado al expediente. De acuerdo con el mismo, el interrogatorio debió ser más exhaustivo en un caso de esas características.
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Además, por los síntomas descritos por las víctimas, la situación debió haber sido catalogada como un código amarillo, que incluye la presencia médica en el lugar donde se encontraban los llamantes, indicaron las fuentes.
No obstante, fue tratado como un código verde, por lo que se les pidió que se trasladaran por sus propios medios a un hospital cercano.
Así las cosas, se espera que en las próximas semanas la instrucción continué avanzando y se incorpore más material probatorio, aunque desde la investigación sostienen que la situación del radioperador ya es complicada.
La tragedia y el audio de la polémica
Fue el domingo 9 de enero cuando personal del Reina Victoria Apart Hotel, localizado en calle San Juan 1127, dio aviso a la línea de emergencias 911 sobre tres inquilinos que no atendían al llamado del personal de limpieza y llevaban horas sin salir de su habitación.
Policías se desplazaron hasta el lugar y con un encargado abrieron la puerta. Al ingresar, se encontraron con los cuerpos sin vida de Tovar y González, en medio de restos de vómitos y orina.
En lugar también había un niño, de 5 años, que era sobrino de la mujer. El pequeño tenía signos vitales y estaba en estado semiinconsciencia, por lo que fue trasladado de urgencia al citado nosocomio pediátrico.
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En un primer momento, se creía que los turistas habían sufrido una intoxicación con alimentos en mal estado, pero la autopsia y peritajes en la escena determinaron que había sido producto de una fuga de gas en el alojamiento.
A la semana siguiente, los familiares de las víctimas que viajaron hasta la provincia denunciaron que hubo un llamado previo al 911, por parte de los fallecidos y que no les brindaron asistencia médica.
Días después, el audio de esa comunicación tomó trascendencia pública y provocó una fuerte indignación en la sociedad, que apuntaron nuevamente contra las fallas en la atención de la línea de emergencias.
El caso recordó al del femicidio de Florencia Romano, ocurrido en diciembre de 2020, en el que un vecino denunció que había un caso de violencia de género en la casa donde fue asesinada la adolescente.
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En esa ocasión, fue una policía que trabajaba como operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) quien no le dio curso a la denuncia y no envió una movilidad a chequear la situación.
Por la diferencia de tiempo que hubo entre la llamada y el hecho de sangre, se determinó que la vida de la chica podría haber sido salvada.
La efectivo, Soledad Herrera, terminó siendo condenada a 3 años de prisión condicional por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia de género institucional, durante un juicio abreviado.