Un candidato a la Presidencia, cuestionado hasta más no poder por, supuestamente, ofrecer las candidaturas de su espacio a cambio de varios miles de dólares; y el candidato del oficialismo, como ministro de Economía de la Nación, anunciando créditos de 400.000 pesos para jubilados a baja tasa y a largo plazo, se han constituido en los hechos más sobresalientes de una campaña electoral por la Presidencia en un país que, ante tales ejemplos de ruina política, parece deambular a ciegas sin encontrar su destino, desde varios años a esta parte.

Todo el arco político, incluido el oficialismo nacional, no dudó en castigar a Javier Milei una vez que se conocieran los primeros indicios de que podría estar ofreciendo candidaturas de su espacio a legisladores nacionales y provinciales a cambio de dinero. La Justicia está en el asunto, indagando la comisión de un delito o no. El libertario, ante las evidencias, ha dicho que, como no tienen fondos para financiar la campaña, cada uno de sus candidatos debe aportar “de la suya” para pagar cartelería, viajes, vía pública, boletas, folletos, escenarios, logística, encuestas, creativos, analistas, fiscales y demás.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, como candidato a suceder a Alberto Fernández, como el mayor estandarte del kirchnerismo a nivel nacional y esperanza y quien más garantía le estaría dando para mantenerse en el poder, no sólo participa en su doble rol en actos de inauguración de obras como la del reciente gasoducto en Salliqueló; de entrega de viviendas costeadas con los recursos nacionales, o cualquier tipo de anuncio de emprendimiento tal, vinculado con la infraestructura nacional en diferentes puntos del país; ahora le ha adosado otro plan “platita” pero, en este caso, bajo la figura de créditos destinados a millones de jubilados quienes, a duras penas, pueden mantener en condiciones de supervivencia con ingresos que oscilan entre 60.000 y 70.000 pesos mensuales.

Está claro que, en algún momento, todo el andamiaje de normas que regulan el funcionamiento de una elección general, en particular para quienes son candidatos desde el Gobierno, deberá ser puesto en revisión. Y vale también para los candidatos nacionales, provinciales y municipales cuando defienden los colores del gobierno del que son parte. Desde ya, tiene que ser un motivo de análisis para más adelante, por supuesto.

Pero los casos de Milei, desde la oposición, como el de Massa, del Gobierno, estarían mereciendo un tipo de discusión particular. Lo que ocurre alrededor del libertario hizo explotar una situación que, de hecho, se da desde tiempos, bien se podría decir, inmemoriales. ¿Acaso el poder y el sector económico, empresarios grandes, medianos y pequeños, no hacen sus aportes a sus candidatos de preferencia, o a todos, como suelen hacer quienes deciden colocar los huevos a disposición en varias canastas? ¿Acaso esa práctica no se ha extendido de diferentes maneras y formas e, incluso, para algunos de los aportantes bajo amenazas extorsivas, muchas veces? Una discusión muchas veces agitada interesadamente y un tanto inútil porque, al final del proceso, todo tendría que estar bajo revisión de los propios organismos de control que, por ley, les ordenan a los partidos informar sus fuentes de financiamiento.

Y así como también está de alguna manera regulado el camino por el que debe transitar la propia campaña, con algunas obligaciones para los gobiernos, que deben ser cumplidas unos meses antes del acto electoral, el caso que protagoniza Massa y que lo tiene como estrella única, no tendría que ser pasado por alto, ni menos naturalizarse, como está ocurriendo con demasiados hechos de la política.

Una estafa, lisa y llanamente. Una más. Y que se festeja en no pocos sectores de la sociedad. Se lo interpreta, a su vez, como una reivindicación, como un acto de justicia sobre millones de argentinos sobre los que no se ha hecho lo suficiente para que mejoren estructuralmente su situación. Además, esos 50.000 millones de pesos que insumirá el operativo del crédito harán presión, una más (y van) sobre el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el que en la patria inflacionaria en la que se mueve la administración se ha convertido en un barril sin fondo, hipotecando un poquito más el futuro de los millones de trabajadores activos que lo sostienen con sus aportes. Claro que, para el candidato, no hay nada de qué preocuparse y mucho que festejar porque, según sus palabras, se trata de una medida que busca “cuidar el mercado interno” y que lo que viene para adelante “es mucho mejor” pese a que “el contexto es difícil”.

Nadie le pide a Massa que decida con su bolsillo, sino que cuide el de los argentinos. Pero, además, no sería la primera vez que se tienta a los jubilados a enroscarse en préstamos que con el tiempo se convierten en impagables a medida que sus haberes se destrozan por los aumentos de precios de los alimentos y el de los medicamentos. Créditos que, por otro lado, son tomados por el universo de los jubilados para ser destinados, muchas veces, a sus propios hijos y parientes cercanos, tan o más necesitados como ellos por llegar a fin de mes y, para colmo, con trabajo, precario e informal, en gran medida.

La demagogia y el populismo se agudizan y exacerban durante las campañas electorales. Se ha visto y se ve. Nada bueno pude salir de un mecanismo y una práctica que suele pasar desapercibida y hasta naturalizada cuando se detecta por eso que es necesario cumplir porque lo ordena el evangelio: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”. Nada que ver con aquello que otros miran y observan frente a una necesidad: reformar, modificar, cambiar para ganar en dignidad, autonomía, independencia y libertad.