La investigación comenzó con una sospecha sobre la venta de drogas en el barrio Huarpes y terminó siguiendo una ruta distinta: la del dinero. Después de más de un año de pesquisas, dos mujeres y un hombre quedaron detenidos en Godoy Cruz, acusados de haber utilizado fondos provenientes de la comercialización de estupefacientes para adquirir bienes y darles apariencia de legalidad.
El expediente se inició en julio del año pasado, cuando investigadores de la Policía Federal Argentina detectaron un presunto punto de venta de sustancias prohibidas. Las tareas de vigilancia y seguimiento permitieron poner el foco sobre una joven pareja y avanzar sobre sus movimientos.
El primer golpe a la estructura llegó en febrero de este año, cuando el Ministerio Público ordenó allanar la casa vinculada a Nicolás Emmanuel Agüero (27) y Antonella Ariadna Lombardi (22). En ese procedimiento secuestraron drogas y teléfonos celulares, además de otros dispositivos electrónicos.
Fueron justamente esos celulares los que terminaron abriendo una nueva línea en la causa. El análisis del contenido permitió reconstruir parte de las operaciones vinculadas con el narcomenudeo y, sobre todo, seguir el recorrido que habría tenido el dinero obtenido de la venta de las sustancias.
Por la información a la que accedió El Sol, los pesquisas comenzaron entonces a mirar no solamente qué se vendía, sino qué se hacía con las ganancias.
De acuerdo con la hipótesis del caso, parte de ese dinero fue destinado a la adquisición de inmuebles. Para esa maniobra habría intervenido también una tercera mujer, Delfina María Fernanda Ortiz (24).
La causa pasó así de investigar el origen del dinero a intentar determinar cómo era introducido en el circuito económico formal. Esa es, en términos simples, la lógica del lavado de activos: tomar dinero obtenido de una actividad ilegal y realizar operaciones para ocultar o disimular su verdadero origen hasta darle una apariencia lícita.
En este caso, por lo que aportaron las fuentes, que las compras de bienes habrían sido una de las herramientas utilizadas para blanquear las ganancias obtenidas de la comercialización de drogas. La información surgida de los dispositivos electrónicos secuestrados en febrero resultó clave para reconstruir esa operatoria, principalmente con una casa y un terreno.
Con esa nueva información, la causa avanzó sobre los bienes y las personas que aparecían vinculadas a las maniobras. Las medidas fueron impulsadas por el Ministerio Público Fiscal Federal, con la intervención Daniel Rodríguez Infante, y derivaron en una nueva serie de allanamientos simultáneos en Godoy Cruz.
Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal. Durante los operativos fueron secuestrados nuevos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que también serán incorporados al expediente y analizados.
Por lo que aportaron las fuentes, los tres fueron puestos a disposición de la Justicia Federal y trasladados a la U-32 del Servicio Penitenciario Federal.
La investigación, de esta manera, dejó de concentrarse únicamente en la venta de drogas. El objetivo, se desprendió del caso, será establecer con precisión si hubo más bienes adquiridos con las ganancias del narcomenudeo, qué montos fueron utilizados y cuál fue el mecanismo empleado para introducir ese dinero en el circuito legal.