La Justicia federal imputó formalmente a cuatro internos del Complejo Penitenciario Almafuerte y a la hermana de uno de ellos por integrar una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en el interior del penal ubicado en Cacheuta, en Luján de Cuyo.
La acusación está basada en una investigación que destapó un entramado criminal que involucra tanto a un sector de la población carcelaria como a integrantes del Servicio Penitenciario (SP), quienes facilitaban el ingreso y comercialización de drogas dentro del complejo a cambio de importantes sumas de dinero.
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El secuestro de más de 3,5 kilos de marihuana en un gallinero específico de un pabellón más la detención de un guardiacárcel a principios de diciembre fueron hechos determinantes para que la fiscal federal Eugenia Abihaggle avanzara con la imputación de los presos, sumando al penitenciario Renzo Sebastián Rojas, quien ya había sido acusado a fines del año pasado y recibió el beneficio de la detención domiciliaria hace poco más de una semana.
Los acusados fueron Pedro Esteban Morales Anisco, conocido como “Peter” y señalado como “pluma” o líder del módulo 4.1 y condenado por asesinato; Juan Cruz Arregui, de 26 años y purgando también 12 años por el homicidio de Esteban Cruzate en el barrio Constitución de San Rafael en el 2018; Ángel Kevin Maximiliano Fernández, de 24 años, con una condena de 14 años por el homicidio agravado de Brian Soria a principios del 2021 en el parque Canota de Maipú; Marcelo Agüero Declaux y su hermana, Yamila Agüero, señalada como acopiadora de la sustancia, describieron fuentes del caso.
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Morales Anisco, quien está señalado como un reo que ejerce control económico y logístico sobre el módulo 4.1, habría coordinado la llegada de estupefacientes con la complicidad del penitenciario. A su vez, los otros internos también tenían contacto con Rojas para el ingreso de las sustancias, se desprende de los peritajes que hicieron en el teléfono celular.
Justamente, el caso que detonó la investigación fue la detención el pasado 19 de diciembre de Rojas, suboficial auxiliar de Seguridad Interna con 15 años de servicio en el penal, quien fue sorprendido intentando ingresar casi 300 gramos de cocaína, 788 gramos de marihuana y medio millón de pesos en efectivo.
Rojas, asignado a uno de los módulos más conflictivos, fue detectado luego de mostrar un comportamiento sospechoso y resistirse a la revisión de rutina en el ingreso. La marihuana la tenía oculta en su vehículo y estaba acondicionada en formas específicas tal como requerían los internos.
La fiscalía federal ordenó el secuestro del teléfono celular de Rojas, que fue sometido a peritajes en la Policía contra el Narcotráfico (PCN). Los análisis revelaron comunicaciones con varios internos, entre ellos los imputados, donde se evidenciaba la recepción de pagos a cambio del ingreso ilícito de sustancias prohibidas y otros elementos.
La investigación confirmó en esta etapa que Morales Anisco utilizaba sus contactos en la calle para conseguir droga y dependía del apoyo de Rojas para introducirla en el penal, configurando de esta forma una cadena logística organizada.
El operativo se sumó a un hallazgo previo realizado en el módulo 4.1 a principios de diciembre, conocido como el “pabellón VIP”, donde en un gallinero fueron encontrados enterrados más de 3,5 kilogramos de marihuana y dosis de cocaína en un desagüe.
Esta detección había encendido las alarmas sobre la sofisticación y alcance de la red criminal dentro del penal. Cuando los casos estallaron, revelados por El Sol, se ordenaron requisas e incautaron objetos autorizados que indicaban privilegios, como un televisor de 65 pulgadas, consolas PlayStation, una máquina de copos de algodón y diversos instrumentos musicales, lo que puso en evidencia un manejo diferenciado de recursos dentro del módulo y la sospecha de connivencia penitenciaria.
El análisis de la investigación judicial sugirió que la organización no solo operaba dentro de la cárcel lujanina, sino que tenía conexiones externas con una banda narco con base en Guaymallén que oficiaban de nexo con algunos familiares.
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Por lo que explicaron las fuentes, se trataba de una estructura que articulaba el tráfico de estupefacientes dentro y fuera del penal, utilizando cuentas virtuales para mover grandes sumas de dinero, dificultando así el seguimiento financiero.
La fiscal Abihaggle imputó a los investigados por delitos contemplados en la Ley 23.737, destacando la organización o financiamiento de actividades ilícitas vinculadas con la tenencia, comercio y distribución de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas y por la comisión de los hechos dentro de un establecimiento penitenciario.
Durante la audiencia, realizada este lunes vía Zoom, ninguno de los imputados hizo uso de la palabra y prefirió no declarar. Por lo que detallaron las fuentes, la causa continúa abierta y no descartaban nuevas imputaciones ni la detección de otros implicados, tanto internos como externos.
Importante secuestro de marihuana en un gallinero de la cárcel de Almafuerte
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