Pasaron más de dos años y casi cinco meses para que se diera inicio al juicio federal por el secuestro extorsivo seguido de asesinato de Diego Alfredo Aliaga (51).
El ex despachante de aduana e informante policial fue retenido el 28 de julio del 2020 en un predio de su propiedad ubicado en Rodeo de la Cruz y ultimado entre esa fecha y el 31 del mismo mes luego de intentar obligarlo, mediante amenazas y coacciones, a que otorgara negocios jurídicos y también otros bienes a un grupo de personas de su confianza, tal como determinó la Justicia en la instrucción que lideró el fiscal Fernando Alcaraz.
El móvil desde el comienzo de la causa, para el representante del Ministerio Público, fue económico. Y por eso se ordenó la detención de su socio, Diego Alejandro Barrera (52), parte de su familia, y de un empleado de su empresa. Así fue como, junto con la esposa, Bibiana Elizabeth Sacolle (48); los hijos de ella, Gastón Nicolás(30) y Lucas Agustín Curi (28), y Yamil Washington Rosales (34), fueron procesados por calificaciones que podrían costarles prisión perpetua.
Este martes a las 10, el tribunal compuesto por Alberto Daniel Carelli –presidente–, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi, dio inicio el debate oral con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Unos minutos antes, cada uno de los procesados por delitos como secuestro extorsivo y homicidio criminis causa, entre otros, hablaron ante las partes y aportaron todos sus datos filiatorios
Después de un par de horas de lecturas, donde se detallaron las pruebas más importantes del expediente, los camaristas decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 13 de diciembre.
Ese día continuarán con la lectura de las pruebas que motivaron las detenciones y luego comenzarán a escuchar a los primeros testigos. Uno de los motivos para continuar con el proceso dentro de dos semanas fue darle más tiempo a la defensa de tres de los sospechosos (Sacolle y sus hijos), a cargo de Gemina Venier, para que tomara contacto con las fojas del expediente porque llevaba pocas horas como representante legal.
Pero, más allá de esto, casi todos los actores del caso hablan por lo bajo del acuerdo de colaboración que firmó uno de los procesados con los investigadores.
Poco se sabe de ese acto desarrollado a principios de setiembre del 2020 en el ámbito tribunalicio federal, cuando los pesquisas federales y provinciales tenían como objetivo principal buscar el cadáver de Aliaga, pero tiene a Yamil Washington Rosales como protagonista excluyente.
Este hombre de 34 años, como el resto de los sospechosos, está acusado también como coautor de secuestro extorsivo y coactivo, homicidio con ensañamiento y alevosía, criminis causa y robo agravado en poblado y en banda. Básicamente, habría participado en el homicidio de Aliaga cuando fue privado de su libertad.
Cuando los detectives ya mantenían presos a Barrera y a su familia, cercaron a Rosales en su domicilio de Maipú porque las pruebas (principalmente posicionamientos de su teléfono celular) lo ubicaban tanto en la casa de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, como en un galpón de calle Jujuy, de Ciudad, de la empresa de transportes para chicos discapacitados Solcito (de la familia Barrera) y en la zona de Costa de Araujo, Lavalle.
Efectivos de Investigaciones de Mendoza fueron a detener a Rosales porque sabían que trabajaba para los Barrera e, incluso, ya había declarado en el expediente como testigo.
Una vez detenido, Rosales decidió hablar para lograr algún tipo de beneficio procesal en el futuro. Y lo consiguió a través de su defensa, representada por Gabriela Massad: firmó un acuerdo con el fiscal Fernando Alcaraz para contar solamente dónde se encontraba el cuerpo de Aliaga, y el juez de la causa, Marcelo Garnica, lo homologó.
Una vez entró en la causa como “arrepentido”, les marcó el terreno a los sabuesos policiales y hasta ese lugar se dirigieron el 10 de setiembre, horas después de su captura.
En esa jornada, a las 15.15, un grupo de policías (con el personal de Policía Científica) se constituyó en un campo inculto de Costa de Araujo, en Lavalle. También participó un equipo de Antropología Forense del Cuerpo Médico Forense. El sector a inspeccionar era abierto, inculto, con suelo terroso blanco y vegetación de baja altura.
