La sentencia por el asesinato del ex despachante de aduana e informante policial Diego Alfredo Aliaga, ocurrido hace más de tres años, está cada vez más cerca.
A una semana de que la fiscal de Cámara María Gloria André solicitara la prisión perpetua para la familia acusada de organizar y ejecutar un plan para secuestrar a la víctima con fines económicos, y 25 años para el hombre que habría trabajado con ellos y descartado el cadáver en Costa de Araujo a fines de julio del 2020, terminaron este martes de alegar el abogado querellante Juan Day, en representación de los hijos y la hermana de Aliaga, y el abogado defensor Leonardo Pérez Videla, quien responde en el debate por el principal sospechoso, Diego Alejandro Barrera.
Day fue prácticamente por el mismo camino que tomó la fiscalía desde el inicio del proceso oral, explicando que las deudas que Barrera mantenía con Aliaga motivaron a que organizaran y ejecutaran un plan para hacerlo firmar documentos de traspaso de bienes.
Entendió que la mayoría de los procesados participaron en la organización del hecho, pero no solicitó la misma pena para todos. Al terminar su alocución, requirió al tribunal, integrado por Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi, que se condene a prisión perpetua al socio y confesó homicida –Barrera–, a su esposa, Bibiana Sacolle, y a uno de los hijos de la mujer que se encuentra en el banquillo, Gastón Curi.
El letrado entendió que se trató de un hecho planificado en el que cada uno hizo su aporte, apuntando directamente contra Barrera como quien mayor responsabilidad tenía.
Explicó que fue el ideólogo del plan para engañar a la víctima para quedarse con sus bienes; incluyendo también el llamado extorsivo que realizó su hijastro Gastón mientras la causa se tramitaba como una averiguación de paradero en la Justicia ordinaria.
Day incorporó a Sacolle en esa organización con las llamadas que realizó con su hijo Gastón y el empleado de la empresa Washington Yamil Rosales, quien luego se transformó en el arrepentido de la causa y confesó el lugar donde habían descartado y enterrado el cadáver de Aliaga.
El representante de la familia le dedicó algunos minutos a Gastón Curi, ubicándolo también con un rol determinante para ejecutar el plan de retención del ex despachante de aduana. Dijo que hizo el llamado extorsivo a Gonzalo Aliaga, hermano de la víctima, y que desarrolló vigilancias en la casa donde la abordaron y redujeron en la mañana del martes 28 de julio del 2020, en calle Bandera de los Andes de Guaymallén.
Desde los primeros momentos de la instrucción, Gastón Curi fue marcado como quien compró el teléfono celular utilizado para hacer el llamado extorsivo en el que exigió un millón de dólares a cambio de la libertad de Aliaga y que luego manipuló su celular, cuando se encontraba privado de su libertad.
El querellante pidió 15 años de cárcel para Lucas Curi y Rosales, este último, empleado de Barrera y Sacolle en la empresa de transporte para chicos discapacitados Solcito. Entendió que el más chico de los hermanos procesados tuvo un rol secundario en el hecho porque no se detectaron comunicaciones ni intervino directamente en el secuestro. Y destacó que el chofer se transformó en arrepentido para aportar el lugar donde estaba enterrado el cadáver. La fiscalía había solicitado en la audiencia pasada perpetua y 25 años de encierro para ellos, respectivamente.
Antes de la culminación de la jornada alegó el defensor oficial Leonardo Pérez Videla, quien representa a Diego Barrera. El letrado fue crítico de la instrucción y entendió que esa causa nunca debería haberse tramitado en ese fuero, coincidiendo con la resolución inicial del 2020 que ventiló el juez federal Marcelo Garnica, quien sentenció en su momento que no se trató de un secuestro extorsivo.
“Qué hemos hecho tres años con esta familia acá, entera, detenida”, se preguntó el abogado ante las partes, quien pidió que el tribunal declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
Básicamente, Pérez Videla direccionó su alegato para concluir en que la causa debería haber estado bajo la órbita de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, de turno a fines de julio del 2020.
Para el abogado, quien explicó que Barrera se había hecho cargo de la muerte de Aliaga, no se trató de un secuestro extorsivo y cuestionó otras calificaciones que le endilgó el fiscal federal Fernando Alcaraz, quien instruyó la causa desde el primer momento.
“Es muy grave que en tres años no haya uno de los elementos que realmente configuren la competencia federal”, expresó el defensor oficial, mirando al tribunal.
Los alegatos de las defensas continuarán el martes 3 de octubre, ya que falta que argumenten su postura las abogadas de Sacolle y sus hijos, las hermanas Gemina y Anahí Venier, y la representante de Rosales, Gabriela Massad.
Una vez terminada esta instancia, el tribunal estará en condiciones de dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia.
Caso conmocionante
La reconstrucción del hecho revelado por este diario sostiene que Aliaga y Barrera pasaron juntos la noche del lunes 27 y la madrugada del martes 28 julio del 2020 en la vivienda del primero de ellos, en el barrio Palmares, en Godoy Cruz. Tenían pensado reunirse durante horas de la mañana en la propiedad de calle Bandera de los Andes.
Supuestamente, había una inspección municipal en el inmueble mientras avanzaban las obras para desarrollar en conjunto un centro de rehabilitación para chicos con discapacidades. A pesar de esto, creen que se trató de un engaño para que Aliaga llegara hasta el lugar para ser atacado.
En ese punto –sostuvo la investigación del fiscal Fernando Alcaraz y potenció la fiscal de Cámara María Gloria André– la víctima fue atacada con fines económicos. Consideran que Barrera buscaba que Aliaga firmaba algunos papeles de transferencias para quedarse con un domicilio en el coqueto barrio Dalvian y algunos vehículos de alta gama (Barrera dijo que esa casa y los autos ya los había comprado). Un perito caligráfico declaró en el juicio y confirmó esa teoría al señalar que los escritos de puño y letra de Aliaga en esos documentos los hizo bajo presión y miedo.
Aliaga desapareció y su hermano Gonzalo se dirigió a radicar la denuncia por averiguación de paradero a la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén. Minutos antes de las 13 recibió un llamado extorsivo: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde, que ya te vamos a llamar”, le dijeron, mientras radicaba la denuncia.
Esto provocó que el caso diera un giro de 180 grados. Pasó a la Justicia federal y comenzó a trabajarse como un secuestro extorsivo.
El 10 de setiembre, con la familia Barrera-Sacolle tras las rejas desde el 3 de agosto y luego de la confesión como arrepentido de Yamil Rosales, quien trabajaba para Solcito como chofer, los pesquisas de Investigaciones hallaron el cadáver de Aliaga enterrado en un descampado de Costa de Araujo.