Si bien fue presentada este viernes, la denuncia contra el ahora exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, se redactó varios días antes de que el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, diera el severo discurso enfrentando a la prensa en la apertura del Año Judicial; un acto en que, paradójicamente, los jueces no fueron protagonistas. Aun así, la presentación contra D’Agostino se convirtió de algún modo en la respuesta al desafío que el titular del máximo tribunal propuso.
Garay exhortó a que los medios digan con nombre y apellido los casos en que la política mete la cola en la Justicia. Algo así como “quien esté libre de pecado…”. Y la denuncia a D’Agostino le devolvió una ripiera.
La acusación que ingresó a la Fiscalía de Violencia de Género tiene 40 páginas y va acompañada por un compendio de material probatorio que, en principio, además de los hechos denunciados, como maltratos físicos, psicológicos y abuso sexual, muestra la relación promiscua entre poderes del Estado que no deberían compartir alcoba. Cuando eso ocurre, nada sale bien. O hay despecho o hay sometimiento. Pero amor, nunca.
El rol de la fiscal Valeria Bottini será acreditar cada uno de los hechos descritos. Y, a partir de allí, imputar o no al ex funcionario que, según consta en la denuncia, se jactaba de ser un “intocable” y que ninguna autoridad judicial se animaría a actuar en su contra.
“Ya he metido tantos jueces y fiscales y todos me responden a mí; imaginate si vuelvo a la abogacía, me hago millones, no perdería ni un solo caso”, se lee en el texto presentado por la abogada Elena Quintero, en representación de quien fue la pareja de D’Agostino entre 2021 y 2024.
Según la denunciante, la influencia del exsubsecretario de Justicia era tal que varios abogados se negaron a representarla por temor a represalias profesionales y consecuencias sobre sus matrículas.
También señaló que mujeres funcionarias de áreas de género le habrían sugerido no avanzar porque “sería peor para ella” debido al poder del denunciado.
D’Agostino renunció apenas horas después de conocerse que la denuncia se había formalizado. Dijo que lo hacía para “garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia”. Eso no logró calmar al círculo rojo; sobre todo, por la cantidad de información que puede existir más allá de la denuncia tras una relación de pareja de más de tres años.
La Procuración, a cargo de Alejandro Gullé, sacó un tibio comunicado, casi para cumplir, sobre las disposiciones que se estaban tramitando para darle curso a la denuncia. Una de las primeras medidas fue dar con el arma que, según la presunta víctima, fue utilizada en más de una ocasión para coaccionarla. Es una pistola Bersa calibre 9 milímetros que fue entregada de manera voluntaria por D’Agostino a los investigadores, a quienes les llamó la atención la existencia de proyectiles con punta hueca.
La causa está bajo secreto de sumario y el acceso al expediente totalmente bloqueado; algo que ocurre cuando son casos de alto perfil. Un ejemplo más de que la Justicia no mide siempre con la misma vara.
Exhortar, incitar, invitar
Garay exhortó, incitó, invitó a los periodistas a dar casos concretos. No contaba ni imaginaba la existencia y el tenor de la denuncia que estaba por revolucionar el andamiaje político y judicial de la gestión de Alfredo Cornejo.
D’Agostino era una pieza clave. Más allá de su rol específico, era un lobbista nato. Como tal, presumir de sus contactos, de sus influencias y de las consecuencias de negarse a sus pedidos, era parte del libreto.
No actuaba solo. Uno de sus adláteres era Sebastián Soneira, actual fiscal adjunto Civil y candidato a convertirse en el miembro de la Cámara Federal de Mendoza luego de que Javier Milei enviara su pliego al Senado de la Nación.
Ambos son parte del grupo conocido como “Los cuatro fantásticos”. D, S, B y T, por las siglas de sus apellidos; una selección de operadores judiciales que, además, incluye a un juez y a un abogado que suele volar bajo la línea de radar.
Soneira fue titular durante años de la Dirección de Personas Jurídicas, y estuvo involucrado en una serie de acusaciones cruzadas sobre desmanejos en el Consejo de la Magistratura para beneficiar o perjudicar a candidatos a ocupar puestos vacantes en la justicia mendocina.
El desmanejo del Consejo de la Magistratura es, quizá, el ejemplo cabal de lo que Garay no quiere ver. El organismo de evaluación y selección de aspirantes a magistrados está acéfalo hace tiempo. Desde que se venció el plazo de Teresa Day como presidenta, la Corte no se ha puesto de acuerdo para determinar quién ocupará ese lugar.
La naturaleza del Consejo se desvirtuó. De generarse una controversia por los pésimos resultados en algunos exámenes a -como reflejó una “charlita de café” publicada en noviembre del año pasado por El Sol– calificaciones que no hubiese obtenido ni el mismísimo Juan Bautista Alberdi.
De allí salió un pliego votado y aprobado recientemente por el Senado. De allí, también, salió un nuevo romance en formato “touch&go”. No se trata de entrometerse en la vida privada de funcionarios y magistrados. Es determinar si, en todo caso, termina siendo un requisito para llegar a ocupar un lugar en la Justicia. O, peor aún, un obstáculo para que algunas causas avancen, o el temor de jueces y fiscales de ver sus carreras truncadas.
Nadie sabe explicar, por caso, por qué hace unas semanas una persona estuvo presa de manera ilegal. Independientemente de los antecedentes del fulano, esta vez le imputaron un hecho que sólo contempla una pena de multa. Sin embargo, fue privado de la libertad por varios días. Al fiscal no le llamaron la atención; la jueza que intervino apenas resolvió la situación procesal y la defensora oficial se limitó a pedir la liberación. Nada más.
En una entrevista reciente a Aída Kemelmajer de Carlucci por los 50 años del golpe militar, la jurista habló sobre cómo había sido el rearmado de la justicia local tras la recuperación democrática. Destacó –por encima incluso de Santiago Felipe Llaver- el rol que en 1987 tuvo José Octavio Bordón con la creación del Consejo de la Magistratura. Unos días más tarde, en una cena absolutamente informal y mientras bebía una cerveza sin alcohol, el ex gobernador recordó con añoranza ese momento. Recordó que todavía tenía la banda de gobernador puesta cuando firmó aquel decreto. “Fue lo primero que hice apenas asumí”, reconoció. Buscaba evitar por todos los medios la contaminación de la endogamia judicial. Y creó ese organismo para garantizar calidad institucional y, especialmente, una independencia absoluta del poder político.