Finalmente, después de unos minutos, dieron con el lugar que previamente les había señalado Rosales: se observó una elevación del material terroso, restos de cenizas y de arbustos verdosos, a 25 metros hacia el este de la calle Terrosa de Arribo, a casi tres kilómetros del cardinal oeste de la ruta nacional 142 y a 451 metros al norte de Terrosa sin nombre.
Rosales entró en lo que se conoce como la Ley del Arrepentido –la 27.304– promulgada en diciembre del 2016.
Básicamente, la normativa regula la posibilidad de que una persona que cometió un delito aporte datos relevantes para el avance de la causa a cambio de obtener algún tipo de beneficio al momento que le dicten la pena.
Algunos de sus artículos hablan específicamente del acuerdo que rubricó.
Requisitos formales: el acuerdo de colaboración se celebrará por escrito. Y deberá consignar: “La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que se le atribuyere al imputado arrepentido y las pruebas en las que se funde la imputación”, además de “el tipo de información a proporcionar por el imputado arrepentido: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se brindare colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación con coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información financiera e identificación de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brindare la colaboración”.
Justamente, este imputado aportó información precisa sobre el lugar donde descartaron el cadáver del ex despachante de aduana (cavaron una fosa y entre 50 y 55 centímetros de profundidad se encontraban los restos), que sirvió para el esclarecimiento del hecho criminal.
Y como los delitos atribuidos están reprimidos con prisión o reclusión perpetua, “la pena sólo podrá reducirse hasta los 15 años de prisión”.
El acuerdo de Rosales, que permanece “oculto” en un incidente que se creó por separado del expediente visible, será leído en una de las próximas jornadas de debate, antes de que se desarrollen los alegatos de las partes.
De acuerdo con fuentes judiciales, el debate podría prolongarse hasta el próximo año. Por la agenda del TOF1 con otros procesos orales, se fijará una audiencia por semana.
Está previsto que declaren decenas de testigos y es más que probable que los procesados también decidan contar su versión de los hechos.
Caso conmocionante
La desaparición de Diego Alfredo Aliaga comenzó a trabajarse en la Justicia provincial como un caso de averiguación de paradero. El hermano de la víctima, Gonzalo Aliaga, se presentó en la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén el miércoles 29 de julio para describir cuándo había sido la última vez que su familia había tenido contacto con él y recibió, minutos antes de las 13, un llamado extorsivo.
“Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”, le dijeron mientras radicaba la denuncia. Esto provocó que el caso diera un giro de 180 grados. Pasó a la Justicia Federal y comenzó a trabajarse como un secuestro extorsivo.
No hubo más llamados. Sabían que Aliaga tenía previsto encontrarse el martes 28 por la mañana con su socio, Diego Barrera, en un predio de calle Bandera de los Andes, de Guaymallén, porque allí iban a levantar un instituto para trabajar con chicos discapacitados y no tuvieron más contacto con él.
Pasaron pocos días y Barrera fue allanado en su casa del exclusivo barrio Dalvian, de Ciudad. El lunes 3 de agosto, cuando ya habían sumado algunas pruebas, el socio de Aliaga y su familia quedaron detenidos. La hipótesis sostiene que idearon un plan criminal para quedarse con algunos bienes de Aliaga.
Y agrega que Rosales, empleado de la empresa de Barrera y Sacolle, habría participado en el secuestro y el crimen del también informante policial.
Barrera presentó un escrito después de su procesamiento y contó: (Aliaga) “Se me murió”, durante un encuentro que mantuvieron. En esta especie de confesión, desligó a su familia y también le pidió perdón a la de la víctima.
Meses después, se conoció que Aliaga también fue marcado como miembro de la presunta asociación ilícita que cobraba coimas en dólares a cambio de otorgar beneficios a ciertos presos que, se sospecha, lideraba el juez federal Walter Bento.
El titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza está procesado por 15 casos de cohecho y otros delitos como enriquecimiento ilícito, que podrían costarle años de cárcel.
Aliaga es mencionado como el nexo o intermediario de la banda, es decir, la persona que mantenía contacto con el magistrado y arreglaba con los abogados de los internos para pactar el pago de los sobornos.