Zulema Noemí Miranda tenía apenas 25 años cuando su vida cambió para siempre en una tarde de agosto de 2016. Era oficial subayudante de la Policía de Mendoza, integrante de la Unidad Especial de Patrullaje de Guaymallén (UEP), y durante el descanso en la base policial de calle San Lorenzo, cometió el error que le costó la cerrera: manipuló negligentemente su pistola reglamentaria Taurus calibre 9 milímetros y le disparó accidentalmente a su compañera Noelia Romina Montenegro, de 24 años, quien agonizó en un hospital durante 98 días antes de morir.
Lo que comenzó como una tragedia que conmovió a toda la provincia terminó siendo apenas el primer capítulo de una historia que encontraría otro punto bajo nueve años después, cuando Miranda fue detenida nuevamente en junio de este año, esta vez por tenencia de estupefacientes en un asentamiento de Las Heras.
Hace pocos días, el 12 de este mes, terminó condenada en los Tribunales federales y actualmente cumple la pena con prisión domiciliaria, debido a que tiene dos hijos pequeños. Otra mujer que se encontraba en el domicilio también tuvo que responder en el proceso, pero fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba.
El caso que conmocionó a Mendoza
La reconstrucción de aquel 2 de agosto de 2016 reveló una secuencia de negligencias para alguien que supuestamente estaba entrenado en el manejo de armas de fuego. Eran aproximadamente las tres y media de la tarde cuando Montenegro descansaba en la cama inferior de una cucheta, en el sector destinado al personal femenino de la base.
Miranda ingresó desde el comedor, pasó al baño para higienizarse y luego tomó su pistola. Lo que siguió fue una cadena de violaciones a los protocolos básicos de seguridad que cualquier policía debe tener siempre presente, tal como se desprendió del proceso investigado por el Ministerio Público.
Miranda se subió a la cama superior de la cucheta, extrajo el cargador del arma y se recostó. Entonces comenzó a verificar la pistola, dirigiendo el cañón hacia abajo, tirando varias veces de la corredera. Trabajó el mecanismo con el seguro puesto y luego lo liberó, convencida de que su arma estaba despejada y sin municiones. Volvió a apuntar hacia abajo y accionó el gatillo. La detonación rompió el silencio de la base. Un proyectil atravesó el colchón e impactó en el abdomen de Montenegro, quien estaba apenas a un metro y medio de distancia.
Había otras tres compañeras en el sector. Hubo pánico y gritos. Montenegro quedó gravemente herida. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado la trasladó de urgencia al Hospital Italiano, donde los médicos iniciaron una batalla desesperada por salvarle la vida.
Las lesiones eran importantes: el proyectil perforó el intestino y dañó el páncreas. Este órgano vital, cuando es lesionado, desencadena una cascada de complicaciones que los profesionales de la salud describieron como un “desequilibrio hemodinámico, homeostático y del sistema de defensa del organismo”.
Condenaron a la ex policía que mató a una compañera de un disparo accidental
En noviembre de 2016, la muerte de la oficial subayudante Noelia Romina Montenegro (24), provocó un fuerte dolor y conmoción en la Policía de Mendoza. La funcionaria falleció semanas después de recibir un disparo mientras descansaban en la base de la…
Montenegro fue sometida a tres cirugías mayores en los primeros días, pero las complicaciones se multiplicaron. Durante 98 días permaneció internada. Los médicos la operaron dieciocho veces, probaron diferentes esquemas de antibióticos, implementaron tratamientos multidisciplinarios, pero el cuerpo no respondía.
La lesión inicial había sido demasiado grave, y pese a los esfuerzos del equipo médico, el 8 de noviembre, mientras era intervenida quirúrgicamente una vez más, sufrió un paro cardiorrespiratorio que no pudo ser revertido, tal como relató un tío que habló con El Sol por aquellos días.
