El Tribunal Colegiado Penal N°1, integrado por María Belén Renna, María Belén Salido y Rafael Escot, absolvió este viernes a Franco Ángel Cortéz Parodi, ex empleado de la Municipal de Las Heras que había sido detenido por presunto abuso sexual en un centro comunitario de El Plumerillo. Cortéz estuvo con prisión domiciliaria dos años y medio.
El caso, investigado bajo la carátula de abuso sexual agravado con acceso carnal, habría tenido lugar el 8 de julio de 2020 durante una actividad organizada por el municipio. Sin embargo, se comprobó en el proceso que el joven acusado nada tuvo que ver con el hecho.
La denunciante, una trabajadora de la comuna -de 24 años al momento del hecho-, aseguró que el episodio ocurrió en un baño del Centro de Integración Comunitario (CIC) El Plumerillo, en Las Heras. De acuerdo con su testimonio, el presunto agresor la habría encerrado en el lugar y luego la habría besado y penetrado. La joven relató que, tras oponerse al ataque, el acusado se habría masturbado frente a ella. Además, que habría cerrado con llave el lugar.
Cortez había sido imputado en junio de 2023 y posteriormente detenido en septiembre, tras la decisión del fiscal Martín Lucero. Todo bajo un contexto de tensión política en la Municipalidad de Las Heras, cuando comenzaron las investigaciones en contra del exintendente Daniel Orozco y la exsecretaria de Gobierno -y su pareja- Janina Ortiz.
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Casi tres años después, la Justicia resolvió absolver a Franco Cortéz, quien -tras ser aprehendido en la calle Arístides Villanueva de la Capital- permaneció pocos días alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, aunque después se le otorgó prisión domiciliaria y continuó privado de su libertad en una vivienda en Godoy Cruz.
El juicio comenzó hace un mes, donde su defensa se encargó de argumentar los elementos de prueba presentados. La Fiscalía, por su parte, no sostuvo la acusación.
En diálogo con El Sol, el equipo jurídico conformado por Lucas Colucci y Paula Castillo explicó que durante el debate se descubrió que el relato de la denunciante “no había sido persistente” y que cuestiones centrales “no eran como lo había declarado ella”. Por ejemplo, “se acreditó que nunca la encerró con llave en un baño porque no había forma mecánica para que fuera así.”
El equipo legal de Cortéz manifestó que el hecho ocurrió en el 2020 y ella denunció en julio del 2023. Entonces, “la inspección ocular no era certera”. Los abogados de Cortéz pudieron acreditar que no había cierre en la puerta recién durante el debate.
Los abogados también presentaron un audio de la denunciante y una amiga suya “para poder tener acompañamiento político y capitalizar la información antes de las elecciones PASO de 2023”, cuando la relación entre la provincia y el municipio estaba en en su peor momento. “Se incorporó un audio donde una escribana las grabó explicando la negociación del audio. También se consiguió un testigo de identidad reservada que presenció la diagramación del plan”, sumaron.
En tanto que Colucci y Castillo pusieron peritos para realizar testeos psicológicos a la denunciante, lo cuales habrían presentado indicadores a favor de Cortéz.
Por último, la denunciante había dicho que Cortéz era su jefe y “los peritos determinaron que no había una relación de subordinación”.
