César Alandi y la tobillera que llevaba al momento de su última captura.

Julio César Alandi Tejerina, conocido en el mundo del narcotráfico mendocino como el “Boliviano César”, volvió a la cárcel después de varios años de beneficios que le permitieron cumplir parte de sus condenas bajo prisión domiciliaria.

La última oportunidad que tuvo para sostener ese régimen terminó convirtiéndose, paradójicamente, en uno de los elementos que más complicaron su situación: un pedido de su defensa para que pudiera salir de su casa y llevar a sus dos hijos más pequeños al colegio permitió a la Justicia acceder a información que puso en duda el argumento familiar utilizado para mantenerlo fuera de una unidad penitenciaria.

Alandi, de 49 años, cumplía una pena unificada de siete años y seis meses de prisión por delitos vinculados con el narcotráfico y el lavado de activos. Había sido declarado reincidente y llevaba una pulsera electrónica mientras permanecía en su casa de Guaymallén.

Ese mismo domicilio, ubicado en la zona de Servet y Malvinas Argentinas, llevaba más de ocho meses bajo observación de la Policía contra el Narcotráfico (PCN), que sospechaba que había vuelto a funcionar como un punto de comercialización de cocaína. La sospecha desembocó en el allanamiento del 23 de julio, que fue revelado por El Sol.

Antes de ingresar a la propiedad, los policías observaron a una mujer vinculada a la pesquisa y luego a un hombre que llegó caminando, mantuvo un breve contacto con ella y realizó dos pases de manos. El sujeto se retiró y fue seguido por los policías hasta las calles Chubut y Brasil, donde fue interceptado. Tenía cocaína.

Con esa evidencia, los detectives de la PCN ingresaron al domicilio donde Alandi cumplía la prisión domiciliaria. Allí encontraron al propio condenado, a su hermana Alejandra Agustina Alandi Tejerina y a otros familiares y menores. El procedimiento terminó con el secuestro de 57 gramos de cocaína, 49 envoltorios que contenían 11,5 gramos, un envoltorio con otro gramo de la misma sustancia y una balanza digital, además de otros elementos vinculados con el fraccionamiento.

Durante el procedimiento, la hermana de Alandi manifestó ante los testigos que ella había dejado la droga y la balanza en la vivienda y se hizo cargo de esos elementos. Sin embargo, también ubicaron al “Boliviano César” dentro de las maniobras que estaban bajo investigación.

Ambos fueron detenidos e imputados por infracción a la ley de estupefacientes. La pesquisa incorporó además un dato económico: a Alandi le encontraron dinero en efectivo y, dentro de una caja fuerte ubicada en su habitación, más pesos y dólares. En total fueron secuestrados 16.542.460 de pesos y 3.150 dólares.

Pese a ese escenario, pocas horas después de su detención, Alandi volvió a su casa. La defensa, encabezada por el abogado Sergio Salinas, sostuvo que debía continuar bajo prisión domiciliaria porque su pareja atravesaba problemas psiquiátricos y él era quien debía hacerse cargo de ella y de los dos hijos pequeños que tenían.

El juez Marcelo Garnica aceptó inicialmente ese planteo. El Ministerio Público impugnó la decisión y llevó la discusión ante la Cámara Federal de Apelaciones, pero el camarista Gustavo Castiñeira de Dios mantuvo el beneficio bajo los mismos argumentos, la salud mental de la mujer. Así, el condenado regresó al mismo inmueble que acababa de ser allanado.

Pero la defensa volvió a intentar conseguir una autorización adicional. El planteo consistió en que Alandi pudiera abandonar temporalmente la casa para llevar y retirar a sus hijos del colegio. Por eso se hizo una audiencia este viernes. El capo narco buscaba que la Justicia federal le diera más, pero tiró demasiado de la cuerda.

La información que fue relevante

Los chicos ingresaban a las 8.30 y salían a las 16.30 y concurrían a un establecimiento privado de Maipú. El pedido parecía orientado a resolver una cuestión familiar concreta, pero terminó abriendo una puerta para que el Ministerio Público revisara cómo estaba conformado realmente ese grupo familiar y cuál era la situación cotidiana de los niños.

El auxiliar fiscal Juan Manuel González pidió informes al colegio para conocer quién se ocupaba de los chicos y qué personas estaban autorizadas a retirarlos. La respuesta de los docentes y administrativos no llegó inmediatamente, a pesar de que tenía 24 horas para hacerlo. Esto generó dudas y más preguntas que respuestas.

El establecimiento fue intimado ante la falta de respuestas y recién ocho días después remitió la información requerida. Ese material terminó teniendo un peso decisivo en la discusión sobre la continuidad de la prisión domiciliaria.

Los informes escolares mostraron una situación diferente. La mujer por cuyo supuesto estado psiquiátrico Alandi había obtenido el beneficio ya no convivía con él.

