Apenas aparecieron las primeras dudas planteadas con un poco más de fuerza que las que ya existían en torno a la posibilidad de que Portezuelo del Viento (PDV) no termine concretándose por un posible laudo negativo de la Presidencia de la Nación fue notable cómo florecieron, con el mismo vértigo, las pulseadas y tironeos entre los sectores económicos que siempre se opusieron a su construcción. A todo eso ahora le suman, con sus referentes al frente y sobre la base de supuestos estudios en apariencia altamente calificados, que los dólares que se están acumulando deben destinarse a tal o cual obra determinada o a un grupo de ellas, todas estrechamente vinculadas con los intereses y negocios que se defienden, como corresponde.

¿Está mal el lobby que en verdad ha surgido en una danza demoníaca y desesperada alrededor de los millones de dólares reservados para PDV? En absoluto. ¿Quién puede levantar la voz contra los movimientos del agro, la vitivinicultura, la minería, la horticultura, el turismo, la metalmecánica y tantos otros cuando exigen medidas o disposiciones específicas por parte del Estado que los beneficie en su actividad? Otra vez, la respuesta es la misma: nadie, porque todos tienen su derecho y la posibilidad de ejercerlo con el ímpetu que decidan y en los tiempos que prefieran.

En general, el agro, la vitivinicultura y, en los últimos años, debido a su notable auge, se pudo haber sumado a ese lote el turismo, se han opuesto sistemáticamente a los emprendimientos mineros a gran escala con argumentos medioambientales, los que, parece, prendieron fuertemente en buena parte del resto de la sociedad ajena a sus negocios y actividades. El agua, su uso y protección en una crisis evidente ha estado envuelta siempre en tal discusión de fondo.

Pero PDV se ha constituido en un punto de inflexión, en un mojón imposible de ignorar cuando los grupos económicos de la agroindustria y la vitivinicultura, que han estado alineados a las manifestaciones antimineras y a la vez defensoras a ultranza del agua, hoy no defienden la obra del siglo proyectada en Malargüe. Es más, se han opuesto con vehemencia a la misma. Lo hacen con un menú de argumentaciones, quizás la más visible sea aquella que aduce que se debiese prestar más atención a la toma de cuota de agua que le corresponde a Mendoza acordada dentro del Coirco por medio del trasvase del río Grande al Atuel.

A la ola reenergizada de opiniones en contra de PDV se podrían sumar otros sectores que se preparan para sacar provecho de lo que puedan de esos recursos, en total, más de 1.000 millones de dólares, para mejorar y potenciar negocios ajenos a la generación de energía (el aporte más importante y trascendente que tendrá para cumplir PDV) y también a los del agro, la agroindustria y el vino. Se trata de los vinculados con los emprendimientos inmobiliarios con grandes jugadores que se preparan para mover sus fichas. Sus objetivos, para cumplirse satisfactoriamente, necesitan de buenas tierras y, sobre todo, de factibilidad de agua potable. Todo lo que hoy no tienen, porque las extensiones de tierra que están utilizando y que les fueron ganadas a los mantos cultivados se están terminando.

Corriendo al lado de todo este mar de operaciones y fuerzas de lobby está la política que usa y mezcla, a su vez, la argumentación técnica a favor y en contra de la obra. Ayer, en medio de un nuevo roce político por el destrato institucional que el Gobierno de Mendoza denunció haber sufrido en San Juan durante la visita del presidente Alberto Fernández, a un acto en donde no se le habría dado el lugar merecido al representante de la Provincia, el vicegobernador Mario Abed, la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti insistió en que si PDV tiene problemas en su avance es por la falta de gestión del Gobierno. Cargó contra el gobernador Rodolfo Suarez y su par Alfredo Cornejo. Reclamó menos show y más acción y les exigió en un posteo en Twitter que “terminen los trámites”. ¿A qué trámites en particular se refiere la senadora? Ante la consulta que se le elevó para aclarar el punto, se dijo escuetamente que no haría más declaraciones que aquellas en la red social.

¿Les estará apuntando, con esa falta de “trámites”, o de trámites inconclusos, quizás a los mayores estudios de impacto ambiental que ha reclamado la provincia de La Pampa sobre la presa? Se entiende que no es buen momento para el perokirchnerismo en Mendoza. El Gobierno nacional no ayuda en nada en la lucha que está llevando el peronismo desde hace años por reconquistar el poder o los espacios de poder que detentó en el pasado reciente. A la aversión por el kirchnerismo que han manifestado tener los mendocinos en su mayoría, se le agrega el trato discriminatorio de Fernández que se manifiesta en el reparto de fondos no automáticos, en lo que sucedió en San Juan y en las trabas que permitió que surgieran sobre PDV al momento de asumir la presidencia, cuando todo ya estaba encaminado y resuelto.

La incomodidad del kirchnerismo mendocino es visible. Fernández Sagasti ha ratificado estar de acuerdo con la construcción de la presa. Pero, en su momento, defendió la idea de hacer sólo el trasvase o bien una presa más chica y, ahora, cuando para Mendoza está todo terminado, le pide al Gobierno del que es oposición que termine los trámites. La administración provincial dice estar en condiciones de adjudicar la obra a la UTE Malal-Hue, de la que forma parte IMPSA. Pero, Suarez ha dicho que no lo hará si el presidente no la garantiza con un laudo a favor. ¿Y qué es lo que tiene que decidir Fernández? El pedido es para que ratifique el proceso tal como está, o si le da la razón a La Pampa, que lo traba, exigiendo más estudios ambientales. Esos estudios, de volver a realizarse o para revisarse lo que está hecho, demandarían uno, dos o tres años. Un mayor tiempo que en Mendoza no se aceptaría ni que tampoco se toleraría.

El martes, Emilio Guiñazú, quien fuera el responsable de la minería y energía en la provincia durante los últimos años y que hoy se encuentra al frente del proyecto provincial de Potasio Río Colorado, en Malargüe, pareció poner el dedo en la llaga en torno a PDV cuando en su cuenta de Facebook planteó: “¿Qué nos pasa a los mendocinos que vivimos empantanados en discusiones que a lo único que nos llevan es a la parálisis? ¡El recurso más valioso que tenemos no es el agua, es el tiempo! Tiempo en el cual las obras no se hacen, los capitales se diluyen en gastos improductivos, la gente sigue sin trabajo, la provincia sigue sin progresar y nuestros jóvenes se van buscando oportunidades en otro lado”.