La nueva caída de Julio César Alandi Tejerina, conocido en el ambiente del narcotráfico como el Boliviano César, volvió a poner bajo la lupa a uno de los personajes con mayor trayectoria criminal de Mendoza. Efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) lo detuvieron durante un allanamiento en Guaymallén, acusándolo de haber retomado la comercialización de cocaína pese a cumplir una condena por narcotráfico y lavado de activos.
Sin embargo, durante una audiencia en los Tribunales Federales, consiguió regresar a prisión domiciliaria por decisión judicial, una resolución que sorprendió tanto a los investigadores policiales como a funcionarios del Ministerio Público, debido a que se trata de un personaje que no para de cometer este tipo de delito. Ante esto, la decisión fue impugnada para que sea la Cámara Federal de Apelaciones la que defina.
La situación generó especial repercusión porque Alandi no es un imputado sin antecedentes. Se trata de un condenado, declarado reincidente y que cumplía una pena unificada de siete años y medio de prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Además, llevaba colocada una pulsera electrónica y ya gozaba del beneficio del arresto domiciliario cuando, según la nueva pesquisa, habría continuado manejando un punto de venta de estupefacientes y manejado millones de pesos junto con un par de familiares, entre ellos una hermana y un sobrino.
La pesquisa que derivó en esta nueva captura comenzó en octubre del año pasado y estuvo a cargo de la PCN. Durante más de ocho meses, se realizaron tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancias sobre un inmueble ubicado en la intersección de calles Malvinas Argentinas y Servet. Para los detectives que hablaron con El Sol, ese domicilio funcionaba como un centro de abastecimiento y venta de cocaína.
Lo llamativo fue que ese lugar coincidía con la casa donde Alandi cumplía prisión domiciliaria por el cuidado de su pareja y un pequeño hijo. Es decir, mientras permanecía bajo control electrónico y purgaba una condena por narcotráfico, los pesquisas sostuvieron que volvió a dedicarse a la misma actividad que lo llevó varias veces a una penitenciaría.
El allanamiento
La pesquisa desembocó el jueves en un operativo que terminó con dos detenidos: el Boliviano César y su hermana, Alejandra Agustina Alandi. Esta mujer, durante el procedimiento, se hizo cargo de la droga, detallaron fuentes del caso.
Durante el procedimiento, secuestraron 57 gramos de cocaína compactada, otros 12 gramos distribuidos en tubos acrílicos -un sistema utilizado para hacer pasar la sustancia por una de mayor calidad- y 49 dosis listas para la venta.
También hallaron elementos utilizados para el fraccionamiento, seis paquetes de creatina que, según los detectives, eran empleados para estirar la cocaína antes de su comercialización, seis teléfonos celulares, 16.542.460 de pesos y 3.150 dólares.
Todo quedó incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida para sostener que el inmueble funcionaba como un punto activo de narcomenudeo.
Una decisión que sorprendió
Tras las detenciones, ambos sospechosos fueron trasladados al circuito judicial correspondiente y el Boliviano César quedó nuevamente a disposición de la Justicia. Sin embargo, la situación dio un giro pocas horas después, cuando se desarrolló la audiencia correspondiente ante el juez.
La defensa del condenado, encabezada por el abogado Sergio Salinas, solicitó que Alandi continuara cumpliendo arresto domiciliario. El planteo sostuvo que debía permanecer en su casa para asistir y cuidar a su esposa, quien presenta problemas de salud y también a un pequeño hijo.
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El pedido fue analizado por el juez Marcelo Garnica, quien resolvió hacer lugar a la solicitud y mantener el beneficio.
De esa manera, el histórico jefe narco regresó a la misma casa que había permanecido bajo investigación durante más de ocho meses y desde donde, según la acusación del Ministerio Público y la PCN, continuaba desarrollando actividades vinculadas con la venta de cocaína.
La resolución generó sorpresa entre quienes participaron de los trabajos investigativos, donde no ocultaron el desconcierto por el regreso del condenado al lugar que fue señalado como centro de operaciones de la organización.
El futuro de la condena
La situación procesal de Alandi no depende únicamente de esta nueva causa. Fuentes judiciales explicaron que el Ministerio Público puso inmediatamente en conocimiento de la Justicia de Ejecución Penal la reciente detención y la nueva imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización para que analice el impacto que puede tener sobre la condena que actualmente cumple.