En la documentación entregada por el colegio figuraba otro domicilio para ella y para sus hijos. Además, la mujer había participado de entrevistas escolares y, según la información incorporada al expediente, había manifestado que estaba separada de Alandi, que no mantenía diálogo con él y que incluso tenía otra pareja.

El dato tuvo una consecuencia todavía más fuerte: Alandi no figuraba entre las personas autorizadas para retirar a los chicos del establecimiento. En esa lista aparecían la madre y las hermanas.

La documentación también mostró que la propia mujer había autorizado a su nuevo novio para retirar a sus hijos en caso de ser necesario. Para el Ministerio Público, eso debilitaba de manera sustancial el argumento de que Alandi era la única persona capaz de garantizar el cuidado de los menores o de asistir a la mujer que supuestamente necesitaba de su presencia.

El dato coincidía, además, con otro elemento que había surgido durante la nueva investigación por drogas. Cuando los policías allanaron la propiedad de Servet y Malvinas Argentinas el 23 de julio, la joven y los chicos no estaban allí. La causa sostenía entonces que la razón familiar utilizada para justificar la permanencia de Alandi en ese domicilio no se correspondía con la realidad que los investigadores habían encontrado durante el procedimiento.

La discusión llegó nuevamente a una audiencia en la que la defensa insistió con el pedido para que Alandi pudiera salir de su domicilio con el objetivo de llevar y retirar a sus hijos del colegio.

Esta vez, el auxiliar fiscal González planteó ante el juez Garnica que el condenado estaba entorpeciendo el proceso en las condiciones en las que se encontraba y solicitó que se dispusiera su prisión preventiva.

El juez analizó los planteos y terminó tomando una decisión diferente a la que había adoptado inicialmente: cortó con el régimen de beneficios que le había permitido permanecer en su casa y dictó la medida de coerción, ordenando que pase al complejo penitenciario federal.

En su resolución, Garnica fue especialmente crítico con la conducta de Alandi y entendió que el condenado había puesto en cuestión la seriedad con la que debía afrontar las causas que tenía en su contra.

El pedido para trasladar a sus hijos al colegio, que había sido utilizado por la defensa como argumento para flexibilizar todavía más las condiciones de la domiciliaria, terminó aportando información que permitió poner bajo la lupa la justificación familiar que había sostenido ese beneficio.

Un largo camino en el mundo narco

La decisión adquirió otra dimensión si se observa el historial del “Boliviano César”. Alandi no llegó a esta situación como un acusado sin antecedentes. Su trayectoria judicial se remonta al menos al 2010, cuando una investigación conjunta entre la Justicia argentina y la Policía de Investigaciones de Chile, con escuchas telefónicas y un agente encubierto, permitió reconstruir una organización que planeaba trasladar unos 272 kilos de marihuana hacia Chile.

Por aquellos días lo identificaron como el proveedor de aquella carga. Permaneció prófugo hasta julio del 2012, cuando fue localizado en Los Corralitos.

En el 2015, el Tribunal Oral Federal Nº2 le impuso una pena única de ocho años de prisión y lo declaró reincidente. Después de recuperar la libertad, volvió a quedar bajo la lupa por el crecimiento de su patrimonio y sus vinculaciones con actividades comerciales y personas relacionadas con el narcotráfico.

En agosto del 2021, una nueva investigación de la PCN derivó en allanamientos donde se secuestraron más de siete kilos de marihuana, casi un kilo y medio de cocaína, dinero, teléfonos, elementos para el fraccionamiento y vehículos de alta gama.

Aquella pesquisa también puso bajo la lupa el patrimonio que rodeaba al condenado y derivó en una causa por lavado de activos. El expediente reconstruyó operaciones realizadas entre el 2017 y 2021 y describió la adquisición de propiedades, vehículos de alta gama, motos y emprendimientos comerciales, entre ellos una concesionaria, una peluquería, una barbería y el complejo Sueños Dorados, en Los Corralitos.

La hipótesis acusatoria fue que el dinero obtenido mediante el narcotráfico era incorporado al circuito legal mediante la compra de bienes y el desarrollo de actividades comerciales.

En noviembre del 2024, Alandi reconoció los hechos en un juicio abreviado y recibió una condena de cinco años y tres meses de prisión, una multa de 38 millones de pesos y una nueva declaración de reincidencia. Esa pena fue unificada con la condena anterior y quedó establecida en siete años y seis meses. Además, se ordenó el decomiso de un patrimonio valuado en más de 100 millones de pesos.

Así las cosas, después de años de condenas por narcotráfico y lavado, de beneficios de prisión domiciliaria y de una nueva imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, el “Boliviano César” volvió a quedar detrás de los muros de una cárcel.

Esta vez, el argumento familiar que había contribuido a mantenerlo en su casa terminó siendo uno de los elementos centrales para que la Justicia revisara ese beneficio.