El juicio oral estaba a punto de comenzar y la historia parecía cerrada. Dos imputados, una serie de ataques armados y víctimas que habían sobrevivido de milagro. Pero una muerte que no figuraba en el expediente irrumpió en la sala y obligó a reescribir todo.
Este lunes por la mañana, en una de las salas del Polo Judicial, Nicolás Leonel Donoso Castro y Jorge Gonzalo Alfaro Pérez debían empezar a ser juzgados por una seguidilla de intentos de homicidio ocurridos durante 2023 en el complejo La Favorita del oeste de Capital. La acusación, sostenida por la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, los ubicaba como protagonistas de ataques armados con una mecánica repetida: llegar armados, amenazar, disparar y, si la víctima sobrevivía, insistir hasta lograr el objetivo.
Sin embargo, antes de que el debate tomara forma, el escenario cambió. La madre de una de las víctimas, Nelson Raúl Ariel González Santibañez, quien tenía 20 años al momento de resultar herido, expuso un dato que no estaba incorporado en la causa: su hijo había muerto el 27 de febrero del año pasado. Y, según sostuvo, ese desenlace estaba directamente vinculado con los disparos que había recibido antes.
La revelación impactó de lleno en un expediente que llevaba más de un año cerrado en su etapa de instrucción. Hasta ese momento, González Santibáñez era el joven que había logrado sobrevivir al ataque del 12 de agosto de 2023, aunque con consecuencias extremas, debido a que nunca había logrado sobreponerse y pasó mucho tiempo internado, tal como contó su mamá a este diario.
Aquella madrugada, cerca de la 1.30, fue sorprendido en el barrio Nueva Generación de La Favorita. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Donoso Castro extrajo una pistola calibre 9 milímetros y efectuó múltiples disparos. Los proyectiles impactaron en la espalda del joven y uno rozó su cabeza.
El cuadro médico fue crítico desde el primer momento. Hemoneumotórax, fracturas múltiples y lesiones neurológicas severas. Logró mantenerse con vida, pero quedó cuadripléjico. Desde entonces, su historia había quedado congelada en la causa como la de una víctima de intento de homicidio, como reveló El Sol.
La intervención este lunes de la madre modificó el futuro del caso. La fiscal Ríos planteó ante las partes la necesidad de incorporar la historia clínica completa del joven para determinar si existe un nexo causal entre las heridas sufridas en aquel ataque y su fallecimiento.
La definición no es menor: de confirmarse esa relación, el expediente podría cambiar de calificación y pasar de intento a un homicidio consumado, lo que incluso habilitaría la posibilidad de un juicio por jurado.
Pero el proceso ya estaba en otra instancia. El requerimiento de elevación a juicio había sido presentado hacía más de un año, cuando González Santibáñez aún estaba con vida. Frente a esa situación, los jueces Carolina Colucci, Mateo Bermejo y Mónica Romero, dispusieron que el expediente vuelva a la Unidad Fiscal para analizar este nuevo elemento.
Ese movimiento abrió una discusión técnica que ahora deberá resolverse. Desde el Ministerio Público se impulsó una aclaratoria y será el mismo tribunal el que defina en los próximos días cómo continúa el proceso: si corresponde modificar la acusación, si se suspende el inicio del debate o si se avanza bajo otra figura mientras se incorporan las nuevas pruebas, orientadas más a la história clínica.
Detrás de esa tensión judicial, aparece la trama que la fiscalía buscaba exponer en el juicio. Según la acusación, Donoso Castro y Alfaro Pérez actuaban en conjunto, alternando roles, pero con un mismo objetivo.
El primer episodio que se iba a debatir ocurrió el 9 de enero de 2023, a las 18, en la plaza Aliar del complejo La Favorita. Tres jóvenes estaban en el lugar cuando un Fiat Palio rojo irrumpió en la escena.
La reconstrucción indica que Donoso Castro conducía el vehículo, mientras que Alfaro Pérez sacó medio cuerpo por la ventanilla y comenzó a disparar. Los tiros estaban dirigidos a uno de los presentes, al que además le gritó: “Te vamos a matar”. La reacción de la víctima, que corrió, evitó un desenlace fatal.
Pero el ataque no terminó allí. Quince minutos después, los mismos hombres regresaron, esta vez en una moto Yamaha. Fueron hasta la casa del joven, en el barrio Andino. Allí, según los testimonios, repitieron la secuencia: amenazas y disparos. La víctima recibió impactos en la espalda que le provocaron lesiones pulmonares y fracturas costales. Otro joven también resultó herido, con dos balazos en la pierna que derivaron en una fractura expuesta.
Para los investigadores, ese doble ataque marcó un patrón. No se trataba de un hecho aislado, sino de una acción sostenida, con insistencia y con una clara intención homicida. Mientras la pesquisa avanzaba y se reunían pruebas -testimonios, pericias balísticas y reconstrucciones de los movimientos-, los sospechosos dejaron de frecuentar sus lugares habituales. Ya estaban bajo la lupa.
Los tiroteos que expusieron el accionar de dos hombres considerados peligrosos
Este lunes por la mañana, en una de las salas del Polo Judicial, comenzará a reconstruirse una historia marcada por disparos, persecuciones y víctimas que sobrevivieron de milagro. La fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos llevará adelante una acusación contra dos…
Sin embargo, meses después, cuando sobre ambos pesaba un pedido de captura, volvieron a actuar. El ataque del 12 de agosto, el que tuvo como víctima a González Santibáñez, terminó de consolidar ese perfil para los investigadores: incluso prófugos, seguían operando con la misma lógica violenta.
La búsqueda se extendió durante meses, hasta que a fines de 2023 ambos fueron detenidos por efectivos de Homicidios de Investigaciones. Con los elementos reunidos, la Justicia les dictó la prisión preventiva y fijó el inicio del juicio para este lunes, con audiencias previstas durante toda la semana.
Pero la muerte de González Santibáñez, conocida recién esta jornada en el ámbito judicial, alteró ese calendario. Lo que iba a ser un juicio por intentos de homicidio quedó en suspenso, atravesado por la posibilidad de un cambio de calificación que podría agravar la situación de los imputados.