“Cada vez nos parecemos más a Comodoro Py. Pero nosotros somos la versión de ‘Los 5000 lotes’”. La sentencia la dio una de las juezas con más experiencia en el Poder Judicial de Mendoza. Usó esa analogía para graficar el momento crítico que atraviesa la justicia provincial.

La comparación tiene que ver con la cantidad de operaciones y rosca en curso, pero sin el toque enigmático que caracteriza a los federales. Acá es más explícito, sin sofisticación.

Por ejemplo: la jueza Eleonora Arenas quedó envuelta –otra vez- en una discusión sobre imparcialidad en relación con la causa que tiene como imputado por violencia de género a Marcelo D’Agostino. Por hache o por be, siempre aparece su nombre en los resultados de los sorteos; primero, como magistrada de un Juzgado Penal Colegiado; después, como integrante de un Tribunal Penal Colegiado. El azar tiene esos caprichos. Casi un sesgo.

Arenas es cuestionada porque, a pesar de la presunta cercanía entre ella y el ex subsecretario de Justicia, no tuvo nunca la intención de inhibirse de participar en el expediente. No lo hizo a pesar de un pedido de recusación cuando tuvo que actuar como jueza de garantía en primera instancia ni tampoco ahora, que forma parte del tribunal que debe definir si la conjueza Jimena Pina es apta para este caso. Y acá se plantea un nuevo cuestionamiento sobre la posibilidad de un conflicto de intereses.

Hace dos años, la jueza fue denunciada por su ex esposo por una presunta estafa. Si bien el expediente está listo para ser archivado y quedar en la nada, hay un dato que no pasó desapercibido en medio del caso D’Agostino. La magistrada contó con dos abogados particulares: José Luis Pina y su hija, Jimena Pina.

La secuencia quedó construida de la siguiente manera: Arenas deja una causa; Pina la reemplaza como conjueza; luego Arenas integra un tribunal que debe resolver una recusación contra Pina, y sale a la luz que Pina fue abogada defensora de Arenas.

El 4 de mayo de este año, Jimena Pina apareció actuando como defensora particular de Arenas en una audiencia por la denuncia de estafa. El 14 de mayo, Eleonora Arenas juró en el Tribunal Penal Colegiado, dejando el Juzgado Penal Colegiado. El 29 de mayo, Pina juró como conjueza.

La situación plantea interrogantes sobre la apariencia de imparcialidad, ya que Arenas debe intervenir en una cuestión vinculada a quien fue su defensora particular.

Ahí entraría en juego el análisis jurídico que debe hacerse sobre los motivos de inhibición que están expresos en el artículo 72 del Código Procesal Penal de Mendoza. Interpretar y sacar conclusiones.

En los hechos, para Arenas no existe ningún inconveniente. Por eso no se inhibió ni antes ni ahora, y rechazó el pedido de recusación presentado por la querella.

Es un nuevo capítulo en la saga de vínculos de poder y amistades alrededor de la investigación que tiene como acusado al ex hombre fuerte del Poder Ejecutivo en su relación con la Justicia.

Este martes, por caso, habrá que ver si la confesión del juez Rafael Escot, que delante de colegas dijo que había estado dispuesto a filtrarle información a D’Agostino porque era su amigo, tiene alguna consecuencia.

Es el motivo por el cual la vida cotidiana en Tribunales está convulsionada; situación que escaló especialmente la semana pasada. Esa estructura con capacidad de influencia que solía moverse de manera subrepticia ha salido a la superficie.