La misión por Canadá, a la feria minera más importante del mundo, encarna para el gobierno de Rodolfo Suarez múltiples sensaciones y posibles resultados: en primer lugar, existe la posibilidad cierta de que surja de los encuentros previstos un serio interesado en invertir en la mina de sales de potasio de Malargüe, cuando menos, unos 200 millones de dólares para una etapa inicial; pero, a la vez, mientras la comitiva del gobernador se ilusiona con las posibilidades que puedan aparecer, de la misma manera crecen, en paralelo, las culpas de un gobierno que planifica la mayoría de sus movimientos sobre la base de los resultados de las encuestas y los sondeos de opinión.

En Canadá, donde ha comenzado a realizarse la feria de prospectores y desarrolladores mineros más importantes del mundo, se ha reunido este año el máximo interés detrás de las alternativas energéticas con vistas a las metas medioambientales que el mundo desarrollado se ha previsto cumplir y garantizar hacia el 2050, cuando las energías limpias comiencen a remplazar las convencionales por las limpias. Para la transición, el gas es uno de los productos base e imprescindibles. Le siguen el litio como elemento insustituible para las nuevas baterías, el níquel, el cobalto o el grafito, detrás del objetivo de mover a un mundo con emisiones cero de dióxido de carbono.

Pero, en ese contexto, la inesperada guerra en Europa oriental, con la invasión de Rusia a Ucrania, puso en alerta la provisión de alimentos de buena parte del mundo y, desde ya, del gas y petróleo que Rusia aporta a Europa. Ucrania es, a su vez, el tercer productor de granos a nivel mundial. La crisis energética y alimentaria amenaza con agravarse. En ese contexto, los países productores de alimentos se han visto obligados a incrementar su productividad y el potasio se ha revalorizado como fertilizante. Rusia y Bielorrusia concentran la mayor cantidad de producción de potasio a nivel mundial. Lo requieren China y Brasil, entre otros. Canadá, por su lado, le sigue en el potencial a Rusia. También en la producción y exportación. Por esas circunstancias, el valor del potasio a nivel internacional vuela. El yacimiento mendocino es una atracción, tanto, que entre siete y once compañías han manifestado su interés por invertir en Malargüe. El aporte inicial se ubica en unos 200 millones de dólares, pero, la escala podría aumentar en función de la demanda.

El Gobierno mendocino se ha mostrado prudente y ha evitado hacer olas alrededor de las expectativas, que son ciertas. Pero, en verdad, existe una actitud culposa en torno al viaje y a la explotación minera, incomprensible para muchos. El viaje de Suarez se ha realizado mirando, con un ojo, las inversiones que podrían llegar a Mendoza en pocos meses, lo que alimenta efectivamente el sueño de reactivar un yacimiento y un grupo de instalaciones logísticas clave, no sólo para la producción de potasio, sino también para la de hidrocarburos, y, con otro, las consecuencias en la imagen del Gobierno frente a la efervescencia en contra de la minería que enciende y alborota el medioambientalismo movido por la intencionalidad política.

Uno de los aspectos por el que se ha interesado en dejar en claro la misión oficial es que va a buscar inversores para un yacimiento minero que está dentro de las condiciones de la 7.722, la ley antiminera. Se ha repetido, en algunos círculos, como si hiciera falta. Es una obviedad que con la explotación del potasio en Malargüe se está dentro de lo que exige la ley. Además, se le encontró una solución a las montañas de sales que producía, lo que se transformaba en una preocupación ambiental ante el constante embate de los vientos. Y sobre lo que manda la ley a cumplir, el yacimiento cuenta con todas las autorizaciones requeridas.

Suarez se sumó a la gira teniendo en cuenta la repercusión por todo lo que subyace a los movimientos mineros en Mendoza. Es cierto que todo lo que explica la reacción, supuestamente en contra, en Mendoza hacia la minería tiene que ver con las malas praxis en las provincias productoras de minerales y con las dudas, claramente, que ha demostrado tener la política alrededor del problema.

El último dato oficial con el que el Gobierno cuenta respecto de la opinión de la ciudadanía en torno a la minería es de comienzos de año. En ese momento, la consultora en la que confía el gobernador, la de Martha Reale, daba cuenta de que la explotación de la minería metalífera o a cielo abierto en Malargüe repartía 50 por ciento de adhesiones hacia el sí y otro porcentaje similar hacia el no. Ese dato todavía da vueltas y parece estar muy presente en la cabeza del gobernador. Un mandatario que sabe que de aquí hacia el final de su gestión sólo tiene que ocuparse de crear las condiciones para que la economía se ponga de pie y origine o produzca lo que se le está pidiendo: trabajo, generación de riqueza y oportunidades.