Uno de los puntos que deberá resolverse es si corresponde mantener el beneficio del arresto en su casa o disponer su regreso a la unidad penitenciaria federal, teniendo en cuenta que se trata de un condenado reincidente y que ahora volvió a quedar sospechado de comercializar drogas.
Un nombre marcado desde hace años
La nueva detención volvió a colocar en escena a uno de los personajes más conocidos del narcotráfico mendocino. Tejerina, actualmente con 49 años, es señalado desde hace más de dos décadas como uno de los principales proveedores de cocaína y marihuana del Gran Mendoza.
Su nombre apareció reiteradamente en causas relacionadas con el tráfico hacia Chile, el abastecimiento de vendedores locales y el crecimiento de un importante patrimonio que, según las causas judiciales, fue construido con ganancias provenientes del narcotráfico.
Entre los policías y investigadores judiciales era conocido por la facilidad con la que establecía contactos con otros jefes narcos y por la estructura que había desarrollado para mover droga y dinero dentro y fuera de la provincia.
Las primeras investigaciones
Los antecedentes de Alandi se remontan a comienzos de la década pasada. En 2010 comenzó a ser investigado en una causa conjunta entre la Justicia argentina y la Policía de Investigaciones de Chile. Las escuchas telefónicas y el trabajo de un agente encubierto permitieron reconstruir una organización que planeaba enviar cerca de 272 kilos de marihuana al vecino país.
Por los trabajos desarrollados, concluyeron que el proveedor de la carga era precisamente Julio César Alandi. Cuando la organización fue desbaratada, todos los integrantes fueron detenidos, excepto él.
Permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue localizado el 4 de julio de 2012 en una casa de Los Corralitos. Al verse rodeado por los policías, intentó ocultar su identidad utilizando un nombre falso. No logró convencer a los efectivos y terminó siendo arrestado. Más tarde reconoció los hechos en un juicio abreviado.
En 2015, el Tribunal Oral Federal Nº2 le impuso una pena única de ocho años de prisión, luego de unificar una condena previa con la causa por el tráfico de drogas hacia el vecino país y declararlo reincidente.
Otra vez en la mira
Después de recuperar la libertad, Alandi volvió rápidamente a aparecer en los radares de la PCN. Las denuncias sobre el crecimiento de su patrimonio y la aparición de familiares vinculados con procedimientos por drogas reactivaron las tareas de inteligencia.
La investigación derivó, en agosto de 2021, en un importante operativo que marcó otra caída del Boliviano César.
Volvieron a allanar varias propiedades relacionadas con él y desbarataron un centro de acopio donde secuestraron más de siete kilos de marihuana, casi un kilo y medio de cocaína, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y abundante documentación.
Cuando intentó escapar a bordo de una Fiat Toro fue interceptado por efectivos de la PCN y terminó detenido cerca de uno de sus domicilios en Ciudad.
Por lo que detallaron fuentes consultadas por El Sol, aquel procedimiento permitió confirmar lo que durante años sospechaban: que Alandi continuaba ocupando un lugar central dentro del negocio del narcotráfico en Mendoza.
La condena por lavado
La investigación no terminó con esa detención. Mientras avanzaba la causa por estupefacientes, el fiscal federal Fernando Alcaraz desarrolló otra pesquisa destinada a reconstruir el destino del dinero obtenido mediante la venta de drogas.
El expediente reveló un complejo esquema de lavado de activos que involucraba propiedades, vehículos de alta gama, motos, una concesionaria, una barbería y el denominado Complejo Sueños Dorados, un emprendimiento inmobiliario ubicado en Los Corralitos.
Según la acusación, todas esas inversiones fueron realizadas con dinero proveniente del narcotráfico. En noviembre del 2024, el Tribunal Oral Federal Nº1 homologó un juicio abreviado mediante el cual Alandi reconoció los hechos.
Recibió una condena de cinco años y tres meses de prisión, una multa de 38 millones de pesos y nuevamente fue declarado reincidente. Además, el tribunal unificó esa pena con la condena anterior por narcotráfico, fijando una sanción única de siete años y medio de prisión.
El fallo también ordenó el decomiso de un patrimonio valuado en más de 100 millones de pesos integrado por inmuebles, automóviles, motocicletas y dinero en efectivo.