El Consejo de la Magistratura de la provincia quedó finalmente conformado este martes con la asunción de Julio Gómez como presidente, después de un año de acefalía. El miembro de la Suprema Corte representará al tribunal y será acompañado por su par Norma Llatser como suplente.

Con su jura, Gómez cortó un más de un año sin presidencia en el cuerpo y con su asunción ahora deben continuar avanzando las instancias de concursos. Este jueves, Mendoza fue sede de un encuentro federal de Consejos de la Magistratura de las distintas jurisdicciones del país y con motivo de este evento, Gómez reconoció el trabajo que queda por delante.

“El Consejo de la Magistratura tiene gran cantidad de concursos en trámite y, sobre todo, respecto a mis anteriores experiencias dentro del Consejo de la Magistratura, lo que he podido verificar es el gran número de aspirantes“, señaló.

Cómo funciona el sistema y cuántos postulantes a magistrados tiene la Justicia

El sistema de acceso en este momento incluye una instancia de llamado a concurso (tanto ordinario como extraordinario) en el que los aspirantes se inscriben dentro del plazo previsto y se habilita una instancia de admisión en la que el Consejo se expide a los diez días.

Los admitidos pasan a la instancia de examen con casos prácticos (escritos y orales), individual y presencial. Estos exámenes son específicos sea para Civil, Familia, Laboral, Penal y Penal de Menores para garantizar la idoneidad en cada materia.

El concurso de aspirantes debe hacerse anualmente (más allá de los llamados extraordinarios) y quienes logren pasar las instancias de evaluación pasan a integrar la lista de postulantes para cada fuero e instancia. La validez del puntaje obtenido en las evaluación es solo de 3 años.

Ellos son los que ocupan las vacantes cuando se generan. Pero los postulantes también deben pasar por una instancia de concurso en la que hay una inscripción, admisión y luego una evaluación psicolaboral donde se hacen estudios psicofísicos y análisis de los antecedentes laborales y académicos. A partir de allí se realizan entrevistas y se confeccionan las ternas. La evaluación final se conforma por un 50% del índice que surge de este análisis de antecedentes que fija el reglamento del Consejo y otro 50% por el criterio discrecional de cada uno de los miembros respecto a su mérito. Los elegidos se remiten al poder Ejecutivo. Hubo 10 propuestas remitidas en lo que va del año según el sistema público de información de la Justicia. También 7 convocatorias de postulantes.

Estos postulantes en Mendoza son 124, en las distintas materias. Hay 36 en Penal, 16 en Penal de Menores, 65 en Civil, 4 en Familia y 3 en Laboral. Los vencimientos de los plazos de estos postulantes van desde julio de este año hasta 2028 para el caso de los que fueron admitidos en concursos extraordinarios este año.

En relación a los aspirantes, este año ya avanzó el proceso. Las inscripciones se produjeron desde el 2 al 11 de febrero, mientras que el examen escrito fue el 12 de marzo y el oral el 19 de marzo.

El Consejo de la Magistratura de Mendoza está compuesto por 7 personas: un representante de la Suprema Corte (Gómez y Llatser como suplente), uno del Ejecutivo, un representante de la Asociación de Magistrados (Alfredo Dantiacq Sánchez), dos del Colegio de Abogados (Pablo Teixidor y Adrián Atencio) y dos diputados (César Cattáneo y Germán Gómez).

Descartaron cambios y rechazan críticas sobre “criterios políticos”

Los dos integrantes del Poder Ejecutivo a este cuerpo son el flamante subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff (quien reemplazó a Marcelo D’Agostino) como miembro titular y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, como suplente. Ambos participaron del mismo foro y destacaron el funcionamiento del Consejo, descartaron modificaciones y rechazaron críticas sobre una presunta influencia política en las designaciones.

Sucede que el miembro de la Suprema Corte de Mendoza, José Valerio, se manifestó en contra del reglamento del Consejo y había llamado a no designar un presidente hasta tanto no se corrijan esos defectos del funcionamiento. Su crítica se centra en los criterios de discrecionalidad que habilita el sistema de puntajes y la extensión de los cargos.

“En Mendoza se modificaron hace un tiempo los criterios de evaluación, que tienen varias instancias. Son anónimos en las primeras y después hay una entrevista personal con los miembros del Consejo. Cada provincia tiene su sistema pero si preguntan en los distintos Consejos que están representados en este foro van a ver que son sistemas muy parecidos, con representación oficial, con leyes que reglamentan“, señaló Rus.

En ese sentido, descartaron cambios en el reglamento. “Viene funcionando bien, con mucha institucionalidad. Destacamos la integración nuevamente de la Corte. Hay una convivencia entre los poderes que representan ese Consejo y también con la Academia, porque las comisiones evaluadoras están integradas por académicos y por miembros de la Universidad“, sentenció Rus.