Para Miranda, las consecuencias fueron inmediatas. Fue expulsada de la Policía un par de meses después. La Justicia determinó desde el principio que no había existido intención homicida, que se trataba de un hecho accidental pero eso no atenuaba la magnitud de su negligencia. Se determinó por peritajes que la joven no había comprobado el estado del arma en una zona segura y que dirigió la boca del cañón hacia donde se encontraban personas, se destacó en la instrucción.
El caso se prolongó durante años en los tribunales. Recién el 22 de agosto del 2022, casi seis años después de la muerte de Montenegro, Miranda fue sentenciada. Ese día debía celebrarse el juicio oral y público en su contra, pero las partes acordaron resolver el caso mediante un debate abreviado. La fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensa de Miranda pactaron una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos luego de confesar el hecho. La jueza María Laura Guajardo homologó el acuerdo.
La condena penal no fue la única. En mayo de 2021, la Justicia civil también había fallado contra Miranda. El juez Juan Darío Penisse la condenó, junto al Gobierno de Mendoza en forma solidaria, a pagar dos millones ochocientos mil pesos a los padres de Montenegro por los daños y perjuicios ocasionados.
Sorprendida con drogas en Las Heras
Pero la historia de Miranda no terminaría allí. La ex policía, madre de dos hijos, terminó involucrada en caso de drogas en uno de los asentamientos más populares de Las Heras. El 14 de junio de este año, nueve años después de disparar contra Montenegro, Miranda fue detenida nuevamente en un operativo de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en la Villa Güemes, específicamente en una vivienda ubicada en la esquina suroeste de calle Martín Güemes y Vicente López.
El procedimiento policial reveló una operación de narcomenudeo a pequeña escala pero activa. Personal de la fuerza había instalado vigilancias en las inmediaciones del domicilio y a las 17.50 observaron el típico pase de manos desde el interior de la vivienda. Un comprador fue aprehendido cerca de la propiedad y en su requisa se encontraron dos envoltorios de nylon con un total de 1,6 gramos de marihuana y dos envoltorios de papel glasé metalizado con 0,9 gramos de cocaína.
Con esa evidencia, los efectivos irrumpieron en el domicilio. Allí encontraron a una mujer de 53 años, quien tenía en su poder ocho envoltorios de papel glasé con un total de 8,9 gramos de cocaína, seis mil pesos en efectivo y un teléfono celular.
El registro del domicilio arrojó más evidencias: treinta y cinco mil cien pesos en efectivo, un envoltorio de nylon con un gramo de marihuana, elementos para el fraccionamiento de la droga como recortes de papel glasé y un librillo, hojas, ramas y flores de cannabis sativa con un peso de 55,4 gramos, y tres plantas de cannabis sativa de dos metros y medio de altura.
Durante el operativo se presentó Miranda, y en un acto que los investigadores interpretaron como una confesión espontánea de culpabilidad, manifestó que la sustancia hallada le pertenecía.
La fiscal Patricia Santoni encuadró la conducta de Miranda en tenencia simple de estupefacientes. Hace pocos días, Miranda compareció ante el juez Alberto Daniel Carelli en una audiencia de acuerdo para juicio abreviado.
Asistida por la defensora Gabriela Massad, aceptó los hechos y la pena propuesta. El pacto alcanzado con el Ministerio Público contemplaba una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria, más una multa de cinco mil pesos.
El juez Carelli, en sus fundamentos, fue claro al señalar que Miranda tenía un antecedente de condena en suspenso que ya había cumplido, precisamente la sentencia por el homicidio culposo de Montenegro. Aunque no habían transcurrido los ocho años previstos para poder acceder por segunda vez al beneficio de la ejecución condicional, las circunstancias de vulnerabilidad de sus hijos menores fueron el principal motivo para la prisión domiciliaria. Los niños, de apenas dos años y diez meses, vivían con ella y no había otra persona que pudiera hacerse cargo de manera permanente de su cuidado.
Para su compañera en el caso de las drogas, el acuerdo fue diferente. Se le concedió una suspensión del proceso a prueba por dos años, con reglas de conducta estrictas: fijar residencia, someterse mensualmente al control, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, realizar cuatro horas mensuales de trabajos no remunerados durante dos años, y abstenerse de cometer delitos.